Jesuitas expulsados

El arribo jesuita a Potosí se dio en 1572, acompañando al Virrey Francisco de Toledo, quien solicitó que lo acompañasen desde Sevilla, en su travesía por el Virreinato del Perú, asentándose de manera oficial mediante Real Cédula del 22 de febrero de 1580 expedida por el Rey Felipe II, donde daba vía libre al asentamiento y prédica de los jesuitas en Potosí, quienes se  caracterizaron por la acumulación de bienes y un dominio económico interesante que tuvo un final abrupto en 1767, cuando se produjo su expulsión. 

La expulsión de los jesuitas se produjo a raíz del recelo del Rey Carlos III, quien los situó como un Estado dentro de otro, por el poderío que paulatinamente adquirió su orden alrededor del mundo. Para llevar a cabo su expulsión de los territorios españoles se busco inculpar a los jesuitas como los autores intelectuales del Motín de Esquilache (1766), acusándolos de instigar las revueltas suscitadas en Madrid. Para tal labor de incriminación y expulsión, se encomendó al Conde de Aranda, quien conjuntamente a un consejo extraordinario creó la Real Junta de Temporalidades, institución creada para llevar adelante el embargo de los bienes y posterior expulsión jesuita de territorios españoles.

La notificación para expulsar a los jesuitas llegó al gobernador de Potosí, Jaime San Just, el 5 de agosto, en la que se disponía dar cumplimiento y ejecución el 16 de agosto de manera simultanea en las posesiones españolas presentes en el continente americano, para de este modo tomar desprevenidos a los jesuitas embargando todos sus bienes y documentos. 

Al igual que en la península ibérica, en Potosí se conformó la Junta Municipal de Temporalidades el 18 de julio de 1770, a la cabeza de Joseph de Ascazubi, elaborando en primera instancia un inventario de las posesiones jesuitas en Potosí.

Según la documentación perteneciente a la Junta de Temporalidades (custodiada en el Archivo Histórico de la Casa de Moneda), los jesuitas poseyeron desde enseres sencillos hasta artículos de gran valor, los cuales fueron embargados por la Junta, al igual que el colegio, su templo e inmuebles. En lo referido a las propiedades que se encontraban fuera del radio urbano, se comisionó agentes para inventariar y tasar las propiedades, que fueron las estancias de Jesús Valle, Chillagua, las tierras de Tarampaca, Machaca, Charcosi y las haciendas de Trigopampa, Sumala, Nuestra Señora del Pópulo y Santa Bárbara

Una vez inventariadas y tasadas las posesiones jesuitas, la Junta se ocupó de subastar y rematar lo embargado, recaudando un ingreso importante para las arcas de la corona, no obstante, se otorgó la indemnización de 100 pesos mensuales vitalicios para los religiosos expulsados. Esta Junta permaneció en Potosí de forma intermitente, administrando posesiones arrendadas, para desaparecer a finales del siglo XVIII, de la Villa Imperial, y de forma global el 12 de septiembre de 1821 •