Paz denuncia sabotaje en la distribución de combustible y anuncia procesos contra responsables

El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que el Gobierno ya tiene identificadas a las personas implicadas en la crisis por la calidad del combustible y adelantó que en las próximas horas se oficializarán acciones legales contra los responsables.

“Ya tenemos ubicados a los responsables, habrá anuncios sobre aquellos delincuentes que irán a la justicia a responder por sus actos”, declaró el mandatario en conferencia de prensa, al referirse a las denuncias que surgieron a inicios de año por la comercialización de carburante degradado.

Paz descartó que el problema se deba a fallas técnicas u operativas dentro del sistema de distribución. Por el contrario, sostuvo que se trata de un sabotaje premeditado ejecutado por estructuras criminales que, según dijo, se consolidaron durante las últimas dos décadas en los mecanismos de venta y provisión de combustible.

“El daño es más grande es la filosofía implementada en los últimos 20 años para crear una institucionalidad del robo y la corrupción. No hay flujo administrativo o económico que no haya sido intervenido por tres o cuatro clanes familiares”, manifestó el jefe de Estado, al señalar que estas redes habrían afectado distintos niveles de la gestión pública vinculada al sector hidrocarburos.

Las denuncias iniciales provinieron del sector del transporte, cuyos representantes alertaron que la baja calidad del combustible estaba ocasionando averías en los motores de sus vehículos. Tras realizarse estudios técnicos, las autoridades confirmaron la existencia de irregularidades y avanzaron hacia la determinación de responsabilidades.

El Presidente enfatizó que la investigación no busca generar una persecución indiscriminada dentro de la estatal petrolera, sino establecer responsabilidades individuales. Reconoció que existen trabajadores honestos en la empresa, pero aseguró que también se detectó la presencia de personas que formarían parte de estructuras organizadas con fines desestabilizadores.

Actualmente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lleva adelante procesos contra 12 funcionarios vinculados al caso. De ese total, diez enfrentan sumarios administrativos y dos ya fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria.

Días atrás, autoridades del área de hidrocarburos habían advertido sobre la existencia de una “mano negra” detrás de la irregularidad. Las declaraciones del presidente Paz refuerzan esa hipótesis y marcan el inicio de una etapa judicial en torno a uno de los episodios más delicados del sector energético en lo que va del año.