A 50 años de la nacionalización de la Gulf Oil Co.

El 17 de octubre de 1969 se promulgó el decreto supremo de nacionalización de The Bolivian Gulf Oil Company. Uno de sus considerandos muestra las dimensiones históricas de la medida: “Que la empresa Gulf Oil Company se ha constituido en un nuevo Superestado, que dispone de un poder económico y político superior del Estado boliviano, incompatible con el principio y práctica de la soberanía nacional”.

A pesar del poder fáctico de la Gulf, se decidió su nacionalización y la reversión al Estado de todas sus concesiones petroleras, así como el inmediato control por las Fuerzas Armadas de todos sus campos y pertenencias y la intervención con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de todo el proceso técnico y administrativo de la explotación hidrocarburífera a cargo de la empresa norteamericana.

La nacionalización del petróleo, a diferencia de la de las minas de 1952 que recuperó yacimientos mineros casi agotados por entonces, afectó directamente a EEUU y recuperó la totalidad de las reservas gasíferas y petroleras para el país.

Era la segunda medida antiimperialista más importante de la historia —la primera se había dado con la nacionalización de The Standard Oil Co. en 1937— y demostraba que era posible derrotar el poder transnacional petrolero apoyado por EEUU. ¿Cuál fue el sentido final del proceso y cómo se construyó el proyecto de nacionalización?

La nacionalización fue la contratendencia al proceso desnacionalizador que se inició en 1952,  que siguió en 1956 con la aprobación del antinacional Código Davenport y que tomó forma autoritaria con el gobierno de René Barrientos en 1964, cuando se dispuso a entregar los recursos naturales bajo el “Sistema Mayo”.

La nacionalización de la Gulf, en esta perspectiva, no fue un hecho esporádico o aislado sino el corolario de un largo proceso político de reconquista del patrimonio nacional y el fin del Código Davenport, promulgado en 1956, proceso en el que Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga fueron los principales intelectuales del desarrollo de la conciencia nacional contra la entrega de los recursos naturales.

Davenport y superestado

Desde la expulsión de la Standard Oil en 1937, el capital norteamericano buscó acaparar nuevamente el petróleo en Bolivia, objetivo que consiguió en el gobierno del MNR.

En 1956, la aprobación del Código Davenport selló la liquidación de YPFB, entregando las áreas de reservas y consumando la falta de inversión en equipos petroleros para la empresa estatal. Esta ley derogó formalmente la de 1921 y marcó un retroceso al no establecer reglas de juego claras para la concesión, exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos del país. Respecto a las utilidades, fijó para el Estado apenas el 19% sobre la producción, lo que en términos generales significó 20% para el Estado y 80% para las compañías.

A todas luces fue un marco jurídico leonino para Bolivia y favorable para las empresas.

A partir del 23 de mayo de 1956, la Gulf Oil Co. tenía prerrogativas excepcionales para explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos del país. La redacción del Código por abogados extranjeros fue el leit motiv —señalado anticipadamente por Almaraz— para iniciar un juicio contra la Gulf y nacionalizarla.

La Gulf

Ingresó al país el 23 de mayo de 1956, un año después de promulgado el Código de Petróleo, mediante contratos de financiación de oleoductos y de operación que desvalijaron rápidamente a YPFB y al Estado boliviano.

Entre 1961 y 1962, Gulf Oil descubrió los pozos petrolíferos de Caranda, Colpa y Río Grande. Así quedó abierta la pugna: la Gulf exigió condiciones absolutas al gobierno del MNR y de Barrientos para adjudicarse el derecho de propiedad del gas y los oleoductos. Lo curioso del caso, recuerda Andrés Soliz Rada, consistió en que el antinacional Código Davenport no determinó con suficiente claridad si el gas descubierto en las concesiones petroleras pertenecía al Estado o a las compañías.

Para dejar clara la sumisión del Gobierno, en 1964 Víctor Paz Estenssoro condecoró con el Cóndor de los Andes al Presidente de la Gulf. Sin embargo, este gesto simbólico del poder sería insuficiente. Un golpe de Estado de Barrientos aseguró por otros medios la propiedad a la concesionaria iniciando la aplicación del «Sistema Mayo», el plan que contemplaba la entrega total de los recursos naturales del país al capital extranjero.

Vía soborno de la Gulf, Barrientos reinterpretó el Código de Petróleo aprobado por el MNR en sentido de que también comprendía el gas, aparte de los hidrocarburos líquidos. Desde ese momento el gas era de la Gulf y el Estado, un simple comprador. La desnacionalización alcanzó su clímax al adjudicarse la construcción del gasoducto a Argentina a la norteamericana Williams Brothers, junto a la Gulf.

En julio de 1968, se acordó con Gas del Estado de Argentina vender y comprar 15 millones de pies cúbicos de gas natural a un precio de $us 0,225 por mil pies cúbicos, durante un período de 20 años que se extenderían a 29. La cláusula tercera de Yaboc condenaba la participación de YPFB a la nada que establecía que los volúmenes de gas natural que por cualquier razón no pudieran ser suministrados por una de las empresas, deberá ser suministrado por la otra. Con este punto, la participación de YPFB se limitó a una formalidad, ya que la Gulf tenía el 90% de las reservas en sus manos.

