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EL RIESGO PARA LOS NIÑOS ES CADA VEZ MAYOR

Crecer sin familia

El riesgo de perder el cuidado parental es un problema latente y en expansión en el país a raíz de los factores de riesgo estructurales como la pobreza, la migración, la discriminación, la deficiente inversión social y la sociedad machista.

El riesgo de perder el cuidado parental es un problema latente y en expansión en el país a raíz de los factores de riesgo estructurales como la pobreza, la migración, la discriminación, la deficiente inversión social y la sociedad machista. Hay otros factores mitigables, como deficientes recursos económicos por falta de empleo, falta de acceso a vivienda y servicios básicos, hacinamiento, bajos niveles de educación, consumo de alcohol y drogas, la violencia intrafamiliar y la falta de atención a los problemas de salud de los padres y madres.   

Cifras que duelen 

Según el estudio “Cada niña y niño cuenta” (2017), que hizo la Universidad Católica Boliviana en alianza con Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, más de 660.006 mil niñas y niños se encontraban como población en riesgo de perder el cuidado familiar; 274.000 vivían en familias ampliadas o con otras personas.  

Además, se identificó que, en los municipios de Sucre y Potosí, 87.730 niñas y niños viven en niveles altos de riesgo social, incrementando sus probabilidades de perder el cuidado de sus familias.  

Según datos del Ministerio de Justicia, 5.678 niñas y niños viven de manera circunstancial o permanente en centros de acogida.  

Por otra parte, entre 2017 y 2021 no se realizó más investigaciones de la pérdida del cuidado familiar del grupo etario mencionado y su actual situación.

 Lo que provocó la pandemia  

Con la llegada de la pandemia y sus efectos, se cree que los factores de riesgo preexistentes se hicieron más fuertes porque la situación económica, laboral y de salud de las familias se ha deteriorado.  

También se han hecho más visibles las situaciones de violencia. Así, se agudizó la precariedad de vida de casi un millón de niñas y niños que estaban en riesgo de perder el cuidado de sus familias en el país.  

Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Potosí, en el primer semestre de 2020 (justo cuando inició el encapsulamiento por la pandemia), se atendió 13.123 casos en Bolivia, entre feminicidios, tentativa de feminicidio, tentativa y violación de niños, niñas y adolescentes, violación de niños, niñas y adolescentes y violencia familiar o doméstica. De ese número, 421 casos corresponden a Chuquisaca y 752 a Potosí. 

En ese periodo, la tensión entre parejas de familias ensambladas (uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Pueden ser viudos, divorciados y madres solteras) y las dificultades por la insuficiente educación que tienen se hicieron evidentes. 

Esto se observó en el requerimiento creciente de atención a las parejas en la Unidad de Asistencia Social a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Recibieron 1.600 solicitudes entre el 2019 y 2020. 

Un estudio realizado entre 2020 y 2021 para el proyecto de Fortalecimiento Familiar en Sucre, que se ejecuta entre el Gobierno Municipal de Sucre y Aldeas Infantiles SOS, constató que durante la pandemia la economía familiar decayó, pues gran parte de los ingresos provienen del comercio informal, que no proporciona ingresos fijos y no cubre sus necesidades básicas, incrementando el estrés en la familia. 

Además, los roles de la mujer relegados al cuidado familiar se afianzaron y el hacinamiento y la convivencia diaria de los miembros de la familia ocasionaron roces y agresiones psicológicas y físicas.  

Por si fuese poco, se restringió la atención de los servicios de protección municipal. Asimismo pasó en el sector de salud: se redujo la atención para otras patologías que no fuesen covid-19. 

La ampliación de la estadía de los agresores en sus hogares, junto a los menores de edad, aumentó la frecuencia de agresiones. También se redujeron las oportunidades para que las víctimas realicen denuncias.  

Por otra parte, las entidades de protección del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre han reducido sus presupuestos y personal.  

Datos que llaman la atención 

Según el Ministerio Público, en Bolivia se registró 66 infanticidios en 2019, ese número bajó a 51 en 2020 por la emergencia sanitaria y las nuevas disposiciones.  

Hasta agosto de 2021 se perpetró 27 infanticidios, casi cuatro muertes por mes. La mayoría de las víctimas perdieron la vida en manos de sus madres, padres y padrastros y el grupo etario de mayor prevalencia es de 1 a 5 años, seguido de menores de un año. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud reportó la muerte de más de 18 mil personas a nivel nacional. En este contexto, según la Defensoría del Pueblo, un estimado de 1.659 niños, niñas y adolescentes perdieron el cuidado de sus familias. 

