Incubando criminalidad

Desintegración familiar, disputas familiares, negligencia, abuso o ausencia de supervisión adecuada de los progenitores, fácil acceso al alcohol y drogas, pueden relacionarse con el hecho de que niños y adolescentes incurran en conductas ilícitas.

Todos los días se ve en las calles a niños, niñas y adolescentes vendiendo dulces u otros productos, hasta avanzadas horas de la noche, expuestos a diferentes peligros.  

Tienen variedad de argumentos para hacerlo: unos no tienen quién los apoye para cubrir sus necesidades más básicas de sobrevivencia; otros deben ayudar en la economía familiar pese a ser menores de edad; para algunos es un acto de rebeldía, quieren independizarse de sus progenitores; otro tanto deben llevar sí o sí dinero a sus casas para evitar ser castigados por sus padres o padrastros que se apropian de sus ganancias para comprar alcohol. Esa es su dura realidad.   

Por esas razones y otras más permanecen en las calles, lugares poco adecuados para albergar a menores de edad; al contrario pueden ser una “escuela” de malos aprendizajes ya que allí se pueden relacionar con malhechores y aprender una serie de mañas, convirtiéndose en potenciales delincuentes en un futuro cercano.  

¿Qué es la delincuencia juvenil?  

El abogado Ronald Ponce define a la delincuencia juvenil como la participación de menores de edad en la comisión de delitos. O sea, cuando las acciones de un menor resultan peligrosas para la sociedad y para sí mismo, puede ser un delincuente.  

Cifras preocupantes  

De acuerdo con datos provenientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), tres de cada diez estudiantes en Bolivia consumen alcohol. La edad promedio en la que inicia el consumo es 17 años.   

Es por eso que en oficinas de las Defensorías son frecuentes los casos de adolescentes que consumen alcohol o sustancias controladas y de padres que perdieron autoridad sobre sus hijos.  

Las causas son múltiples, pero la mayoría tienen relación con familias disfuncionales y falta de atención. En cada caso, el área psicológica debe determinar si el problema radica en el adolescente, la familia u otras causas.  En enero de 2023, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, informó que el año pasado se registró 1.578 casos de adolescentes en conflicto con la ley, 351 más que los 1.227 registrados en 2021.  

Por su parte, Wilson Urquizu, coordinador de las Defensorías de Sucre explica que en 2022 las defensorías atendieron 143 casos de problemas de conducta, 57 de consumo de bebidas alcohólicas, 7 de bullying y 3 de consumo de sustancias controladas.  

Características de un adolescente delincuente

Según la psicóloga Denise Hinojosa, por lo general tienen un bajo nivel cultural respecto a conocimientos y capacidad de aprendizaje. Su poca noción de la realidad les conduce a practicar comportamientos asociales. Reaccionan impulsivamente, no reflexionan y carecen de habilidad para las relaciones sociales.  

Agresor en potencia  

Hace unos 11 años, un día cualquiera, apareció en las céntricas calles de Sucre un niño de apariencia bonachona, piel morena clara, de contextura gruesa, cabello ensortijado y voluminoso.  

Durante los primeros meses, había días que vendía caramelos y otros que pedía limosnas hasta altas horas de la noche, acercándose a todos pidiendo dinero.  

Se acostumbró a insistir hasta el cansancio para que alguien le compre un juguete de su gusto; provocando que mucha gente lo rehúya.  

Al estar en las calles debió juntarse con chicos mayores dedicados a actividades ilícitas. Su conducta siguió cambiando, se volvió insolente, se reía en la cara de cualquiera y, si no se le compraba algo, insultaba.  

En otras ocasiones se le notaba que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Sus amigos decían que inhalaba clefa.  

Así pasaron los años, el niño se convirtió en un adulto peligroso, prepotente, muchas veces malhumorado, a veces con lenguaje verbal y corporal amenazador y violento, siempre pidiendo dinero. “Hacía lo que quería…”. Toda esta descripción es producto de una observación directa realizada durante varios años.  

