Asfixia y juicios laborales causaron el cierre de una decena de afiliadas a Cainco

Aproximadamente la mitad de las industrias que se desafiliaron recientemente en Chuquisaca lo hicieron forzadas por conflictos laborales y la rigidez de la normativa, estimó el gerente general de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) del departamento, Omar Orellana.

En Correo del Sur Radio (FM 90.1), el ejecutivo reveló que desde que asumió, en 2024, la institución registró una veintena de desafiliaciones de firmas que cesaron sus actividades; en su mayoría pequeños y medianos emprendimientos. 

“Desde que estoy en la Cámara sufrimos más o menos 20 desafiliaciones y no era porque no querían pertenecer a la cámara, simplemente porque estaban cerrando operaciones. Dentro de este número, podría decir que por lo menos la mitad se debe justamente al tema laboral, donde efectivamente no pudieron continuar; realmente la presión de todo el ministerio en general y de los mismos trabajadores hicieron que cierren”, explicó. No obstante, aclaró que al margen de ese aspecto, todo pasa porque las firmas se quedan sin liquidez.

Orellana aclaró que se refería a emprendimientos formales y predispuestos a cumplir con sus obligaciones laborales pero en plazos razonables, no bajo las condiciones punitivas de la norma. Remarcó que la actual Ley General del Trabajo –cuyos preceptos quedaron blindados en la Constitución de 2009– opera de forma “extorsiva y parcializada”, ya que no contempla mecanismos de conciliación ni planes de pago diferidos cuando las unidades productivas sufren iliquidez.

Para poner un ejemplo, el ejecutivo señaló que la vulnerabilidad financiera del sector fabril se arrastra desde la pandemia del covid-19 y se agravó con factores como el reciente bloqueo de carreteras de 53 días, que paralizó la provisión y comercialización. 

En esas condiciones, la falta de ingresos, las presiones de sindicatos y las multas del Ministerio de Trabajo terminan por quebrar a las factorías, como ocurrió en su momento con PIL Chuquisaca, recordó.

“Al final no se gana nada haciendo cerrar la empresa: pierde el empresario, pierden los trabajadores, sus familias y el país”, enfatizó al alertar que este escenario desincentiva la llegada de inversiones y empuja a los nuevos negocios a la informalidad para evitar contingencias legales. Por ello, instó a debatir reformas a la Ley General del Trabajo que equilibren la protección al trabajador con la sostenibilidad de las fuentes de empleo, aunque admitió que el tema resulta impopular y generaría una dura oposición de los sindicatos.

Orellana también aclaró que, después de mucho esfuerzo, tras la crisis del covid, en los últimos años las empresas comenzaron a equilibrar sus cuentas para cubrir sus obligaciones laborales.