Paz: Ley 1733 protege la economía de más de 100 mil contribuyentes

La Ley 1733 de Alivio Tributario, que fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz y publicada en la Gaceta Oficial, apunta a beneficiar a más de 100 mil pequeños contribuyentes.

“Estamos cumpliendo con el compromiso del perdonazo, que beneficiará a más de 100 mil hombres y mujeres que apostaron en Bolivia, que empezaron (un negocio o emprendimiento) con 10.000 bolivianos y que hoy, con multas y accesorios,  tienen una deuda de 130.000 y 150.000; hace 15 años eran 10.000 y hoy son 130.000”, dijo este jueves el mandatario en un vídeo difundido en sus redes.

“Ahora con el perdonazo eso te ordena y te dará la oportunidad de reinvertir en tu  vida. Especialmente para aquellos pequeños empresarios, gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos este era un compromiso. El perdonazo está ahora vigente”, añadió.

CINCO MEDIDAS DE ALIVIO

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la Ley 1733 contempla cinco medidas orientadas a facilitar la regularización tributaria y brindar alivio financiero a la población boliviana.

Entre los principales componentes se encuentra el denominado “perdonazo tributario”, que permitirá eliminar deudas de hasta Bs 10 millones generadas hasta diciembre de 2017 o durante la gestión 2020.

La autoridad precisó además que las personas y empresas con deudas acumuladas entre 2018 y 2025 podrán acogerse a planes de pago de hasta 36 meses, eliminando por completo multas e intereses.

“El alivio financiero y el respaldo a las familias bolivianas son pilares fundamentales para avanzar hacia la estabilidad y el crecimiento del país”, sostuvo Espinoza.

Según explicó, la normativa beneficiará principalmente a gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos y otros sectores que dependen de ingresos diarios y que fueron afectados por la desaceleración económica.

El Ministro destacó además que la ley tendrá un importante impacto social debido a la liberación automática de medidas coactivas, permitiendo devolver tranquilidad económica a más de 82.000 contribuyentes y facilitando su reincorporación plena a la actividad productiva.

REGLAMENTACIÓN

La ley de alivio tributario está conformada por tres artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final. Tiene efecto inmediato pues ya fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia; solo está pendiente su reglamentación.dispuesta por Impuesto Nacionales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL alcance y funcionamiento de la norma

1. ¿Quiénes se benefician con la ley?

La ley beneficia a personas naturales y empresas que tengan deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 y cuyo monto total adeudado no supere los Bs 10 millones. Alcanza principalmente a pequeños y medianos actores económicos que arrastraban obligaciones tributarias desde hace años. 

2. ¿La condonación es total o parcial?

Depende del tipo y tamaño de la deuda. Para obligaciones tributarias anteriores al 31 de diciembre de 2017 y menores a Bs 10 millones, la condonación es total y automática. El ciudadano o el contribuyente no tiene que pagar ni un solo boliviano al fisco y esta extinción es de carácter automático. La medida alcanza incluso a multas pequeñas acumuladas durante años. Si hoy en día hay una persona que tiene alguna multa de impuestos por 6 mil, 15 mil, 20 mil o 50 mil bolivianos y esa deuda emerge de un periodo fiscal anterior al 31 de diciembre del 2017, por efecto de la ley ha quedado extinta esa obligación. Sin embargo, para deudas superiores a Bs 10 millones o posteriores a 2017, la norma contempla un esquema de regularización parcial.

3. ¿Es necesario realizar trámites en Impuestos Nacionales?

La extinción de las deudas menores a Bs 10 millones es automática, pero eso no significa que todos los casos quedarán resueltos sin trámites adicionales. Los contribuyentes podrán acudir a Impuestos Nacionales o a la Aduana Nacional para solicitar certificados de no adeudo tributario. Además, quienes tengan procesos administrativos, judiciales o medidas de cobranza deberán completar procedimientos específicos.

En esos casos, la ley exige el desistimiento formal de los procesos para consolidar el beneficio.

4. ¿Qué ocurre con las personas o empresas que tienen deudas mayores a Bs 10 millones?

La ley establece una segunda modalidad basada en la regularización tributaria.

En esos casos, el contribuyente podrá pagar solamente el tributo omitido –es decir, el capital adeudado– junto con una parte del mantenimiento de valor. La norma elimina intereses, multas y otras sanciones accesorias.

La deuda tributaria está compuesta por tributo omitido, intereses, actualizaciones y multas. Por lo tanto, el contribuyente va a poder pagar solo el tributo omitido.

Quienes realicen un pago inmediato cancelarán el capital más el 50% del mantenimiento de valor. También podrán acogerse a planes de pago de hasta 36 cuotas.

5. ¿La ley rige igual para tributos nacionales y aduaneros?

Sí. La norma alcanza tanto a obligaciones administradas por Impuestos Nacionales como por la Aduana Nacional.

De hecho, parte de la reglamentación pendiente está relacionada con procedimientos administrativos vinculados a ambas instituciones, especialmente en casos de retenciones bancarias, embargos o levantamiento de gravámenes.

6. ¿Existe un tratamiento especial para deudas posteriores al 31 de diciembre de 2017?

Sí. Las obligaciones tributarias generadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 no quedan extinguidas automáticamente, pero sí pueden acogerse a programas de regularización.

En esos casos, el contribuyente deberá pagar el capital adeudado y parte del mantenimiento de valor, mientras que intereses y sanciones serán condonados parcialmente según el tipo de pago elegido.

Palazuelos explicó que esta parte de la ley busca facilitar que empresas y personas regularicen su situación tributaria sin enfrentar cargas financieras acumuladas durante años.

7. ¿Qué impacto económico espera el Gobierno?

El objetivo es que los contribuyentes utilicen esos recursos en inversión y actividad económica, en lugar de destinarlos al pago de deudas acumuladas con el Estado.