Sin subvención al diésel, ¿el ajuste también llegará al Estado?

El retiro de la subvención al diésel, de acuerdo con el Gobierno, busca proteger el presupuesto de inversión pública y frenar un gasto insostenible de hasta 55 millones de dólares semanales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó en Correo Play que el ajuste fiscal no se limita a los combustibles, sino que incluye un recorte del 30% en la planilla del Ejecutivo, el cierre de empresas públicas deficitarias y la exigencia de que gobernaciones, municipios y universidades reestructuren sus gastos.

Sinceramiento e inversión pública

La eliminación del subsidio al diésel responde a la realidad del mercado internacional, donde el carburante registra escasez y precios elevados que imposibilitan sostener el mecanismo de subvención.

Según Gálvez, mantener este esquema significaba destinar hasta 55 millones de dólares semanales a una “bolsa negra” que además alimentaba el contrabando y el mercado negro, restando liquidez a los proyectos estatales.

El vocero aclaró que la medida no genera un sobrante de dinero en las arcas públicas, sino que permite cumplir con el presupuesto asignado para la construcción de obras como carreteras, hospitales y unidades educativas en distintas regiones del país.

Precisó que, de no haberse adoptado la decisión, la falta de diésel habría paralizado la producción nacional, derivando en un desabastecimiento de alimentos y un deterioro económico.

Achicar el Estado

Frente a la consulta sobre el esfuerzo del propio aparato gubernamental, Gálvez enfatizó que el Ejecutivo central ya comenzó a “apretarse los cinturones” con el objetivo de reducir un déficit fiscal del 9%. Entre las acciones en marcha, destacó la aplicación de un recorte del 30% en la estructura del Ejecutivo y en la planilla de personal.

Asimismo, confirmó el inicio del cierre de siete empresas públicas deficitarias, mientras que el resto de las entidades estatales se encuentran bajo procesos de auditoría. Sobre este punto, remarcó que cualquier empresa pública que no sea productiva deberá ser clausurada.

Gobernaciones, municipios y universidades

El vocero sostuvo que la reestructuración no puede recaer únicamente en el Gobierno central, ya que el Estado abarca a todas las instancias públicas. En ese contexto, señaló que hasta la fecha las gobernaciones no ejecutaron ajustes en sus presupuestos y continúan solicitando mayores recursos.

Gálvez instó a que los gobiernos departamentales, municipios y universidades públicas reduzcan sus gastos y eviten sostener “estructuras obesas” o ineficientes, sumándose al esfuerzo de disciplina fiscal que demanda la coyuntura del país.

Transporte y precios

En relación con el transporte urbano, Gálvez puntualizó que la eliminación del subsidio se aplicó exclusivamente al diésel para evitar distorsiones de mercado, manteniendo sin alteraciones la subvención a la gasolina, al GLP y al gas natural. Modificar estos carburantes no forma parte de la agenda inmediata del Gobierno, según informó, sin embargo, esta opción se encuentra en análisis.

Para apoyar a los operadores de transporte que aún utilizan diésel, el vocero reiteró que se despliega un programa de conversión rápida hacia el gas natural, facilitando financiamiento y la adquisición de cilindros. Como antecedente, Gálvez citó el caso de Santa Cruz, donde de un parque de 11.000 micros, solo 2.000 funcionan a diésel y el resto opera con gas, modelo que se busca replicar en Cochabamba, Sucre y otros municipios.