En casi un mes, el Estado destinó Bs 2.650 millones a combustibles, según el contador de gasto público

El Gobierno afirma que el decreto de austeridad ya permitió reducir el gasto y liberar recursos, aunque estos se destinan primero a cubrir deudas heredadas

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Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Economía / 24/12/2025 10:20

Desde la puesta en vigencia del contador de gasto público, el Gobierno de Rodrigo Paz desembolsó cerca de Bs 2.650 millones para el pago de combustibles en menos de un mes, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía.

Esta cifra forma parte de los Bs 17.896 millones que el Estado viene erogando para cumplir con diferentes pagos y obligaciones. El gasto en combustibles, según el detalle oficial, supera a otros rubros sensibles como la Renta Dignidad, que demandó Bs 888 millones, y el sostenimiento del sistema de salud, que alcanzó Bs 1.115 millones.

La publicación de estas cifras comenzó el pasado 24 de noviembre, como parte de una política de transparencia fiscal impulsada por el Ejecutivo. En ese marco, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, el Gobierno apunta a reducir el gasto público e ingresar a un periodo de austeridad.

Al respecto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya registra una disminución cercana a un tercio en el gasto en combustibles desde la aplicación del decreto. Esta reducción, explicó, permite liberar recursos diarios estimados en alrededor de 10 millones de dólares para atender compromisos pendientes del Estado.

Sin embargo, la autoridad precisó que el ahorro generado por la menor importación de combustibles será destinado inicialmente al pago de una deuda superior a 600 millones de dólares heredada de la anterior administración, encabezada por Luis Arce Catacora. “El gobierno de Lucho nos ha dejado más de $us 600 millones en combustible que no pagó, eso hay que ir pagándolo”, sostuvo Espinoza.

El ministro remarcó que el cumplimiento de estas obligaciones responde a la necesidad de preservar la credibilidad y la fe del Estado, y no a una decisión política relacionada con gestiones pasadas.

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