La batalla será larga y compleja. Las autoridades indígenas de la nación Qhara Qhara están conscientes de ello, pero recuerdan que su pueblo no se rinde nunca. Y están seguros de que tienen la razón. Según sus propias investigaciones, parte del tesoro del galeón San José, hundido por un buque inglés en 1708 y hallado en las costas de Colombia en 2015, es decir 307 años después, salió del Cerro Rico de Potosí, que era parte de su territorio.

Hace poco, en junio, una delegación del pueblo indígena estuvo en Bogotá, donde presentó un reclamo formal ante el Gobierno colombiano acompañado de más de 2.080 documentos legalizados de la época. No quieren que el tesoro —cuyo valor actual se calcula entre los 5.000 millones y 10.000 millones de dólares— se mercantilice. Y buscan una reparación del daño sufrido por su pueblo. Su lucha es por el saqueo, la profanación y la injusticias de las fueron víctimas sus ancestros durante la Colonia.

“El 2015 nos enteramos de esta situación por los medios (de comunicación) y decidimos movilizarnos junto con otras naciones del Kollasuyo”, cuenta a ECOS el secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena de la nación Qhara Qhara, Samuel Flores, que acaba de regresar de Bogotá.

Él y otros miembros de una comisión enviada por las altas autoridades de la nación Qhara Qhara intentaron reunirse con el ahora expresidente Juan Manuel Santos, pero no fue posible. Sin embargo, lograron entrevistarse con la ministra de Cultura de ese entonces, Mariana Garcés. Incluso, firmaron un acta de ese encuentro, de acuerdo con los documentos que maneja el pueblo indígena.

“Hemos hablado con la Ministra de Cultura de Colombia, quien ha sido muy sincera al decirnos que ‘sí, (…) España quiere llevarse algunas piezas, a título de pago’. Ellos tampoco están de acuerdo”, dice Flores. “Les hemos dicho que (…) sería volver a profanar (a nuestros pueblos indígenas), como si América siguiera siendo dependiente de España. No (lo) aceptamos”.

Antes, en 2016, las máximas autoridades del Tribunal de Justicia Indígena analizaron el caso y resolvieron conformar un grupo de peritos para investigar el asunto en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB).

Después, el pueblo indígena envió una delegación a Colombia para que investigara el caso en los estrados judiciales. Ahí se enteraron, por ejemplo, de que la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) llevaba años reclamando la propiedad del 50% del tesoro —la justicia colombiana resolvió que tiene derecho al 50%, pero no de toda la carga, sino de lo que no sea considerado como patrimonio del país—; de que se había activado una acción popular que ratificó que el patrimonio cultural sumergido es de los colombianos; de que el Gobierno de ese país estaba planeando licitar el rescate del tesoro con un alianza público-privada; y de que España también quería reclamar derechos sobre la carga.

El año pasado, la delegación estuvo también en Cartagena, en cuyas costas se encuentra el galeón San José.

“Nos acercamos a la Naval de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nos han indicado que sí, que el Galeón fue ubicado en 2015 y que está resguardado”, agrega Flores.

Luego de que sus peritos investigaran en la ABNB y que una delegación del pueblo indígena viajara hasta Bogotá y Cartagena, finalmente, en junio pasado, y tras un arduo trabajo, la nación Qhara Qhara presentó un reclamo formal ante el Estado colombiano. En ese reclamo, dirigido al expresidente Santos, aseguran que parte del tesoro del galeón San José salió de su territorio y demandan el inicio de un proceso de diálogo entre el pueblo indígena y el Gobierno de Colombia.

El reclamo, firmado por Pablo Zaballos, Senobio Fernández y Francisco Ibarra, máximas autoridades del Tribunal de Justicia Indígena, entre otras, fue acompañado por 2.080 documentos legalizados de la época que guarda el ANNB y otros 5.000 que prueban la existencia del pueblo indígena y soportan su reclamo.

“Hemos hecho el reclamo amparados en el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) y la declaración de Naciones Unidas sobre de los derechos indígenas”, precisa Flores. “Se ha acreditado con documentos históricos que evidencian que todos los recursos, como la plata, el oro, en la Colonia, han sido sustraídos de nuestra nación y que han sido explotados por los mismos indios, provenientes de diferentes naciones, de todo el Kollasuyo”.

“Esos documentos acreditan que toda la plata que se ha sustraído en la Colonia ha sido enviada desde Potosí convertida en barras de plata de 75 marcos, 16 kilos de peso cada barra, y con sello; las monedas fueron acuñadas en Potosí. Esas monedas y barras (…) fueron embarcadas hasta Arica; de Arica, hasta el puerto de El Callao; de El Callao, a Portobelo. Y de Puertobelo, a Cartagena”, complementa.

