Empresarios respaldan medidas económicas, pero alertan riesgo de contracción y piden protección urgente

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su respaldo a las recientes decisiones del Gobierno orientadas a ordenar la economía, aunque advirtió que el proceso podría derivar en una contracción de la actividad productiva si no se aplican medidas de mitigación inmediatas.

En un pronunciamiento difundido este domingo, el sector empresarial valoró “la importancia y pertinencia de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la estabilización, el sinceramiento y el ordenamiento de la economía”. En esa línea, destacó la Ley N° 1765, vinculada al financiamiento con el FMI, como un paso que permitiría encaminar reformas para recuperar la estabilidad financiera y retomar el crecimiento en el mediano plazo.

Asimismo, la CEPB respaldó el Decreto Supremo N° 5716, que apunta a transparentar los precios de los carburantes y frenar el contrabando, y el DS N° 5707, enfocado en resguardar el orden público y garantizar la libre circulación ante bloqueos que afectan el abastecimiento.

No obstante, el empresariado advirtió que el ajuste en curso podría tener efectos adversos en sectores productivos, el comercio y los servicios. Alertó sobre una eventual desaceleración que impacte en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, cuya situación calificó de vulnerable.

“Las empresas deben constituirse en una prioridad nacional”, señala el documento, que además advierte que nuevas cargas regulatorias, tributarias o laborales podrían derivar en cierres, caída de inversiones y pérdida de fuentes de trabajo.

En paralelo, la organización planteó la necesidad de activar un plan integral de protección social, con medidas ágiles y focalizadas, que permitan amortiguar los efectos del ajuste sobre los sectores más expuestos.

De cara a los próximos meses, la CEPB propuso acelerar la transición hacia una etapa de crecimiento, priorizando la aprobación de normativa económica bajo criterios de estabilidad y seguridad jurídica. Entre las reformas sugeridas figuran ajustes a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, así como al Código de Comercio y el Código Tributario.

“Las modificaciones deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos excesivamente prolongados, controversiales o sujetos a incertidumbre política”, remarca el comunicado.

Finalmente, el sector empresarial advirtió que el país apenas inicia el camino hacia la recuperación y rechazó eventuales medidas de presión. “Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueo de carreteras, ni permitir que se utilice el malestar social para activar la confrontación política”, concluye.