Estudio: Las viviendas crecen más que la población

En Bolivia, la población estuvo creciendo a un promedio del 2,3% por año, mientras que las viviendas a una velocidad mayor, de 3,4%, lo que permite inferir que la situación de la vivienda tiene un “comportamiento deseable”, según el denominado “Análisis de Situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia”, escrito por René Pereira y Daniel López para la red Unitas.

Ese análisis aboga por que en Bolivia no solo se tenga el derecho a una vivienda, sino a la ciudad.

Viviendas vs. personas

¿Cuántas viviendas hay en Bolivia y cuántas personas tienen una? De acuerdo con datos del Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “El nuevo rostro de Bolivia”, la cantidad de viviendas aumentó en el país de 1.444.142 unidades en 1992 a 2.803.982 en 2012. 

En cambio, la población creció, en ese mismo lapso, de 6.421.963 a 10.059.856 habitantes.

Si se mide la velocidad de crecimiento, la población estuvo creciendo a un promedio anual de 2,3% y las viviendas a una velocidad mayor al 3,4%. “De esto se puede inferir que la situación de la vivienda tiene un comportamiento deseable, en la medida en que crecen más rápido las viviendas que la población”, se lee en dicho análisis.

Estas cifras no significan que todos los bolivianos cuenten con una vivienda. Si se desglosan, el 63,8% de las viviendas están en las ciudades y el 36,1% en el campo. Además, el déficit de vivienda en el país sigue vigente: de acuerdo con los censos, en 1992 llegaba a 43,8%, en 2001 a 9,8% y en 2012, a 13,5%.

¿Qué es Unitas?

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) es una red de 22 ONGs de desarrollo de Bolivia. •

Diferencia entre vivienda y casa

El estudio hace una diferenciación entre lo que es una casa y una vivienda.

Casa: Es vista como una mercancía material ofertable en el mercado.

Vivienda: Debe ser concebida como la ocupación del espacio destinado para la habitabilidad, que además debe cumplir una función social.

Ausencia de políticas de planificación urbana

Actualmente, el país vive una realidad en la que “las ciudades siguen creciendo con procesos de urbanización acelerados que no van acompañados de una política de ordenamiento territorial y procesos de planificación urbana”, según el “Análisis de Situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia”, de la red Unitas.

De ahí la necesidad de una política urbana adecuada, que no esté bajo el paraguas del nivel central sino de los municipios, principalmente, al ser ellos los que viven la realidad de cada una de sus poblaciones.

El nivel central debe continuar con la promoción y producción de viviendas, pero enmarcado en una política urbana no centralista y que no vea el territorio de manera utilitaria y mercantilista.

“El papel del Estado debe ser descentralizado en función a este rol, no obstante, paradójicamente a escala nacional, departamental y municipal, se mantiene el centralismo”, cuestiona el estudio.

Además, a este problema se suma que la producción de viviendas no emplea recursos estatales, sino aportes patronales y fondos propios. “A partir de esto se debería fiscalizar los recursos mediante el seguimiento y el control social”, se menciona en el texto, a través del cual se apunta a los municipios como los llamados a hacer este control por estar estrechamente relacionados con la gente.

Según el parágrafo I del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.

¿Quién debería producir la vivienda en un país?

De acuerdo con la conferencia Diálogos Urbanos (2018), que abordó esta cuestión, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil son quienes deben asumir este rol, con el reconocimiento del Estado, que debería respaldar con asistencia técnica y financiamiento.

Si bien actualmente hay un financiamiento para la vivienda social, “el Estado no destina recursos de los impuestos de los hidrocarburos en el sector vivienda y solo se financia éste con los aportes patronales”, agrega la conferencia.

El estudio aboga por que el Estado se enmarque en generar políticas irrestrictas de acceso a la vivienda social a través de políticas de crédito que contemple la gestión del suelo, derechos reales, servicios, créditos, impuestos, sistemas catastrales, sistemas de información y otros.

La vivienda en la política urbana

* Puede ser vista como una mercancía, que dependerá de la libre oferta y demanda del mercado (valor de cambio).

* Puede ser entendida como generadora de empleo desde el punto de vista economicista.

* Es un derecho humano. Por lo tanto, la vivienda es un espacio destinado para la habitabilidad que, además, debe cumplir una función social.

* La vivienda debe ser una competencia, principalmente, de los gobiernos locales.

* La producción de vivienda, eficiente y sostenible, debe ser competencia del nivel local–mu nicipal.

* Los gobiernos municipales deberían canalizar recursos de los aportes patronales y otros, para gestionar viviendas.

* En el caso de municipios pequeños, las gobernaciones deberían tener un rol importante en la provisión de vivienda.

Los avances de Bolivia en política urbana

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) elaboró el informe de país “Construyendo comunidades urbanas para vivir bien en el Siglo XXI”, que presentó en la Cumbre Hábitat III.

Por otro lado, desarrolló avances en los contenidos de la política integral de desarrollo de ciudades. Para ello, organizó diálogos de socialización y encuentros en diferentes urbes, lo que pone de manifiesto una apertura de esta repartición para un intercambio con la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

A partir de 2017 se inició el diseño de la política urbana desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Se avanzó en este propósito con la elaboración de un Programa de Desarrollo Integral de las ciudades, que se presentará en el 1er. Foro Urbano Nacional, a finales de octubre, en La Paz.

El “derecho a la ciudad” deviene en un desafío estratégico cuyo origen proviene de la agenda internacional y consiste en un derecho colectivo e individual para ejercer el acceso a la ciudad, haciendo que esta cumpla una función social.

Este paradigma aún no ha sido reconocido por la política pública, pero se constituye en un marco para que sea apropiado por la población y por los diseñadores de la política.

¿Observatorio?

Parece ser muy auspiciosa la creación de un Observatorio para el cumplimiento del derecho humano a la vivienda, que entre otros datos e indicadores confiables incluya servicios básicos, construcción y financiamiento, además de pensar en las posibilidades de un derecho colectivo de la vivienda.