Según las investigaciones del pueblo indígena, incluso hubo monedas que fueron transportadas de manear ilegal. Y encontraron, además, profanación de las tumbas de sus ancestros que contenían plata, oro y esmeraldas.

“Esos documentos acreditan que nuestros pueblos han sido humillados, maltratados y hasta asesinados. Ha habido sobreexplotación”, enfatiza Flores.

La nación Qhara Qhara cree que sus derechos deben ser reconocidos porque no solo es su pueblo que está “vivo”, sino que está organizado y tiene territorio.

“Mantenemos nuestra identidad cultural, es decir, no nos han extinguido. Además, ahora Bolivia es un Estado plurinacional, donde se garantiza la preexistencia y el dominio ancestral de las naciones y pueblos indígenas y, por ende, su autogobierno. Con eso, tenemos toda la potestad de reclamar”, argumenta el Secretario Permanente del Tribunal de Justicia Indígena de los Qhara Qhara.

“Queremos que esto sirva para resarcir y reparar los daños que han sufrido nuestros pueblos (y que la plata, el oro y las piedras preciosas del galeón) no sean mercantilizados”, remarca.

El pueblo indígena, por ahora, gestiona el reclamo con sus propios recursos. Ya contrató a un abogado en Colombia para que se ocupe del caso. De no ser escuchados, planean acudir a los tribunales internacionales.

Por ahora, todo es muy enrevesado. No solo Colombia quiere la propiedad absoluta del tesoro, sino que la firma descubridora —algo que sigue en veremos— reclama su parte. Además, la propia España —dueña del galeón— podría también reclamar derechos. Y a todos ellos se suma la nación Qhara Qhara, de cuyo territorio salió parte del tesoro. Eso sin contar la posibilidad de que más pueblos indígenas decidan hacer lo propio. •

El galeón San José

El galeón San José es un navío español que se hundió en el mar el 8 de junio de 1708, después de que fuera atacado por un buque inglés. Ocurrió en mitad de la Guerra de Sucesión de la Corona española que ostentaba Felipe V.

El galeón zarpó de Cartagena rumbo a Cádiz cargado con unas 200 toneladas de oro, plata, esmeraldas y otras riquezas. Se dice que llevaba 11 millones de monedas cuyo valor actual rondaría entre los 5.000 y 10.000 millones de dólares.

El Gobierno de Colombia anunció oficialmente que el galeón había sido encontrado el 4 de diciembre de 2015. Desde entonces, ese país estuvo intentado rescatar el tesoro, aunque con tropiezos judiciales en el camino.

Este mes, la licitación para el rescate volvió a reactivarse y continúa su curso.

LAS CLAVES

El Memorial de Charcas es una crónica de 1582 en la que se señala que el Cerro Rico de Potosí se encontraba en territorio de la nación Qhara Qhara.

La declaración de 1572 de Diego Huallpa, a quien se le atribuye el descubrimiento de la riqueza del Cerro Rico de manera accidental, también establece que la riqueza mineral se encontraba en territorio Qhara Qhara.

La investigadora Ximena Medinacelli señala que el pueblo ‘caracara’ o ‘qaraqara’ se desarrolló en gran parte de lo que hoy es Potosí.

Una mirada jurídica e histórica Daniel Oropeza Alba (Historiador)

Luego de la comunicación oficial efectuada el 5 de diciembre de 2015 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre la exactitud del hallazgo del pecio del galeón San José, se inició una gran polémica internacional sobre los supuestos derechos de propiedad de esta nave invocados por el Reino de España en contraposición a la pretensión colombiana que lo reconoce como patrimonio nacional. Sin embargo, este caso concreto es mucho más intenso y profundo por la calidad patrimonial del hundimiento y por las convenciones vigentes sobre patrimonio subacuático.

Los juristas especializados en Derecho Internacional Público y patrimonio subacuático, han respaldado diferentes teorías buscando sólidos argumentos y jurisprudencia válida que permitan sustentar la posición de Colombia versus España, pues ambas potencias declaran sus legítimos derechos sobre este fabuloso tesoro.

