Silala: lo que viene

El 18 de abril del 2022, después de concluir los alegatos orales de la demanda internacional sobre el caso Silala, entre Bolivia y Chile, la agente chilena Ximena Fuentes señaló que el fallo de La Haya será positivo para ambos países (uso equitativo), en tanto ahora el tema central ya no gira en torno a si es río o manantial, ahora se trata de determinar cuánta cantidad de agua natural y cuanta de artificial, ingresa desde Bolivia a Chile. Dicha postura, asumida también por nuestro país, está sustentada en el estudio científico que realizó el Instituto de Hidráulica Danés (IDH), que determinó que las aguas de las vertientes del Silala sí ingresan subterráneamente al país trasandino. 

Hay que reconocer que, a pesar de haber evidenciado en el terreno mismo que el agua superficial de las vertientes no llegaba a Chile, coincidiendo con la postura de la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Comité Cívico Potosinista y otras instancias del Estado Plurinacional de Bolivia; de pronto, nos enfrenta a esta evidencia del IDH, de mucho peso en el ámbito científico. Es de saber que fue el gobierno central quien contrató esta consultora internacional para realizar estudios y ayudar a Bolivia a demostrar la tesis de que el Silala no es un río internacional, sino vertientes que no fluyen naturalmente hacia Chile. Dichos estudios fueron realizados el 2017 y 2018, con participación de científicos expertos en recursos hídricos de alto nivel. Los resultados no fueron los esperados; al contrario, sorprendieron a propios y extraños. Para Chile mismo fue algo novedoso, en tanto su carencia de estudios a ese nivel.

El resultado de la IDH, que responde —repetimos— a una postura científica, no será fácil de evadir en el fallo mismo de La Haya, a pesar de que sus propios estatutos señalan y demandan trabajo de campo en el sitio en controversia; esto deberá ser aceptado o contrastado solo con otros estudios, con el mismo nivel de conocimiento a partir, por ejemplo, del Comité Cívico de Potosí, que, de hecho, ya señalaron sus dirigentes, no aceptará el fallo del organismo internacional, si es negativo a los intereses del Departamento. Dichas aseveraciones, al parecer no se hicieron manifiestas con un documento formal ante el Estado y otras instancias internacionales, solo respondieron a la retórica que, al parecer, no tienen asidero ni sustento legal; menos responde a evidencias o estudios a ese nivel, que, repetimos, contrasten los estudios de la IDH, que hizo simulaciones, perforaciones, mediciones de cauce, comportamiento de cuencas, de aguas subterráneas y temporalidades.

¿Qué hacer frente a esta coyuntura? El tema tiene ahora otro matiz de fondo. En la fase de alegatos orales llevados a cabo desde el 1 al 18 de abril del 2022, Chile también sostuvo que el flujo artificial que se genera por la construcción de los canales construidos en 1908 solo es del 1 a 3 por ciento, mientras que Bolivia, sostuvo que es del 33%. Señalamos esto, en la medida de que Potosí, a través de su Comité Cívico, rechazó el preacuerdo entre ambos países en el 2016, cuando Chile planteaba el pago del 50 por ciento de la deuda histórica por las aguas del Silala, y que el otro 50 % lo haría gradualmente; con esta actitud se habría privado al Departamento de Potosí, de muchos millones de dólares, con el argumento de que aquel país, debería cancelar el monto total de la deuda.

A pesar de que no se puede anticipar el fallo de La Haya, no es responsable evadir las dos posibilidades existentes; pues ambos países están conscientes que ahora el objeto de estudio de la demanda habría cambiado de curso. Se presenta con esto, nuevos escenarios, como el caso de la deuda histórica, que casi no se abordó en la fase final de la demanda (alegatos orales), más allá de señalar que responde a un tratamiento entre la empresa privada y el Departamento de Potosí, que es el que concesionó, en 1908, a la Railways el uso de las aguas del Silala para el funcionamiento exclusivo de las locomotoras, no para otro fin. 

