Marianela Balbi aprovecha cualquier viaje al exterior para descargar aplicaciones y actualizar el sistema de sus dispositivos porque esto en Venezuela le lleva horas o, finalmente, no lo consigue. La calidad del Internet —la peor de Latinoamérica— les pasa factura a todos los que tienen la suerte de estar conectados: los venezolanos menos desfavorecidos solo acceden a la información controlada por el Gobierno, como lo viene denunciando sistemáticamente el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, del que Balbi es su directora ejecutiva.

¿Cuán cerca está Bolivia de sumirse en una crisis semejante a la de Venezuela? A la periodista de Caracas, el gesto del presidente Evo Morales de contradecir el No a la reelección, expresado por el 51% de la población en el referéndum del 21 de febrero de 2016, le recuerda la consulta que el fallecido Hugo Chávez perdió en 2007, en su intento de reformar la Constitución para incluir una reelección indefinida. Entonces ganó el No con el 51% de los votos, aunque en 2009 Chávez volvió a someter a voto una enmienda constitucional con el mismo fin, y se impuso con el 54%.

“Creo que eso marca un punto muy relevante, que es justamente saltarse los mecanismos legales que están ahí y aspirar a que otro poder decida por la mayoría”, dice la comunicadora. “Creo que cuando eso empieza a ocurrir, empieza a desfigurar cualquier norma democrática (…) Es un rasgo muy peligroso de hacia dónde puede llevar un gobierno con una intención autoritaria de alejarse de lo que es la decisión popular”, advierte. Luego recuerda la anulación en la práctica del Parlamento de mayoría opositora en Venezuela, primero a través de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y luego con la Asamblea Nacional Constituyente, ambos afines a la administración del presidente Nicolás Maduro, heredero de Chávez.

Marianela Balbi estuvo hace unos días en La Paz, donde participó en el foro “Libertad de Expresión y Asfixia Financiera a Medios de Información”, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) junto con la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Compartió con periodistas y estudiantes asistentes la situación del periodismo en Venezuela, deteriorada progresivamente a lo largo de casi dos décadas.

“Muchas de esas situaciones las veo acá, las veo todavía en unos niveles que ojalá no se profundicen”, afirma al marcar una diferencia que para los venezolanos es fundamental: Bolivia está lejos de la crisis económica que asola su país y que ha agravado la violación de derechos y libertades que IPYS y otras organizaciones denuncian. “Creo que todavía tienen mucho terreno a favor”, dice.

Solo en 2017, IPYS Venezuela contó al menos 518 casos de agresiones y vulneraciones a la libertad de expresión contra periodistas y medios de comunicación; en 2016 se registraron 331. Durante las protestas desarrolladas entre marzo y julio del año pasado se contabilizaron 332 de los 518 casos y el 74% de ellos fueron cometidos por funcionarios o instancias estatales, pese a los pactos y compromisos internacionales firmados por el Estado venezolano para garantizar el respeto a estos derechos.

El Índice de Libertades Periodísticas 2017 cuenta por decenas las agresiones a reporteros, los ataques a medios de comunicación, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación y diversas formas estatales de censura. Se produjeron 54 detenciones arbitrarias de periodistas que fueron sometidos a juicios penales y militares, bajo una figura recurrente: presunta rebelión y terrorismo, pero en la práctica se trata de penalizaciones al trabajo periodístico. A Héctor Pedroza —quien produjo la película “Muerte Suspendida”, del fallecido exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalísticas Oscar Pérez—, un tribunal militar le impuso una pena privativa de libertad por hacer fotografías de una protesta. Están vigentes más de 70 medidas judiciales contra periodistas y representantes de medios, que van desde cárcel hasta restricción de salir del país o asilo.

Como resultado de un cóctel peligroso de inseguridad jurídica, leyes que penalizan la libre expresión y crisis económica, en Venezuela han salido del aire 54 medios de comunicación entre radioemisoras y canales de televisión, y entre 2013 y 2018 al menos 40 periódicos dejaron de circular afectados por la suspensión del subsidio del papel prensa, cuya importación y distribución está monopolizada por una corporación afín al Gobierno.

Los periódicos se redujeron a su mínima expresión, dejaron de circular los fines de semana y feriados y eliminaron las publicaciones especiales y revistas dominicales. ¿La razón? Comunicaciones reiteradas de que no llegó el papel suficiente; o al menos eso les dicen a las publicaciones, coincidentemente después de titulares críticos.

En este último tiempo, 18 medios salieron de circulación, 15 suspendieron operaciones por lapsos temporales y, solo en las últimas dos semanas, nueve medios se sumaron a esa cifra —en varios casos periódicos con más de 50 y hasta 100 años de tradición.

“Hay zonas en Venezuela donde no queda un solo medio de comunicación que no sea aquellos que ha impulsado el Gobierno a través de sus políticas de comunicación”, lamenta Balbi.

Sin trabajo, los periodistas migraron a Internet. Hace tres años se produjo un “boom” de las plataformas digitales, convertidas en mecanismos de información ausente de medios convencionales debido a la censura o la autocensura.

Pero con ello empezaron los cortes de internet, el bloqueo y el ciberataque. IPYS Venezuela contó 198 reportes de fallas de internet y telefonía móvil y fija en los 23 estados, en lo que considera una acción cómplice entre el Gobierno y las operadoras para coartar el derecho de acceder a información.

Acceso a Internet

Esta situación se agrava por la crisis y el deterioro de los servicios públicos. La velocidad de acceso a Internet en Venezuela es de 1,61 megabytes por segundo, la más baja de Latinoamérica; solo en Bolivia, donde las quejas de los usuarios son permanentes, el promedio es de 2,42, según datos de IPYS y el laboratorio de datos de internet MLAB.

Y como sucede en toda la región, los sectores más desfavorecidos no pueden acceder a esta red, provista de más canales de información aunque lenta, quedando sujetos a medios cada vez más cooptados por la administración de Maduro. De acuerdo con datos oficiales —de los escasos que hay—, más de 15 millones de venezolanos (la mitad de la población) están desconectados.

Ante esta situación, equipos de periodistas encuentran mecanismos para intentar saltar la brecha digital. Uno de ellos es El Bus TV, “noticieros en vivo” en el transporte público que dejan a los pasajeros debatiendo sobre la situación de Venezuela, sea de la inflación o de la salud; esas de las que no tienen reportes oficiales hace varios años, aunque la administración de Maduro insista en que su interés en informarse responde a la oposición y al Imperio en vez de a un derecho y necesidad ciudadanos.

“Cada día uno va encontrando recursos para seguir adelante”, apunta la Directora de IPYS Venezuela. “Uno piensa qué tanto peor puede estar, y nos hemos ido dando cuenta año tras año que realmente podemos estar peor y, lo que antes creíamos que era algo normal, pues se ha vuelto algo insostenible”.

“Creo que ustedes (por los bolivianos) han dado unas luchas muy parecidas a las nuestras (…) Un elemento fundamental es no dejar pasar ninguna ley ni disposición que sea contraria a la propia Constitución y llevar adelante cualquier tipo de acción que pueda revertir algo contrario a lo que son las leyes y lo que está establecido. El momento en que Venezuela empezó a sufrir mayores embates de un gobierno autoritario fue, por ejemplo, cuando dejamos que los poderes fueran cooptados y no hubiese ningún tipo de separación de poderes”, advierte. •