Gobierno plantea fórmula 50-50 para captar inversión petrolera

El gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta 50% para las petroleras y eliminará la “discrecionalidad” de la estatal YPFB en los contratos para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, según explicó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

“Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, dijo Medinaceli en una entrevista con EFE.

Según cifras oficiales, la situación crítica del sector se evidencia en una reducción de la producción del gas de 61 millones de metros cúbicos en 2014 a menos de la mitad este año y una disminución de las exportaciones desde los 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025.Además, bajaron las reservas probadas de gas a 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF, en inglés), frente a los 10,7 TCF reportados en 2017.

La propuesta será la primera reforma de fondo que el gobierno de Paz enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, con miras a que el país supere la difícil situación del sector y recupere su condición de productor de hidrocarburos mediante un modelo en el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) opere con inversores privados nacionales e internacionales. Con esta iniciativa “se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, tal como sucede en Brasil, Colombia y Chile, pero para esto “se necesita un sistema impositivo que respete el referéndum del 2004”, explicó.

Aquel año, durante el gobierno de Carlos Mesa, se consultó a los bolivianos si estaban de acuerdo con que se cobre un “impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”. Medinaceli recordó que “la gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”.

Consultado acerca del contraste entre ese impuesto y el 82% de participación estatal que el expresidente Evo Morales aplicó con la nacionalización de 2006, subrayó que ese porcentaje se utilizó por seis meses en solo dos campos, aunque quedó instalado en el “imaginario popular” y la “narrativa política”.

“Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82%. Y las puertas del Ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, desafió.

Indicó que después de 2007, las petroleras pagaron el Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32%, un 18% de regalías y alrededor de un 10% adicional por diversos factores fijados en los contratos por YPFB.

Así, la participación del Estado suma en promedio alrededordel 60%, aunque fluctúa llegando al 65% o bajando al 53% en ciertos casos, aseguró.

SIN “DISCRECIONALIDAD”

Según el Ministro, el proyecto de ley eliminará “el concepto de costos recuperables” y la “discrecionalidad” que tiene YPFB para tratar los contratos con las petroleras. Esto supondrá ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

“BOOM ECONÓMICO”

Medinaceli sostuvo que el “boom económico” que tuvo su país hasta 2014 no fue por la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el gobierno de Evo Morales, sino por lo establecido en el contrato negociado con Brasil entre 1974 y 1999.

Señaló que hay que “desmitificar” los efectos de la nacionalización dispuesta en 2006 por Morales, quien siempre aseguró que gracias a esa medida la economía boliviana tuvo un crecimiento inusual durante su gobierno.

“Todo el ‘boom’ económico que tuvo Bolivia y todo el 'boom' del sector hidrocarburos no responde a la nacionalización. Responde al contrato de exportación de gas natural Bolivia-Brasil. Ese contrato comenzó a discutirse en 1974 y culmina en 1999”, dijo.

Como resultado de 25 años de negociación, Bolivia empezó a exportar gas a Brasil en 1999 con un precio de 1 dólar por millón de unidades térmicas británicas (BTU, en inglés), pero también se acordó que ese coste estuviera vinculado al del petróleo, explicó.

Según Medinaceli, Morales asumió en 2006 con ese contrato ya firmado y en los siguientes años “disfruta precios no de 1 dólar por millón de BTU (...), sino de 8 dólares por millón de BTU”.

Chávez: “El desafío del Gobierno será explicar”

“El Gobierno puso sobre la mesa una participación de hasta 50% para empresas petroleras extranjeras, y con ello no solo abre un debate energético: inaugura una guerra santa de narrativas. En Bolivia, pocas áreas fueron tan maltratadas por la propaganda como el gas natural. 

Durante años se repitió, con la convicción de quien recita un credo, que antes de la nacionalización las petroleras “se llevaban el 82%” y dejaban apenas “18% para Bolivia”; luego, gracias al milagro administrativo, el país habría pasado a quedarse con el 82% y las empresas con las migajas. La realidad fiscal, contractual y contable fue bastante más compleja. Pero ya se sabe: los números sobrios rara vez compiten bien contra los eslóganes musculosos y las pos-verdades maquilladas 

Ahora convencer a la ciudadanía de que un esquema 50-50 puede ser más eficiente, atraer inversión, elevar producción y finalmente generar más renta total para el país será una tarea titánica. Porque en economía importa no solo cuánto porcentaje se reparte, sino de qué tamaño es la torta. Y Bolivia, después de años de celebrar porcentajes sobre una torta cada vez más pequeña, descubre que la aritmética también tiene sentido del humor. El desafío del Gobierno será explicar que a veces la soberanía no consiste en quedarse con casi todo… cuando ya casi no queda nada” (Economista Gonzalo Chávez).