Una muerte injusta  

Sin duda, la muerte de Jhon Maicol Ríos Villarroel, de 18 años, ocurrida la noche del 9 de febrero de este año en pleno corazón de la ciudad, conmocionó a Sucre y todo el país.  

El joven, que recién había comenzado a estudiar Electrónica en la Universidad San Francisco Xavier, fue atacado esa noche por tres personas, cuando retornaba a su domicilio con su primo.  

El hecho acaeció frente al Palacio Consistorial, por donde fueron abordados por dos hombres y una mujer quienes les exigieron monedas. Como se negaron a darles, se desató una pelea.  

Mauricio A.G.C., alias “El Gordo”, de 23 años, el niño de la historia relatada, apuñaló a Jhon Maicol en el abdomen y la pierna y luego huyó.  

Por la gravedad de sus heridas, el joven se desangró y no recibió auxilio durante mucho tiempo. En el lugar había varias personas que solo se ocuparon de sacar fotografías y filmar; en vez de ser empáticos y llevarlo al hospital.  

Lo curioso es que las oficinas de la Policía quedan a una cuadra y media de la Plaza 25 de Mayo y el Hospital Santa Bárbara a tres; cualquiera pudo ayudar al joven, pero no lo hicieron.  

En el hospital sufrió un shock hipovolémico por la pérdida de sangre debido a la gravedad de sus heridas en el muslo y el abdomen y, pese a las técnicas de reanimación, falleció. ¡Lo cierto es que murió por falta de auxilio!  

En la audiencia de medidas cautelares, Mauricio fue imputado provisionalmente por homicidio, pero la familia de la víctima exige que el criminal sea procesado por asesinato y condenado a 30 años de cárcel.  

Si este hombre hubiese sido rescatado de las calles cuando era niño, por las instituciones pertinentes y sometido a tratamiento y terapia psicológica, quizá pudo ser reinsertado en la sociedad y ahora Jhon Maicol estaría vivo.  

Wilson Urquizu, actual coordinador de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, informa que en gestiones pasadas Mauricio A.G.C., fue llevado tres veces a la defensoría por estar hasta altas horas de la noche en las calles y por consumir alcohol.  

Resultados de un estudio sobre las defensorías  

La Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, favorece el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente con el goce de sus derechos y garantías.  

En los municipios son los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) los que garantizan el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y son las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), dependientes de los GAM, las que prestan servicios públicos de defensa psico-sociojurídica gratuita para garantizar la vigencia de sus derechos.  

Gianina Irusta, psicóloga – coach Ontológico, explica que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), llevaron adelante el “Estudio del Estado de Situación de las DNA, con el objetivo de conocer las características de funcionamiento de las defensorías.  

Dice que los datos del estudio son alarmantes; sin embargo, poco o nada se hace para llevar adelante acciones que cumplan las disposiciones gubernamentales de protección a los NNA. El 92% de los municipios de Bolivia tienen DNA, pero sólo en el 18% tienen servicio exclusivo.  

De acuerdo al estudio, en 315 de los 339 municipios del país existen DNA y en 24 de ellos no hay ese servicio. El mismo estudio refiere que los problemas y cuellos de botella del servicio de DNA, tiene que ver con:  

Normativa insuficiente para institucionalizar el funcionamiento de las DNA, en municipios rurales y urbanos.  

Las DNA no cuentan con presupuesto suficiente para la contratación de recursos humanos idóneos.  

Municipios pequeños y medianos no tienen recursos financieros suficientes, para cumplir sus atribuciones.  

La gestión de las DNA es poco estratégica y no aprovecha el entorno favorable para proteger a los NNA.  

Los GAM no planifican ni desarrollan acciones de prevención durante todo el año.  

La débil presencia estatal en municipios rurales hace que la población no acuda a instituciones del Estado.  

No hay oficinas de la Felcv, Fiscalía y Juzgado en varios municipios de categorías A, B y C.  

