Mensajero muerto

El pecado capital de Página Siete (P7) fue publicar casos de corrupción, y eso es lo preocupante. A partir de lo sucedido con el diario paceño, los medios de comunicación social se están preguntando si vale la pena destapar hechos irregulares o, mejor, callar para seguir funcionando.

El jueves 29 de junio fue la última edición de Página Siete. En una carta a los lectores, el presidente del directorio, Raúl Garafulic Lehm, denunció una campaña de presión y hostigamiento del gobierno que, finalmente, llevó al cierre de ese periódico. El hecho sorprendió incluso a los trabajadores del medio que, impagos por siete meses, estaban esperando un anunciado financiamiento externo que iba a permitir cubrir deudas y que el medio siga funcionando.

Y esa es una arista que no se consideró hasta el momento. En su condición de empresario de medios, Garafulic pudo encontrar una solución imaginativa, como están haciendo algunos medios actualmente, o bien, finalmente, cerrar de manera menos traumática, pero no lo hizo. Como no es periodista, nunca terminó de digerir el valor de los mensajes… y tiró la toalla. El mensaje que dejó es que el periodismo sí puede ser derrotado y el mensaje del poder que ahora recorre las redacciones como un fantasma es que denunciar corrupción puede costarte la pega. Terrible.

El fatídico 13

En abril recién pasado, P7 cumplió 13 años y, al hacerlo, la periodista Daniela Romero hizo un juego de palabras recordando “Los 13 trabajos de Página Siete que sacudieron el poder”, pero, más allá de cifras y letras, lo cierto es que 13 es una cifra pequeña si se intenta revisar las denuncias de corrupción publicadas el diario hoy cerrado.

“¡Uy, son muchas!”, respondió instintivamente uno de sus exdirectores, Raúl Peñaranda, quien, a la insistencia, recordó que el primero de su gestión que sacó chispas en el gobierno fue el de las barcazas chinas. 

En 2012, P7 denunció que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 30 millones de dólares por 16 navíos y dos empujadores, pero esos bienes nunca llegaron al país, puesto que se quedaron almacenados en China. Debieron pasar cinco años para que la Fiscalía presente la acusación en este caso y la sentencia se pronunció recién hace un año. Lo último que se sabe es que, hasta ahora, no se ha conseguido el resarcimiento del daño económico.

Este caso causó un remezón interno en el gobierno de Evo Morales, puesto que tocó a algunos de sus más estrechos colaboradores. Así y todo, no se comparó con otro, todavía mayor: el del Fondo Indígena. Este caso fue trabajado por la periodista Claudia Soruco y el monto involucrado lo convierten en uno de los más cuantiosos de la historia boliviana: 182,7 millones de dólares.

Uno de los elementos controversiales de este caso fue el de los involucrados, la mayoría de ellos indígenas, y afectó a una persona allegada a Morales, la entonces ministra de desarrollo rural, Nemesia Achacollo, que presidía el Fondo. La denuncia de Página Siete, que se extendió mediante el seguimiento, le costó el cargo y la imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, que le llevaron temporalmente a la cárcel.

Este hecho marcó definitivamente a P7 porque los afectados, de la ahora denominada ala radical del MAS, juraron venganza. El exgerente del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, y el denunciante, el exdiputado Rafael Quispe, están entre las víctimas de las represalias a las que ahora se suma el diario paceño. Entre los acusados está la exdiputada Lidia Patty, que incluso recibió un efímero nombramiento diplomático.

Entonces, el mensaje es que las denuncias se castigan y los delitos se premian. Terrible.

La condena

Mensaje y mensajero.  “Matar al mensajero” es una frase metafórica que se remonta al año 69 antes de Cristo, cuando el rey armenio Tigranes II mandó matar al emisario que le trajo la noticia de la llegada del ejército romano encabezado por Lucio Licinio Lúculo. Desde entonces, se aplica a la reacción de los gobernantes, generalmente totalitarios, con los medios que publican cosas que les desagradan: El hecho —digamos, una denuncia de corrupción— es el mensaje y el medio es el mensajero así que el poderoso afectado quisiera matarlo, silenciarle para siempre, con el fin de que deje de denunciarle.

