Arraigo en Bolivia

En Bolivia, el arraigo judicial es una medida cautelar que impide al acusado salir del país mientras dura el proceso judicial. Esta medida no tiene un tiempo máximo específico, ya que su duración está vinculada al tiempo que tome el proceso, hasta que se dicte una sentencia o se resuelva la situación legal de la persona. En otras palabras, el arraigo puede durar todo el tiempo que dure el juicio, extenderse por meses o incluso años, dependiendo del caso.

El arraigo judicial indefinido en Bolivia podría considerarse una violación al derecho a la libertad de locomoción si se prolonga sin justificación razonable. Este derecho está garantizado por la Constitución Política del Estado (Art. 21, inciso 6), que establece que todas las personas tienen derecho a “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio boliviano”.

Entre los argumentos para considerar que el arraigo indefinido podría violar la libertad de locomoción están: 1. Duración excesiva: Si el arraigo se prolonga por meses o años sin que se resuelva la situación jurídica del acusado, puede generar una restricción desproporcionada de la libertad de movimiento. La falta de un límite claro para la duración del arraigo puede llevar a situaciones de injusticia, ya que la persona no tiene la posibilidad de viajar, trabajar o realizar actividades fuera del país, afectando su vida cotidiana. 2. Derecho a un proceso justo y expedito: La Constitución también garantiza el derecho a un proceso justo y sin dilaciones indebidas (Art. 115), lo que implica que las medidas cautelares, como el arraigo, deben ser razonables en su duración. Si el arraigo se utiliza como una medida preventiva sin límite de tiempo y el proceso judicial se extiende de manera innecesaria, esto podría interpretarse como una violación del debido proceso. 3. Proporcionalidad de las medidas cautelares: El arraigo debe ser una medida proporcional al riesgo de fuga del acusado. Si no existen pruebas de que la persona intenta evadir la justicia, mantener el arraigo indefinidamente podría ser excesivo y violar principios básicos de proporcionalidad en las medidas.

Por otro lado, las autoridades pueden argumentar que el arraigo no prohíbe completamente la movilidad dentro del país y que se utiliza como una medida para evitar que el acusado escape o se sustraiga del proceso judicial, lo cual es un interés legítimo del Estado. Sin embargo, esta medida debería ser aplicada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Si bien el arraigo judicial en Bolivia tiene el objetivo legítimo de asegurar la comparecencia del acusado en el proceso judicial, su aplicación indefinida sin un límite de tiempo puede resultar en una violación del derecho a la libertad de locomoción. Para evitar este tipo de situaciones, sería necesario que el sistema judicial garantice un proceso ágil y que el arraigo sea revisado periódicamente para determinar si sigue siendo necesario. La medida cautelar, como el arraigo judicial, debería considerarse una excepción y no la regla en el contexto de la administración de justicia. Esto es fundamental para proteger los derechos individuales, como el derecho a la libertad de locomoción.

A continuación, expongo algunos puntos clave que respaldan esta idea: 

1. Principio de excepcionalidad

• Naturaleza temporal: Las medidas cautelares, incluyendo el arraigo, son por definición temporales y deben aplicarse solo cuando existen motivos específicos que justifiquen su necesidad. Se busca evitar que se conviertan en medidas permanentes o habituales que restrinjan derechos fundamentales. • Evaluación de riesgos: La aplicación de medidas cautelares debe basarse en la evaluación de riesgos concretos, como el peligro de fuga o la posibilidad de obstruir la justicia. Si no se justifica el riesgo, no deberían ser impuestas. 

2. Debido proceso y derechos fundamentales

• Derecho a la libertad: La restricción a la libertad personal debe ser considerada como una medida excepcional, ya que el derecho a la libertad es un principio fundamental en la mayoría de los sistemas jurídicos. El uso excesivo de medidas como el arraigo puede llevar a violaciones de este derecho. • Presunción de inocencia: En un Estado de derecho, se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, imponer medidas restrictivas de manera habitual contradice este principio fundamental y puede considerarse como un castigo anticipado. Necesidad de reformas • Revisión de la legislación: Para garantizar que el arraigo y otras medidas cautelares se apliquen de acuerdo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, sería necesario revisar la legislación y las prácticas judiciales en Bolivia. Esto ayudaría a prevenir el uso indebido de medidas restrictivas.

La aplicación del arraigo judicial en Bolivia como medida regular, sin un límite temporal claro, puede llevar a la violación de derechos fundamentales y a una percepción de injusticia en el sistema judicial. Para garantizar un respeto efectivo de los derechos humanos, es esencial que estas medidas se utilicen solo de manera excepcional, asegurando siempre el equilibrio entre la justicia y la protección de las libertades individuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abordado el tema del arraigo judicial y, en general, ha expresado preocupaciones sobre su duración y aplicación en diversos contextos.

En sus informes, la CIDH ha manifestado su preocupación por el uso excesivo de medidas restrictivas que afectan a los derechos humanos, especialmente en contextos donde estas medidas pueden ser aplicadas de manera generalizada o sin los controles necesarios. 

En resumen, la CIDH considera que la duración del arraigo debe ser razonable, proporcional y sujeta a revisión para garantizar el respeto a los derechos humanos. Sus preocupaciones subrayan la necesidad de que los Estados, incluyendo Bolivia, adopten medidas adecuadas para proteger la libertad personal y asegurar un proceso judicial justo.

Hasta la fecha, la CIDH no ha impuesto una multa específica a Bolivia por el arraigo indefinido. Sin embargo, la CIDH ha expresado preocupaciones sobre las medidas cautelares en el país, incluyendo el uso del arraigo, y ha emitido recomendaciones al gobierno boliviano para que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos •

 

* Rafael Saavedra A. es abogado.