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SUS DERECHOS SON VIOLADOS DIARIAMENTE

Mamá Tierra

En estos últimos años, la intensificación de las políticas extractivistas en las operaciones hidrocarburíferas, mineras y agroindustriales en Bolivia viola los derechos de la Madre Tierra. El Gobierno es el principal artífice de esta situación. De ser su principal defensor, pasó a ser su verdugo.  

Mamá Tierra
La actividad minera genera la contaminación del agua en el río Tuichi, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Cedidas

En estos últimos años, la intensificación de las políticas extractivistas en las operaciones hidrocarburíferas, mineras y agroindustriales en Bolivia viola los derechos de la Madre Tierra. El Gobierno es el principal artífice de esta situación. De ser su principal defensor, pasó a ser su verdugo.  

NEl Día Internacional de la Madre Tierra se conmemoró el viernes 22 de abril. El objetivo de ese día es ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático y proteger la Tierra para las generaciones futuras. 

Willy Llanque, coordinador de la Red Eclesial de la Panamazonia - Bolivia (Repam), y a la vez secretario ejecutivo de esa institución, manifiesta que en Bolivia no se respeta ni defiende los derechos de la “casa común”; por tanto, la dinámica y el sistema de la Madre Tierra están siendo alterados de manera muy peligrosa. 

La información científica advierte constantemente que los límites del planeta han sido superados y la capacidad de auto regeneración de la Madre Tierra está siendo afectada.  

Dice que el cambio climático es una prueba irrefutable de las alteraciones provocadas por los malos hábitos de vida de los humanos que están “exprimiendo” de manera permanente los recursos naturales. 

En el caso de Bolivia, debido a las políticas extractivistas de una economía basada en los recursos naturales, desafortunadamente no se mide las consecuencias para el futuro.  

En este sentido, las afecciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas son más que evidentes. Una prueba de ello es la contaminación de ríos con mercurio en la Amazonía.  

Intensificación de políticas extractivistas 

Llanque afirma que en los dos últimos años se intensificaron las políticas extractivistas y los intereses generados por la extracción del oro. En este marco, la mayor contaminación minera en Bolivia se debe al uso descontrolado de mercurio en la explotación del oro. 

Distintos estudios muestran que en Bolivia se consume más de 100 toneladas anuales del metal líquido muy dañino para la salud. 

Esas 100 toneladas pasan al ecosistema del país a través de los ríos y no se desarrolla acciones preventivas y de cuidado para contrarrestar esa situación. 

Según las Naciones Unidas, Bolivia consume mucho mercurio, pero la cosa no queda ahí: además, el territorio sirve de tránsito para que ese metal ingrese en calidad de contrabando a otros países donde la regulación no permite su libre comercialización.  

En criterio de Llanque, Bolivia ya debió dejar de importar ese material respetando el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Escazú).  

“Se puede decir que no hay conciencia sobre el daño que se hace al medio ambiente y a los propios mineros en la extracción del oro”, expresa el experto.   

El octavo país más biodiverso  

Bolivia tiene una extraordinaria biodiversidad: a nivel mundial ocupa el octavo puesto en cuanto a la diversidad biológica del planeta.  

Por ejemplo, alberga hasta 3.000 especies de vertebrados, entre ellos hay 422 especies de mamíferos, 642 especies de peces, 1.450 especies de aves, 378 especies de anfibios y más de 300 reptiles, junto con varios miles de especies de plantas, sobre todo en la Amazonía boliviana. 

No obstante, con la ampliación de la frontera agrícola, los nuevos incentivos a la economía y a la exportación de carne, la Amazonía se reduce cada vez más.  

“Lamentablemente no tenemos datos precisos de cuántas especies están siendo eliminadas, pero sabemos y conocemos que la ampliación de la frontera agrícola está eliminando espacios y sistemas de vida que a la larga provocará problemas serios”, manifiesta el profesional. 

Para muestra basta un botón: la sola eliminación de los microbios afecta a la cadena alimenticia de varios animales. Entonces, hay que considerar de manera seria estos procesos económicos que están afectando el futuro. 

Un dato preocupante es que Bolivia ocupa el cuarto lugar en tala extrema de árboles. Los datos que maneja Global Forets (aplicación web de código abierto para monitorear bosques globales en tiempo casi real) indican que entre 2002 y 2020 Bolivia perdió el 51% de la cobertura de árboles.    

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2000 y 2020, la superficie cultivada en el país se incrementó de 1.9 millones a 3.88 millones de hectáreas.  

Esta situación ha sido impulsada para la mayor siembra de girasol, frijol, sorgo, soya y alfa alfa que se usa para la alimentación del ganado productor de carne y el hato productor de leche, entre otros. 

El Gobierno anunció que esa expansión continuará hasta alcanzar los 10 millones de hectáreas proyectadas para el 2025. 

Además, se amplía la frontera agrícola para la producción agroindustrial, en este caso para biocombustibles, y se hace a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), especialmente en el Departamento de Santa Cruz. 

Contempla al menos 100 mil hectáreas adicionales de caña de azúcar para la producción de etanol y 250 mil hectáreas más de soya, para la producción de biodiesel. 

Solo un discurso

Raúl Velásquez, analista de Hidrocarburos y Energías de la Fundación Jubileo, recuerda que desde antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se anunció varias políticas de defensa de la Madre Tierra; sin embargo, con el paso de los años solo quedó como un discurso más. 

