La informalidad, una amenaza en la región

La economía informal dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en uno de los principales frenos estructurales al desarrollo en América Latina. Así lo advierte Sergio Díaz Granados, presidente de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, al presentar el informe “Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante”, evento organizado junto al Tecnológico de Monterrey (México).

En el mismo se identificó a la informalidad como una “amenaza silenciosa” que se combina con la inseguridad y el bajo crecimiento.

El diagnóstico plantea una lectura integral: la informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales, sino que también reduce la productividad, debilita la capacidad fiscal de los Estados y crea condiciones propicias para la expansión del crimen organizado.

“La informalidad es una amenaza silenciosa”, subrayó Díaz-Granados, al explicar que millones de trabajadores operan fuera de los sistemas de protección social, sin acceso a salud, pensiones ni mecanismos de ahorro. Este vacío, advirtió, termina afectando la estabilidad económica y social de los países.

En ese contexto, Hugo Garza, vicepresidente del Grupo Educativo del Tecnológico de Monterrey, hizo notar que los porcentajes de informalidad son elevados en la región, llegando a un 80%.

UN CÍRCULO VICIOSO

El informe identifica un círculo difícil de romper: economías con baja productividad generan empleos informales, y la alta informalidad, a su vez, impide mejorar la productividad. En este contexto, América Latina enfrenta un crecimiento promedio cercano al 2%, muy por debajo del dinamismo histórico de décadas pasadas.

Esta dinámica limita la capacidad de reducir la pobreza y cerrar brechas sociales, al tiempo que restringe la construcción de sistemas de protección social sostenibles. 

EL CASO BOLIVIA

El problema se agrava en países como Bolivia, donde la informalidad laboral roza el 80%, uno de los niveles más altos de la región. Este escenario expone a la mayoría de los trabajadores a condiciones precarias y reduce el alcance de políticas públicas clave.