Adiós a la subvención: Entre el alivio fiscal y el riesgo inflacionario
Experiencias regionales muestran que, sin reformas orientadas a fortalecer la generación de divisas y recuperar la confianza, los ajustes fiscales y las compensaciones sociales solo ganan tiempo, pero no solucionan la crisis.
Imagen referencial. La decisión de retirar la subvención a los combustibles, acompañada por el aumento del salario mínimo y la ampliación de bonos sociales, fue presentada por el Gobierno nacional como una respuesta a la crisis económica marcada por la escasez de divisas, la pérdida de reservas internacionales y la presión del tipo de cambio paralelo.
Sin embargo, según análisis y entidades financieras, estas medidas, aunque necesarias en algunos aspectos, tienen efectos ambivalentes y no resuelven el problema estructural de fondo.
Adiós a la subvención a los combustibles
La eliminación de la subvención a los combustibles apunta a reducir el déficit fiscal y la demanda de dólares para la importación de carburantes. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios generalizados a la energía suelen beneficiar de forma desproporcionada a los sectores de mayores ingresos y representan una carga significativa para las finanzas públicas. En este sentido, el ajuste permite un alivio inmediato del gasto estatal y puede contribuir a frenar la merma de reservas.
No obstante, el impacto social es considerable. En otro reporte de 2023, el Banco Mundial advierte que el aumento del precio del combustible suele trasladarse rápidamente al transporte, los alimentos y los servicios básicos, generando presiones inflacionarias que afectan con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos. En economías con alta informalidad, este efecto se amplifica, ya que gran parte de la población no cuenta con mecanismos de protección salarial.
Para mitigar este impacto, el Gobierno optó por elevar el salario mínimo y ampliar los bonos sociales. Desde el punto de vista social, estas medidas buscan sostener el poder adquisitivo y evitar una caída abrupta del consumo interno, pregona el Gobierno.
En 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que las transferencias monetarias pueden cumplir un rol importante como amortiguador social en contextos de ajuste.
Sin embargo, el efecto económico es limitado y el aumento salarial sin un incremento equivalente en productividad puede traducirse en mayores costos para las empresas, incentivando la informalidad o el traslado de esos costos a precios.
Además, si los bonos y salarios se financian con mayor gasto público sin respaldo en ingresos reales o divisas, el resultado puede ser una inflación persistente, tal como advierte el FMI en sus análisis sobre economías con restricciones externas severas.
Escasez de divisas
El factor central sigue siendo la escasez de dólares. Ninguna de estas medidas, por sí sola, incrementa las exportaciones, atrae inversión extranjera ni corrige las distorsiones del mercado cambiario. Experiencias regionales muestran que, sin reformas orientadas a fortalecer la generación de divisas y recuperar la confianza, los ajustes fiscales y las compensaciones sociales solo ganan tiempo, pero no solucionan la crisis.