Profesionales sin experiencia y especialidad en las DNA provocan la no restitución de derechos de las NNA.  

“Colegios de Psicólogos y Universidades que tienen la carrera de psicología podrían crear convenios para realizar acciones efectivas que protejan a los NNA”, sugiere Irusta.  

Portadores de responsabilidades  

Según Irusta, como sociedad se debe entender que todos podemos actuar como “portadores de responsabilidades”: padres de familia, tutores u otros encargados del NNA, así como los miembros de la familia ampliada o de la comunidad.  

Hay que orientar apropiadamente a los NNA en consonancia con la evolución de sus facultades para ejercer sus derechos reconocidos.  

Irusta dice que los medios masivos deberían trabajar ayudando a difundir los contenidos, convencer a los NNA a participar de esas acciones para que sean quienes promuevan, sostengan y difundan los cambios, y luego los apliquen en cada etapa de sus vidas.  

“Por ello debemos ir más allá de la percepción social de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes causan inseguridad y violencia”, manifiesta.  

Estigmatización de adolescentes pobres  

Con frecuencia se estigmatiza y señala como potenciales “peligros sociales” a los adolescentes varones de barrios pobres y periféricos; y se los responsabiliza por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades.  

“La realidad difiere de estas percepciones y es mucho más compleja pues, como hemos visto, hay falta de oportunidades reales para desarrollar un proyecto de vida autónomo”, dice.  

Los desafíos para el disfrute efectivo de los derechos de NNA derivan de situaciones estructurales de exclusión socioeconómica que los distintos niveles del Gobierno no consiguieron revertir, reproduciéndose contextos de desigualdad, vulneración de derechos, deslegitimación de instituciones estatales, delito y violencia.  

La vulneración de derechos en la infancia puede tener consecuencias en la adolescencia, incluso en la condición del niño como futuro adolescente agresor.  

Por eso, Irusta indica que es necesario no desvincular los indicadores de violencia y de vulneración de derechos en las diversas etapas de la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

Los adolescentes que ejercen violencia por lo general también fueron víctimas de violencia y abusos, los presenciaron, o vieron vulnerados sus derechos fundamentales de otro modo.  

“Al pasear por la ciudad no encontramos espacios de socialización para y entre adolescentes, que les ofrezca un sentido de identidad y pertenencia, que no hallan en otros ámbitos de la comunidad”, comenta la psicóloga.  

Además, la falta de opciones constructivas para invertir su tiempo libre en iniciativas de carácter cultural, recreativo o lúdico en sus comunidades puede influir para que el NNA se vincule con pandillas donde encuentran una supuesta protección frente a la violencia y presión de su entorno, por parte de sus pares, de otros adultos y hasta de agentes de seguridad del Estado.  

Cómo otorgar esperanzas y cambios

Irusta dice que en sus cortas vidas los NNA sufren sentimientos de exclusión y frustración; desigualdad de trato, derechos y oportunidades, abandono de instituciones públicas, que no responden a sus necesidades.  

No obstante, se puede dar el apoyo necesario con medidas socio-educativas para una revinculación efectiva y constructiva en la sociedad, implementándose en el ámbito comunitario y familiar.  

Es importante considerar un enfoque amplio, integral y holístico que incorpore estrategias legales, sociales, educativas y económicas para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección.  

Hay experiencias positivas como las de Aldeas SOS y de otras organizaciones no gubernamentales que pueden replicarse. Promover una educación con enfoque en derechos humanos, apoyando y fortaleciendo a las familias, con la participación social de los NNA.  

“Así podemos formar niños, niñas y adolescentes conscientes del protagonismo en sus vidas y de la dura realidad que pueden enfrentar con las herramientas adecuadas, promoviendo espíritus autocríticos, reflexivos, creativos, responsables e independientes, capaces de amarse y amar, de respetarse y respetar”, indica la experta.  

Dejar en claro que este tipo de intervención ayuda a mantener a salvo a la comunidad de convertirse en víctimas de los “delincuentes juveniles” •