Dice que hay varias muestras de ello: la primera es que el país apostó por el extractivismo, acción que data no solo desde 2009 sino de mucho tiempo atrás.  

En el caso del sector de hidrocarburos, se fueron emitiendo siete decretos supremos orientados a reservar nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB desde 2007. 

Esas determinaciones ocasionaron la ampliación de la frontera de exploración de hidrocarburos en Bolivia, que antes solo se limitaba a Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba (conocida como zona tradicional). 

Con los decretos supremos, la actividad hidrocarburífera se expandió a todo el territorio nacional, incluyendo a La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando, donde antes no se registraba. 

Por si fuese poco, la exploración se fue agudizando más desde 2015, ya que cerca del 35% de los ingresos fiscales que recibe el Gobierno general (nivel central más los niveles subnacionales) proviene de la explotación de hidrocarburos. 

Según Velasco, eso ocasionó una enorme dependencia fiscal del nivel central y los niveles subnacionales al sector público, resultado de la política hidrocarburífera implementada en Bolivia desde mayo de 2005 con la ley 3058. 

La agudización entre 2010 y 2015 es el resultado del súper ciclo de precios internacionales del petróleo que impulsó el precio de exportación del gas natural, haciendo que Bolivia reciba un flujo inédito de recursos fiscales, beneficiando en gran manera al nivel central y niveles subnacionales. 

Empero, desde 2015 comenzó a caer la producción de hidrocarburos y, por ende, la dependencia fiscal alta. De esa manera se empezó a generar políticas desesperadas para recuperar los niveles de producción. Sostiene Velasco. 

En ese contexto, la producción comenzó a caer en 2016 como resultado de la falta de exploración en Bolivia. 

Es decir, hasta 2015 hubo una explotación rápida de los campos Sábalo, San Alberto, Margarita y Huacaya, reservorios que fueron descubiertos entre finales de los 90 y principios de 2000. El único campo nuevo fue Incahuasi, que comenzó a producir en agosto de 2016. 

En 2015, el gobierno de Evo Morales emitió el decreto supremo 2366 que autoriza la exploración en parques naturales que, según Velasco, es una de las políticas más contradictorias que se puede encontrar en la historia de los hidrocarburos sobre el tema de la protección de los derechos de la Madre Tierra, porque en este momento se está autorizando como país la exploración en parques naturales. 

Desde 2007 hasta la fecha hay más de 106 áreas reservadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el país; de ese número, 15 están sobrepuestas a parques naturales que provocan conflictos sociales en territorios, como el caso de la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía en Tarija.  

Allí están sobrepuestas las áreas de exploración Astillero y San Telmo que responden a la urgente necesidad de explorar hidrocarburos para generar ingresos fiscales de los cuales el país tiene una enorme dependencia. 

Así, la política de protección y defensa de la Madre Tierra solo quedó como un enunciado político, dice Velasco. 

Dependencia energética 

Asimismo, se puede hablar de una dependencia energética respecto a la explotación de hidrocarburos, toda vez que cerca del 96% de la matriz energética boliviana está basada en fuentes fósiles.  

En este marco, cerca del 71% de la generación de electricidad en el país proviene de fuentes fósiles, fundamentalmente el gas natural que alimenta a las termoeléctricas. 

Entonces, la dependencia de los hidrocarburos es doble: fiscal y energética. Velasco dice que, si bien hay algunos avances que buscan otras fuentes de energía, como las dos fases del parque Solar en Oruro, el parque Solar de Cobija o los Parques Eólicos de Cochabamba y Santa Cruz, todavía son proyectos muy pequeños para reemplazar a las fuentes fósiles. 

Actividad minera 

En el tema de minería, organizaciones civiles, organizaciones sociales y actores políticos continuamente hicieron denuncias sobre el preocupante avance de la minería ilegal en el norte del país, en el Madidi.  

Velasco indica que, si bien el sector minero no realiza un aporte significativo en términos fiscales, como ocurre con los hidrocarburos, sí contribuye en la generación de dinámicas económicas y generación de empleo (pero empleo informal y en muy malas condiciones). 

Además, es una actividad que no le da un beneficio económico o social al país, sino más bien deja costos ambientales para las comunidades.  

Efectos 

Está claro que Bolivia no es uno de los países que más contamina con emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, así como las grandes economías del mundo, pero actualmente sí sufre, como país, los efectos del cambio climático en diferentes regiones. 

Si avanza el objetivo de ampliar la frontera de explotación de recursos naturales como los hidrocarburos, es un ecosistema que afecta al medio ambiente y a la generación de agua, como en el caso de Tarija. 

El experto aclara que, cuando se habla de medioambiente, también se relaciona con los ecosistemas que están ampliamente interconectados con otras regiones. No se puede negar un problema que ya es evidente a nivel mundial, agrega. 

Opina que Bolivia debe embarcarse en una doble transición respecto a los hidrocarburos, o sea, fiscal y energética, que deben ir de la mano. 

Además, tiene que haber una diversificación económica, pasar de lógicas de economías lineales a economías circulares, donde se pueda reutilizar y reciclar varios componentes de la producción de los insumos que se usa en la economía nacional. 

“Creo que es importante abrir el debate para solucionar los problemas estructurales que originan los problemas ambientales que son la diversificación económica, empleo y generación de ingresos fiscales, todo ello enmarcado en una política ambiental coherente que vaya más allá del enunciado y que pueda ser aplicable por los diferentes niveles del Gobierno”, concluye•


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