Si bien la muerte por covid-19 es un nuevo factor de riesgo para la pérdida del cuidado familiar, siguen latentes las que ya había: alcoholismo, migración, falta de empleo, violencia, entre otros, y la pandemia agudiza estos factores. 

Efectos de la pérdida del cuidado familiar 

“Si los niños y niñas no tienen el cuidado y protección familiar adecuados, terminan creciendo en situaciones adversas, se vulnera sus derechos y se apaga su potencial individual para tener éxito en la vida. A medida que los niños crecen, supone un costo mayor para los servicios públicos del Gobierno, ya que prevalecen los índices de violencia, baja la calidad de la educación, aumenta la desnutrición y hay más problemas de salud, que persisten con el tiempo”, explica Paola Chirino, gerente de Programa en Sucre Aldeas Infantiles SOS en Bolivia.  

“Desafortunadamente, miles de niñas y niños están en riesgo de perder el cuidado de sus familias y no pueden crecer como lo que son, niñas y niños. Si esto continúa, jamás podremos alcanzar los objetivos globales como los ODS o superar las desigualdades”, añade Chirino.  

Riesgos 

Cuando los niños y niñas crecen sin cuidado familiar de calidad, existe el riesgo de que la sociedad asuma ciertos gastos como la pérdida de la productividad económica en su edad adulta, lo que influye, por ejemplo, en una falta de aporte financiero al sistema fiscal.  

Subvenciones de la asistencia pública o subsidios a programas institucionales. Asistencia sanitaria para enfermedades que pueden prevenirse. Violencia y abuso intergeneracional.  

Delitos, tanto en lo que respecta al costo del crimen en sí como a las necesidades que debe cubrir el sistema de justicia penal.  

Sin duda, hay costos efectivos derivados de esta problemática a nivel familiar, social y gubernamental, y estos costos cada vez son más altos. Es decir, a mayor vulneración del derecho a un cuidado familiar adecuado de los niños, hay mayores costos y menos probabilidades de éxito como sociedad.  

Además, los niños y niñas que no pueden aprender, madurar y desarrollar destrezas para la vida, tienen más dificultades para encontrar un empleo y convertirse en miembros participativos y contribuyentes de la sociedad.  

Si llegan a ser padres, es posible que no sepan cómo proporcionar a sus hijos la estimulación y el apoyo que necesitan para desarrollar, con lo que es posible que los efectos perjudiciales se extiendan a la siguiente generación.  

En cambio, cuando los niños y niñas reciben cuidado y atención pueden prosperar y desarrollar. A largo plazo, cada uno de estos costos se convierte en un beneficio para la sociedad. Existe un claro rendimiento para ellos mismos y la sociedad con el paso del tiempo.  

El derecho a vivir en familia  

La Convención de los Derechos del Niño contempla en su artículo 6 el derecho de vivir en familia como uno de los derechos fundamentales para las niñas y niños de todo el mundo. 

“Es importante asumir conciencia sobre el efecto del cuidado. Cuando un niño o niña es bien cuidado y protegido por su familia, la comunidad y la sociedad, el niño o niña crece sanamente y tiene más probabilidades de tener éxito, lo que beneficia a toda la sociedad en su conjunto. En cambio, si hay niños y niñas que no tienen un cuidado adecuado, corren más riesgo de perder a su familia y tienen una afectación traumática más profunda, y esto influye la calidad del desarrollo humano de un país”, expresa Dubeiza Sossa, gerente de Programa en Potosí de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia. 

La respuesta ante la problemática del riesgo de la pérdida del cuidado parental es una familia, por ello se deben centrar esfuerzos y articular acciones que fortalezcan a las familias como espacios seguros, afectivos y protectores en donde las niñas y niños puedan crecer y desarrollarse en plenitud alcanzado la mejor versión de sí mismos. 

“Articular esfuerzos también implica el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas vía proyectos, programas o acciones centradas en la prevención de la pérdida del cuidado parental y familiar, centrar la mirada en la respuesta al contexto adverso en el que se encuentra gran parte de las familias, es una nueva forma de plantearse el desarrollo municipal y regional”, manifiesta Chirino •


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