El decreto invencible

“Ciudadanos: Bolivia se nos muere”.

Habían pasado las 18:00 de aquel jueves 29 de agosto de 1985 pero el sol, que ya rozaba el horizonte, iluminaba tanto que parecía media tarde.

Para nosotros, colegiales, lo que Víctor Paz Estenssoro decía, en aquella pantalla cuadrada del televisor, en colores que no se decidían a agarrar su tono, no tenía ningún sentido.

Lo supimos al año siguiente, cuando las protestas ganaron las calles y los gases lacrimógenos se convirtieron en parte del paisaje urbano. Además, los padres de muchos de mis conocidos, que eran mineros, dejaron de trabajar y la noticia más comentada era el cierre de la Corporación Minera de Bolivia y la “relocalización”. En las marchas, que se reproducían en todas las ciudades, se hablaba del “decreto maldito”, el 21060 que estaba liquidando la nación que el mismísimo Paz Estenssoro había ayudado a forjar en 1952.

El decreto había cambiado a Bolivia en demasiados sentidos. El efecto inmediato fue el freno a una hiperinflación que inundó el país con billetes —y cheques de gerencia—, pero lo que se vino después fue una ola de protestas que solo fueron aplacadas con un estado de sitio. Paz Estenssoro decía, entonces, que la norma iba a ser temporal, pues solo debía durar 20 años. Ya en la universidad, mis catedráticos abogados destriparon el decreto al que comencé a entender recién, como el resto de los bolivianos.

Lo primero que nos dijeron en las aulas es que el 21060 era inconstitucional, porque atentaba contra varios de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, y también se criticaba el hecho de que, siendo apenas un decreto, se haya puesto encima de todo el ordenamiento legal de entonces, e incluso de la propia Carta Magna.

Y, si lo revisamos ahora, con la calma que da el transcurso de 36 años, encontraremos que, en efecto, el 21060 fue como una constitución paralela porque regulaba casi todo, hasta los feriados.

El gobierno del MNR, que fue el instrumento partidario de su implementación, lo bautizó con el nombre de “Nueva Política Económica” y eso fue, en verdad, porque reemplazó el modelo estatista por uno liberal, y de nuevo cuño. Era el surgimiento del neoliberalismo.

Todavía hoy, no existe acuerdo para definir cuáles fueron —y todavía son— los pilares del modelo económico neoliberal. Carlos Mesa, que fue uno de sus defensores, lo divide en seis puntos, la Fundación Konrad Adenauer en tres y Jorge Ocsa en ocho. 

Todos se refieren a libertad de precios, libertad del mercado de créditos y libertad de contratación. La palabra libertad aparece por doquier pero todo se reduce a un concepto: libre mercado.

Las medidas fueron bien recibidas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia “que paralelamente recibió una donación de 2 millones de dólares de USAID" (OCSA: 2015). Tenían motivo para festejar porque, a partir de ahí, podían despedir libremente a sus trabajadores, aunque la constitución de entonces y la Ley General del Trabajo no lo permitían y hacía apenas tres años que la Organización Internacional del Trabajo había aprobado el convenio 158, que prohibía los despidos injustificados.

La impopularidad del “decreto maldito” dio lugar a que, en sus ofertas electorales, los partidos políticos prometieran derogarlo, pero ninguno lo hizo. Jaime Paz Zamora, que fue uno de sus principales críticos, aseguró haberlo enterrado pero la verdad es que se sumó a la línea de gobiernos neoliberales.

El gobierno que más hizo para afectar al 21060 fue el de Evo Morales, que promulgó el Decreto Supremo 28699, que dispuso “derogar el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 21060 y el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 22407” que eran las bases de la libre contratación. A partir de ahí, despedir trabajadores ya no es tan fácil pero los empresarios, e incluso los diferentes niveles de gobierno emplean gente “a contrato”, por no más de 89 días, y logran burlar la norma.

Pero la verdadera columna vertebral del 21060 es la libertad de mercado, basada en la libre oferta y demanda, y esta se mantiene imbatible incluso 36 años después ya que, con las excepciones establecidas por la norma, los precios los fijan los ofertantes.

Bolivia no se muere y el principal soporte del Decreto Supremo 21060 se mantiene incólume; por tanto, es obvio que este no ha sido enterrado, ni mucho menos derrotado •

 

 

(*) Juan José Toro es presidente 2018-2020 de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).