Para matar al mensajero, el gobernante totalitario recurrirá a todos los medios a su alcance, desde la intimidación directa al periodista (recuérdese lo que hizo Evo Morales con Raphael Ramírez, de La Prensa) hasta la asfixia económica. A esta última, Evo le agregó un elemento adicional: presionar a otras empresas para que no publiciten en el medio al que se quiere asfixiar. Eso se hizo con La Prensa y se repitió con Página Siete.

“Tigranes, al primero que le anunció la venida de Lúculo, en lugar de mostrársele contento, le cortó la cabeza, con lo que ninguno otro volvió a hablarle palabra, sino que permaneció en la mayor ignorancia”, refirió Plutarco en su “Vidas paralelas” y eso es lo que podría pasar en Bolivia. Ningún mensajero, o ningún medio, querrá que le corten la cabeza, como a La Prensa y Página Siete. Estamos condenados, entonces, a la mayor ignorancia. Muy terrible.•

Defensoría pide garantías

La Defensoría del Pueblo de Bolivia exhortó el lunes al Estado a "garantizar el pluralismo informativo" y el trabajo de los medios de comunicación, luego del cierre de Página Siete, uno de los principales periódicos en el país. 

"Con el ánimo de velar y garantizar el fortalecimiento democrático del país, se exhorta al Estado a garantizar el pluralismo informativo, como guía de pesos y contrapesos en la información", señala un comunicado de la entidad defensorial. 

La institución también instó a generar políticas públicas para "velar por el derecho del acceso a la información, con una mirada plural, inclusiva y de sostenimiento" para el ejercicio de la libertad de prensa. 

"La construcción de un país tiene como base la comunicación, mediante la cual, la libertad de expresión se constituye en la piedra fundamental de la democracia", señaló. 

También recordó que la Constitución vigente desde 2009 garantiza el derecho a emitir las ideas "sin censura previa". 

"La problemática de los medios de comunicación se profundizó" por razones como el salto de la información a las plataformas digitales a nivel mundial y en Bolivia también por otros factores como la crisis política de 2019, el "debilitamiento de la economía" por la pandemia de la covid-19 y la "austeridad del Estado respecto a los pases publicitarios", añadió. 

La Defensoría recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señala que el Estado es responsable de garantizar la libertad de expresión y que debe minimizar las restricciones a la información y "equilibrar la participación de las distintas corrientes en el debate público". 

"El cierre de medios de comunicación como el periódico Página Siete compele al Estado a promover acciones para garantizar la vigencia de los medios y el pluralismo de la información", manifestó. 

El comunicado agrega que "el cese de la labor noticiosa (...) podría tomarse como una situación limitante de la libertad de expresión". 

Página Siete publicó el 29 de junio su última edición y anunció el cese de operaciones después de 13 años, a causa de una "tormenta perfecta" que, entre otros, fue causada por un "acoso" ejercido desde el partido de Gobierno, según denunció su directorio. 

El presidente del directorio, Raúl Garáfulic Lehm, difundió una carta mencionando las causas que les llevaron a esta decisión, entre ellas que "el partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico" e incluso "presionó a empresas privadas" para que no publiquen sus avisos en el periódico. 

Esta situación provocó que asociaciones de la prensa, políticos e incluso expresidentes lamenten lo sucedido. (EFE)

Algunas razones del cierre

El partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página Siete.

El oficialismo puso en marcha una estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está impune.

Auditorías y multas recurrentes de una diversidad de instituciones del Estado se ensañaron año tras año contra Página Siete, mientras nuestros competidores de línea oficialista fueron tratados con guante blanco.

(Raúl Garafulic Lehm)