Es el ente cívico el que tiene que abanderar el tratamiento de este tópico tan delicado, recurriendo a entendidos en el tema y en base a dos aspectos: primero que el contrato de 1908 y el uso exclusivo que se otorgó a la empresa ferroviaria inglesa, puedan demandar o, en su caso, negociar entre partes el pago de la deuda histórica, en el ámbito del derecho privado, sin involucrar (aparentemente) al Estado, tal cual rezan los alegatos expuestos por las dos partes en el mes de abril pasado; el segundo gira en torno al posible uso equitativo entre ambos países de las aguas del Silala y que Chile, principalmente, se apoya como argumento científico y jurídico en los estudios de la IDH. Se debe recordar sobre esto, que quedó expresamente demostrado en esta fase final de la demanda, que Chile no realizó dichos estudios y, por lo tanto, tiene desventaja frente a Bolivia, que sí lo hizo.

Por otra parte, de la demanda chilena (2016) y la contrademanda boliviana (2018),  surgió la posibilidad de que los canales artificiales construidos el siglo pasado, como lo afirma la misma agente de Chile, puedan sean destruidos, desmantelados, señalando que “Bolivia tiene soberanía sobre su territorio; por lo tanto, sobre los canales artificiales, que pueden ser destruidos, pero con el debido cuidado que se deben dos Estados vecinos y con una notificación previa a Chile, ya que este país ve con buenos ojos esa intención, ajustada al Derecho Internacional y, con esto, tener la posibilidad de que Bolivia pueda restaurar el humedal que había en esa zona”. Este es otro aspecto a tomar muy en cuenta en tanto implica el caudal que discurre por los canales, siendo el agua el recurso más valioso en todo el planeta.

Sobre el tema del humedal en aquel territorio, hay que resaltar que las vertientes del Silala están comprendidos entre la lista de los sitios Ramsar, sencillamente porque son considerados humedales que tienen mucha importancia en el mundo y que tienen que ser protegidos. Es de saber que la Convención de Ramsar identifica humedales de importancia internacional, especialmente aquellos que proporcionan hábitat para aves acuáticas y otras especies. El Silala, al cumplir este requisito, puede convertirse en un importante polo de desarrollo turístico que atraiga miles de visitas, porque los humedales asociados a los ecosistemas son altamente productivos, al proveer servicios como agua, alimentos, materias primas, protección de la flora y la fauna, el transporte, la recreación, entre otros, que procura un adecuado manejo del turismo en los humedales y sus alrededores.

Según estudios antes y después de 1908, las aguas del Silala dieron lugar a la existencia de un gigante bofedal, con alrededor de 200 ojos de agua con abundante vegetación y variada fauna del lugar que desaparecieron por la canalización artificial de las aguas. Cuán importante será determinar si el porcentaje de agua que requería este humedal, entonces, era del total o una parte; lo cierto es que, de manera estratégica, es una posibilidad de que Bolivia empiece a utilizar las aguas del Silala con el objetivo altruista de restaurar a la madre naturaleza, concibiendo un plan de remediación ambiental a la mayor brevedad posible. 

Surge acá la siguiente interrogante: ¿Estamos preparados para el día después del fallo final de La Haya? Parece que el Comité Cívico y otras entidades vivas de Potosí están esperando que el Estado proceda y proponga qué hacer con las aguas del Silala. Ya lo dijimos: por cómo están aconteciendo los hechos, al parecer está en manos de este Departamento el futuro del Silala, se tiene que preparar las estrategias a seguir y asumir con mucha responsabilidad este proceso, evadiendo politizar su tratamiento y exigiendo responda a una política de Estado sobre el tema del agua, más aún, cuando se trata de aguas fronterizas y su correspondiente vinculación con la soberanía nacional, como el caso del Silala •

(*) Gustavo Morales es socio de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).