Gobierno autoriza mediante decreto un crédito de $us 500 millones y espera aprobación de la ALP
El convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta 500 millones de dólares, está destinado al “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social”
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: Archivo El gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó este lunes el Decreto Supremo 5573, que autoriza la suscripción de un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 500 millones de dólares.
El financiamiento está destinado al “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I”; sin embargo, el trámite debe continuar en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar o rechazar este tipo de créditos suscritos con organismos internacionales.
El primer artículo del decreto establece la autorización para firmar el Contrato de Préstamo No. 6131/OC-BO con el BID, con el objetivo de financiar el programa orientado a reforzar el sistema de protección social en el país.
Asimismo, la norma dispone la transferencia de los recursos externos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que actuará como organismo ejecutor.
En su artículo 2, el decreto faculta al ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente a suscribir, en representación del Estado boliviano, el contrato de préstamo con el BID por un monto de hasta 500 millones de dólares.
La normativa también establece que el contrato deberá ser remitido posteriormente a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.
Respaldo del BID
La semana pasada, el BID anunció mediante un comunicado su respaldo al Gobierno boliviano con un financiamiento de 500 millones de dólares para fortalecer el sistema de protección social y mejorar el acceso de las familias más vulnerables a la asistencia estatal.
De acuerdo con el organismo, los recursos permitirán la creación de un nuevo registro social de hogares, una herramienta destinada a optimizar la asignación de recursos públicos.
El BID señala que este mecanismo contribuirá a una gestión más transparente, reforzará el sistema de transferencias directas y permitirá priorizar la atención a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad mediante criterios técnicos para la distribución de la ayuda.
