Prensa agredida

Desde 1823, cuando apareció el primer periódico boliviano, “El Telégrafo”, la importancia de los periódicos fue fundamental en la toma de decisiones de quienes tenían en sus manos la conducción de nuestros destinos. Más de 200 años después, su importancia sigue siendo tal que, si de la prensa de trata, el blanco principal de los gobernantes es el periodismo impreso.

Los periódicos eran tan importantes durante la Guerra de la Independencia que Simón Bolívar los consideraba parte de los pertrechos; es decir, del arsenal de guerra. Hoy en día, las cosas no son muy distintas ya que la influencia de los impresos en los líderes de opinión los convierte en vehículos eficaces para la propaganda.

A eso hay que agregar el elemento corrupción. Si se toma el dinero del estado destinado a contratar publicidad oficial en medios y se los desvía a unos pocos, las sumas que se reúnen son significativas. Según denuncias recientes; en las últimas semanas, los contratos que los gobiernos suscriben de favor con medios, con públicos y audiencias poco significativas, son literalmente millonarios porque las cantidades a pagar ya son de seis cifras. Debido a esto, para las personas que tienen buenos contactos con los gobiernos de turno, o se venden a estos, les resulta lucrativo tener un medio, cualquier medio, porque es la vía para captar esos contratos. Esa es una de las explicaciones para la venta de Los Tiempos, el diario cochabambino que recién cumplió 80 años de existencia institucional.

La directora saliente de Los Tiempos, Luz Marina Canelas recibió una de las tres medallas “Ana María Romero de Campero” a la defensa de la libertad de expresión. De inicio, la presea fue otorgada al periódico, pero la noticia de su venta provocó un cambio de decisión: se premió a la periodista que lo estaba dirigiendo y ya no a la empresa que fue comprada por el empresario Eduardo Valdivia. En uno de los momentos históricos más negros del periodismo boliviano, la decisión fue aplaudida por el periodismo independiente mientras que los medios y periodistas cooptados por el partido de gobierno, tuvieron el cinismo de criticarlo.

En un paréntesis en la entrega del premio Libertad, que la Asociación Nacional de la Prensa decidió suspender por razones económicas, las condecoraciones a la libertad de expresión tienen una transcendencia mayor a la de las otras que fueron entregadas el pasado 5 de diciembre en el marco del Premio Nacional de Periodismo 2023.

El galardonado fue el periodista Carlos Soria Galvarro, pero también se entregó una medalla a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, que está en lucha por recuperar la institución. Una vez más, como se ha hecho común en los últimos años, el acto se realizó sin autoridades nacionales. 

Denuncias

Las críticas contra los atropellos a la libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información primaron entre los periodistas que asistieron al acto.

Tres fueron los temas prevalentes: la impunidad en el caso Las Londras, en el que la justicia favorece notoriamente a los acusados; el cierre del periódico Página Siete y la venta de Los Tiempos.

En su informe, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, destacó las permanentes protestas de su institución por las agresiones contra periodistas, que se han multiplicado en los últimos años. Dijo que la violencia contra la prensa viene de diferentes sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, ya que a su directiva le tocó defender, también, a periodistas de medios estatales o paraestatales como Abya Yala y Bolivia TV.

Los ataques contra periodistas se han multiplicado porque sus atacantes se han percatado de que esas acciones no son castigadas. Partiendo del emblemático caso Las Londras, el Estado no protege a los informadores, sino a sus atacantes. Debido a ello, los periodistas son atacados con la confianza de que los crímenes en su contra, quedarán en la impunidad. Ese es un síntoma de la agonía del Estado de Derecho en Bolivia •

Ataques desde siempre

Los ataques a los periodistas no son asunto reciente. Incluso durante el gobierno de Antonio José de Sucre, hubo fuertes restricciones a la libertad de expresión y la primera Ley de Imprenta, promulgada por el mariscal de Ayacucho el 7 de diciembre de 1826, establecía penas de cárcel y destierro por “escritos contrarios a la moral o decencia pública” o injurias contra las personas.

Casi un siglo después, en marzo de 1921, Bautista Saavedra llevaba menos de dos meses de haber asumido la presidencia de la República y el periódico “El Diario”, de La Paz, denunciaba ataques a periodistas.

La nota de referencia está en la edición del 2 de marzo de 1921, que fue ubicada por el investigador José Pradel, y en esta se puede leer que “El Diario” se refiere al gobierno de Saavedra como “el régimen”.

Aprovechando su corta extensión, reproducimos la nota íntegra: 

“La prensa libre sin garantías

“Tres atropellos en una semana

“Para el régimen parece lo más natural y corriente tratar a los periodistas a todo trapo y es muy sensible que domine esta opinión después de que en tantos años se había logrado dar una merecida respetabilidad a los representantes de la opinión pública.

“En una semana se han cometido tres atropellos en distintas ciudades. El primero en esta ciudad, don el director de ‘La Razón’, cuyo arresto se ordenó para que abone una injusta multa de trescientos bolivianos. El segundo en Oruro, donde el director de ‘La Patria’, sin bien la indignación del pueblo orureño subió de punto y obligó a las autoridades a poner en libertad a ese periodista, abusivamente preso. Y el tercero en Sucre, donde el subprefecto de la provincia Oropeza, Víctor Vargas, que goza de grande ascendente en el régimen, atacó violentamente al director de “La Revolución”, don Emilio Mendizábal, porque este había tenido la imprudencia de decir que era más competente el subprefecto liberal señor Nereo Gantier.

“Van desapareciendo las garantías de que siempre gozaban los periodistas y, ahora más que nunca, se hace necesario que asuma una actitud el Círculo de la Prensa, cuya labor consistirá en reclamar cultura y respeto mutuo, y en realizar una acción conjunta de defensa en favor de los que se dedican a tan noble labor intelectual”.

Resulta curioso que la nota no identifique a los protagonistas de los hechos en la Paz y Oruro, pero sí lo haga respecto a Sucre lo que, empero, es una ventaja para el caso de la capital.

Cuatro años después, Saavedra promulgaría la Ley de Imprenta que está vigente hasta el presente.  

 

* Juan José Toro recibió uno de los tres galardones “Ana María Romero de Campero” en defensa a la libertad de expresión.