En ese contexto, Almaraz lanzó la consigna de “no perder el gas y ganar el mercado argentino para YPFB”, para fundamentar luego que esta consigna alentaba la venta de gas por el país y en beneficio del país, no de las transnacionales. Este fue otro argumento clave para comprender el proceso de nacionalización de la Gulf, ocurrido en 1969 •

* Mirko Orgáz es Director de Hora 25

Nacionalización de la Gulf: la dimensión económica

En 1968, una junta militar a la cabeza del general Alfredo Ovando Candia tomó el Gobierno tras la muerte de René Barrientos. Ovando se apoyó en intelectuales entre los que se encontraba Marcelo Quiroga Santa Cruz, nombrado Ministro de Minas y Petróleo; el principal impulsor, junto a Sergio Almaraz, de la idea de nacionalizar la Gulf.

El 17 de octubre de 1969, el Gobierno decidió “la reversión al Estado de las concesiones otorgadas a la Gulf Oil y la nacionalización de todos los bienes e instalaciones de esa empresa que pasan a ser intervenidas por YPFB”. Ese fue denominado el «Día de la Dignidad Nacional».

En una corta y vibrante arenga, el ministro Quiroga, ante miles de personas congregadas en la plaza Murillo, denunció una campaña de intimidación y un bloqueo contra Bolivia: “Nos amenazan con la Enmienda Hickenlooper. Nos acaban de decir también que ha empezado a correr el plazo para la aplicación de la Enmienda Hickenlooper. También nuestro pueblo en este instante ha decidido que comience a correr el plazo de nuestra paciencia. No retrocederemos”.

El gobierno de Ovando no retrocedió. La Gulf exigió una cuantiosa indemnización. Quiroga respondió que “a Bolivian Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo boliviano...”.

Tras intensas negociaciones –bloqueo internacional de por medio– el Gobierno promulgó el decreto del 11 de septiembre de 1970, un año después de la nacionalización. Se fijó para la Gulf una indemnización de $us 101.098.961,11 –menos descuentos del 22%, $us 78.622.171–, suma establecida por la compañía francesa Geopetrole para pagar las inversiones netas, más los inventarios de la norteamericana.

Con la nacionalización se recuperó el 90% de las reservas de gas que estaban en manos de la transnacional, ganando para YPFB el mercado argentino, como lo había planteado Almaraz. El país terminó ganando $us 5.000 millones en reservas de gas recuperadas.

Un año después, el coronel Hugo Banzer consolidó un golpe de Estado y pronto favoreció los intereses de EEUU y Brasil. El 28 de marzo de 1972 aprobó la Ley General de Hidrocarburos, medida que otorgó nuevos privilegios a las transnacionales. A pesar de todo, la exportación de gas a Argentina se realizó por medio de YPFB, posibilitando enormes ingresos al tesoro de Bolivia en los siguientes 29 años.

Marcelo Quiroga realizó un diagnóstico de los beneficios de la nacionalización de la Gulf, ocho años después, en 1977: “En cuanto a las reservas de gas se refiere, Bolivia habría renunciado a la recuperación de ochenta y dos millones de metros cúbicos con un valor total (calculado sobre la base de un dólar el millar de pies cúbicos) de dos mil ochocientos noventa y nueve millones de dólares. Todo lo cual representa un valor de 5.711 millones de dólares, rescatados del dominio de la empresa norteamericana y puestos al servicio de la economía nacional”.

Un estudio de la medida, 25 años después, demuestra que los guarismos de Quiroga fueron conservadores. Miguel Ángel Hernández, citado por José Ortiz Mercado, afirma que la nacionalización de la Gulf representó de 1970 a 1995, entre impuestos, regalías, subsidios y utilidades netas, un total de $us 10.746.586.116,64. Hernández hace un contraste de lo que hubiera sido para Bolivia mantener el Código Davenport y las concesiones de explotación a la Gulf. Solo hubiésemos recibido $us 623.494.633,04.

Aún más, la nacionalización de la Gulf permitió recuperar el mercado argentino para el Estado boliviano, tal como lo había planteado Almaraz.

La nacionalización de la Gulf en 1969 comprobó, como dice Daniel Yergin, que “el control de, o por lo menos el acceso a grandes fuentes de petróleo ha constituido desde antiguo un auténtico premio estratégico. De eso no puede haber duda. Permite a las naciones acumular riqueza, alimentar sus economías, producir y vender artículos y servicios, construir, comprar, trasladar, adquirir y fabricar armas, y ganar guerras”.

Crítica al Código petrolero

El diputado Quiroga Santa Cruz resumió en una intervención congresal, el año 1966, sus críticas al Código Davenport. Señaló:

1. Compañías extranjeras redactaron el Código del Petróleo.

2. El régimen tributario de excepción establecido es inaceptable por la exigua participación del Estado en las utilidades.

3 El factor agotamiento, deducible de las utilidades, despoja al Estado del dominio originario de las riquezas naturales.

4. El procedimiento establecido para la solución de los litigios entre el Estado y las empresas vulnera el principio de la soberanía nacional.

5. No garantiza reservas para las necesidades nacionales por un tiempo mínimo de 15 años.

6. El derecho de propiedad sobre el gas no ha sido taxativamente definido por el Código de Petróleo.

7. Las reservas gasíferas del país son el más grande recurso energético con que cuenta Bolivia para el desarrollo de su economía y, por ello, su explotación, transporte y comercialización deben ser tareas privativas del Estado para el desarrollo con soberanía y en libertad.