“La industrialización no funcionó”: Continúa el plan de reestructuración de empresas públicas

El Gobierno nacional avanza en la ejecución de su plan de reestructuración, reorganización y disolución de las entidades estatales en Bolivia. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), indicó a Correo Play que se completó el diagnóstico detallado de 66 empresas públicas bajo una metodología internacional de evaluación.

Este informe técnico ya fue derivado a la próxima reunión del Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep) para su respectivo análisis y definición.

Durante la evaluación oficial, las autoridades determinaron que el modelo estatal previo no rindió los frutos esperados y dejó al país sin un proceso productivo sostenible. Según Camacho, se mintió a la población sobre el alcance de los proyectos estatales, puesto que la industrialización en la práctica no funcionó y derivó en un país desindustrializado.

Como muestra de este deterioro financiero, tan solo un grupo de 15 empresas públicas llegó a registrar pérdidas millonarias

El diagnóstico de la OFEP expone casos de baja productividad e inversiones cuantiosas sin retorno. Un ejemplo es Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que demandó una inversión de Bs 6.100 millones, pero actualmente opera a tan solo el 14% de su capacidad instalada.

Asimismo, la empresa azucarera San Buenaventura produce entre el 35% y 40% de su capacidad debido a trabas normativas que le impidieron adquirir materia prima de zonas vecinas como Beni.

Las revisiones técnicas evidenciaron también irregularidades administrativas e infraestructura deficiente en diversas plantas administradas por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

De las más de 100 plantas bajo su tutela, varias se redujeron a simples galpones o tinglados sin maquinaria instalada, construidos únicamente para simular ejecución presupuestaria. Adicionalmente, el análisis identificó deudas impositivas no reportadas en los balances financieros por un monto de Bs 8.100 millones.

Frente a este escenario de déficit, el presupuesto reformulado del Estado evitó la transferencia de 3.800 millones de bolivianos destinados a estas entidades insolventes. El plan de ajuste contempla tres vías de acción: la reorganización, la fusión o la disolución y liquidación de aquellas firmas que resulten inviables, la decisión final sobre el primer paquete de empresas estará supeditada a lo que determine el Coseep en su sesión de esta semana.

Una vez que el Cossep apruebe o defina las correcciones al diagnóstico, los ministerios cabeza de sector dispondrán de un plazo de 15 días para aplicar las medidas correspondientes. No obstante, Camacho aclaró que el proceso requerirá el apoyo de la Asamblea Legislativa, dado que muchas de estas entidades fueron creadas mediante leyes específicas que exigen un marco normativo para su cierre o reestructuración.