De un total de 5.000 empleados, Yacimientos ya desvinculó a 410
La anterior administración habría realizado designaciones de manera irregular
MEDIDA. El Gobierno desplegó militares en instalaciones estratégicas de YPFB tras denunciar un supuesto “acto deliberado de sabotaje”. Foto: YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene un total de 5.000 trabajadores y, desde la asunción del presidente Rodrigo Paz, en noviembre pasado, ya desvinculó a 410. Muchos de los ellos están siendo procesados por haber afectado las operaciones de la estatal petrolera.
“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica”, explicó el presidente de YPFB, Yussef Akly.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna. La actual gerencia, añade la información, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones. Asimismo, YPFB denunció que se detectaron movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para encubrirse dentro de la estructura y casos con indicios de nepotismo, donde se habría facilitado el ingreso de familiares.
“Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos. La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión”, informó la estatal petrolera.
Por otro lado, YPFB reiteró que el conflicto por la mala calidad de la gasolina corresponde a “un presunto sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas”.
“Estos actos formarían parte de un plan para desestabilizar la compañía y al Gobierno. La anterior gestión convirtió a YPFB en un espacio de influencia política, lo que en 20 años generó graves daños a su capacidad técnica y operativa. Existe una estructura heredada que continúa afectando nuestra gestión de cambio”, añade Yacimientos.
En ese sentido, aseveró que se iniciaron investigaciones y denuncias de los responsables y “se irá con todo el peso de la Ley contra quienes resulten involucrados en delitos que afecten a la población”.
REACCIONES
La diputada del PDC Catherine Pinto respaldó la destitución de más de 400 funcionarios de YPFB por presuntas irregularidades en la gasolina, pero pidió que los desvinculados rindan cuentas ante la justicia.
Afirmó que la responsabilidad por la función pública se mantiene antes, durante y después del cargo y debe investigarse el grado de participación de cada implicado.
En pasados días, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que hay aproximadamente 5.000 funcionarios en la estatal, lo que dificulta su reconfiguración.
VENEZOLANOS
El senador de Unidad Nilton Condori denunció este martes que 30 ciudadanos de nacionalidad venezolana trabajan en YPFB con un sueldo de hasta Bs 50.000; los funcionarios serían de la gestión del MAS. “Quiero oportunidad para profesionales bolivianos”, dijo, citado por el grupo Fides.
Restructuración con limitaciones
A fines de febrero se informó desde el Gobierno que la reestructuración del personal en la empresa estatal avanzaba de forma lenta debido a las restricciones legales que protegen a los trabajadores contratados desde la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El gerente de Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Roca, reconoció que la petrolera fue “totalmente cooptada por una anterior gestión”, pero explicó que no es sencillo realizar despidos porque los funcionarios están amparados por la Ley General del Trabajo, que garantiza estabilidad laboral y beneficios sociales ante ceses considerados injustificados.
Por su parte, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos lanzó una dura advertencia este martes: aseguró que en la cúpula de YPFB aún permanecen militantes del MAS que no fueron removidos y que estarían implicados en un supuesto “complot” para debilitar al Gobierno. “Ese personal de confianza no ha sido removido oportunamente y debe ser el que ha ocasionado este complot de debilitamiento del Gobierno. Es hora de cambiarlos”, afirmó.