Los tesoros a bordo

El virrey del Perú Marques de Castelldosríus habría recibido la gran Carta Cuenta de las Cajas Reales de la Villa Imperial de Potosí, que consistía en una extracto contable que acompañaba la enorme remesa que enviaba esta institución dedicada a realizar la percepción de impuestos engrosando el erario del rey con los miles de millones de barras de plata que salían del Cerro Rico, cobrando el 20% a la producción minera. Esas mismas barras se convertían luego en monedas, por las que el rey volvía a percibir ingresos mediante el cobro del Real del Señoreaje por impuesto a la fabricación de monedas.

Todas estas barras y monedas habrían salido de Potosí rumbo al puerto de Arica, Chile, luego en barco hasta el Callao, puerto natural de Lima, la capital metropolitana del gran Virreinato del Perú, donde el tribunal mayor de cuentas revisaba la gran Carta Cuenta del Potosí y engrosaba esa fortuna con las recaudaciones propias de Lima y de las demás provincias para luego enviar ese cargamento al Panamá mediante la Flota del Sur. Todo este tesoro cruzaba el istmo a lomo de mula y llegaba por fin a Portobello.

En Portobelo, la Flota del Tesoro de España recogía este cargamento de la corona y además embarcaba todas las pequeñas fortunas de los particulares en tránsito a Europa, las remesas y envíos que hacían mediante los fletamentos y los efectos personales en barras, barretones y gemas preciosas, plata labrada y joyería de los comerciantes y de los pasajeros. Esta era la política española para el transporte en la ruta de Indias y para el envío de remesas a la corona que fue estudiada por los corsarios para asestar sus certeros golpes y apropiarse de grandes tesoros.

Legislación y normas aplicadas

El pecio del Atocha fue descubierto en 1985 (Mathewson et al. 1986) por la empresa Treasure Salvors en aguas internacionales luego de más de 14 años de búsqueda. Inevitablemente surgieron las pugnas legales en torno a los permisos y derechos sobre el cargamento. Sin embargo se logró recuperar los efectos personales, oro y plata y la empresa descubridora a través del derecho de ocupación pudo hacer prevalecer su posesión y luego configurar su derecho de propiedad.

Un presente muy notable es el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, nave perteneciente a la flota del Imperio Español, hundida el 1804 en la batalla naval del Cabo Santa María propiciada por la Armada Británica en tiempos de paz. 203 años después la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration halló el sitio del hundimiento donde yacían los restos de esta fragata y comenzó sus labores de recuperación de las cargas descubierta. Poco tiempo después el Reino de España demandó ante un juzgado de Tamba, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos por sus derechos sobre este pecio invocando las normas del Derecho Internacional Público para reivindicar la propiedad y posesión del mismo por considerarlo protegido con inmunidad inmanente a naves de guerra, en este caso la fragata llevaba bandera del Imperio español.

La República del Perú consideró que también tenía derechos irrenunciables sobre ese tesoro al haber sido gran parte de las monedas acuñadas en la Ceca de Lima. El argumento más sólido de España fue demostrar que este galeón fue una nave de guerra con pabellón de la Armada Española, y por lo tanto inviolable según la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar (ONU) 2001, ratificada tanto por los Estados Unidos como por España.

Ahora es el turno del famoso Galeón San José, cuyo descubrimiento ha sido oficializado por el propio Presidente de Colombia José Manuel Santos dentro del mar territorial colombiano se presenta como un excelente caso de derecho internacional por la complejidad de las partes interesadas y sobre todo por los derecho configurados en favor de la empresa descubridora llamada Sea Search Armada. Hay de por medio muchas demandas de esta empresa “caza tesoros” contra el estado colombiano y muchas normas y declaraciones del Gobierno que han sido emitidas sistemáticamente para consolidar todos los eventuales derechos patrimoniales sobre el galeón y su cargamento. Coherente con esta política de estado Colombia no ha ratificado la Convención de París de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (UNESCO 2001). Por su parte, España pide que los restos de este galeón sean tratados como patrimonio subacuático invocando justamente los términos de esta convención.

En la pasada Megaconvención de Historiadores y Numismáticos Potosí 2016, que nominó a la Villa Imperial como el “Vaticano Mundial de la Numismática”, donde participaron los más célebres académicos del tema, se instaló una mesa jurídica presidida por el distinguido Dr. Manuel Villa - García Noriega, (Villa García - Noriega, Manuel 2016) para establecer una línea de estudios jurídicos que les permita a Colombia, Perú, Bolivia entre otros estados sustentar su interés legítimo sobre los pecios hundidos a lo largo de la historia, sobre todo con fines patrimoniales y culturales que favorezcan el estudio del monedas, barras y tesoros y su exhibición pública en museos y galerías temáticas.