Decreto fundacional

Bolivia pudo surgir como un Estado independiente gracias a que el mariscal Antonio José de Sucre convocó a una reunión de diputados de las provincias del territorio conocido como alto Perú mediante un decreto que fue promulgado el 9 de febrero de 1825.

Como todo inicio, el de la República de Bolivia fue caótico, difícil y cargado de incógnitas. Aún hoy, persiste el debate sobre cuánto sabía Sucre, antes de promulgar su célebre decreto, respecto al propósito de la clase dirigente de Charcas de no formar parte ni del Perú ni de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La versión tradicional, que se maneja hasta hoy, es que Casimiro Olañeta lo convenció de que ese era el deseo dominante del territorio que, en aquellos años, era denominado alto Perú para diferenciarlo del que se gobernaba desde Lima. Digamos que sí. ¿En verdad un hombre tan inteligente como Antonio José de Sucre fue convencido en tan solo unas horas, que fue el tiempo que duró su reunión con el doctor chuquisaqueño? Permitir que Charcas se independice era contrariar tanto a Lima como a Buenos Aires, y eso era contraproducente para el proyecto de Bolívar, cuya imagen se vería afectada en caso de confirmarse la escisión.

La influencia de Olañeta se admite, pero los historiadores dejaron establecido, ya en la década del ‘60 del siglo XX, que, cuando estaba en Puno, Sucre labró un proyecto del decreto del que incluso quedaría algún ejemplar en la Casa Natal del Libertador. Ese documento ya estaría redactado el 2 de febrero de 1825, según prueba una carta que el Mariscal le dirigió a Tomás de Heres el día anterior y una segunda dirigida a Bolívar el día 3.

La carta del 1 de febrero dirigida a De Heres, en su condición de ministro de la guerra del Perú, decía:

“Yo voy a estar pues en el caso de organizar aquel país como libertado por los independientes, y dejar a los pueblos su soberanía para constituirse, mientras haya un arreglo definitivo entre los congresos del Perú y del antiguo virreinato de Buenos Aires, ambos uniformes, legal y libremente conocidos y reunidos. Parece que esta es la mente de S. E. el Libertador presidente de Colombia.

“Como por consecuencia, ni a mí, ni al ejército nos honra quedar con el gobierno de esas provincias, he pensado al llegar a La Paz dar un decreto convocando una asamblea de diputados de las provincias, del modo más breve y legal, y que reunida en Oruro u otro punto del Centro, delibere libremente sobre su suerte, sin que el ejército unido, y mucho menos el ejército de Colombia se mezcle nada más, nada más que en mantener el orden; pues nuestras armas ni pueden intervenir en los negocios de aquellos pueblos, ni ser garante de otra cosa, que de libertarlos de los españoles”. 

Para el 3 de febrero, el decreto ya estaba redactado y así se lo hizo saber Sucre a Bolívar en carta despachada desde Puno:

“Anoche pensando en esos negocios del Alto Perú he arreglado las ideas del decreto adjunto para darlo al llegar a La Paz si aquellas cosas tienen buen semblante. Lo quería dar a nombre de Vd. pero no sabiendo si esto lo comprometiera, y como todo el mundo sabe que lo que nosotros hacemos bien es dirigido por Vd., he excusado meterlo en este papel, porque si tiene resultados buenos a Vd. le toca la dirección, y si sale mal no he comprometido su nombre”.

Ante esas pruebas, ya no tiene sentido insistir en que Casimiro Olañeta inspiró el decreto del 9 de febrero porque estas demuestran que el documento ya estaba redactado una semana antes, así sea en una versión preliminar. Sucre permaneció en Puno hasta el 4 de febrero, el 5 estaba en Ilave y el 7 en Zepita, de donde debió partir ese mismo día, por cuanto el 8 de febrero ya estaba en La Paz.  

En ese marco, es útil mencionar otra carta que en fecha 26 de mayo de 1825 escribió Sucre desde Chuquisaca el 26 de mayo de 1825 a los miembros de “la muy ilustre Municipalidad de la Benemérita Ciudad de La Paz” a quienes comunica la próxima llegada de Simón Bolívar a esa ciudad. “Yo deseo presentarle (al Libertador) todos los proyectos de útiles establecimientos en ese país y los medios de realizarlos —dice—. Entre otros, pienso que los más importantes son la reforma de los Colegios bajo un plan de estudios que generalice los conocimientos en todas las ciencias; la ejecución del decreto que establece una Universidad, para la cual es menester calcular los fondos que sirvan al caso; la creación de un Tribunal de Minería rápido a este importante trabajo del Departamento; y la instalación de una Corte Superior de Justicia, que realmente es un bien a esas provincias”.

Apuntemos algo sobre este documento:

La Asamblea Deliberante todavía no se había instalado así que, para ese momento, se supone que lo que iba a pasar con Charcas era una incógnita: ¿formaría parte del Perú, de las Provincias Unidas del Río de la Plata o seguiría su camino de manera independiente? Cuando Sucre habla de reformar colegios es porque encontró algunos en las más importantes ciudades, como el San Juan, en la ciudad que hoy lleva su nombre, y el de los jesuitas, en Potosí, aunque este había sido desmantelado tras la segunda expulsión de esa orden. Habla, también, de abrir otra universidad, además de la de San Francisco Xavier, en funcionamiento desde el siglo XVII. En conjunto, se trata de un proyecto de reforma educativa que podría aplicarse tanto a un territorio que dependa de una nación como a un país nuevo, pero en la segunda parte habla de un tribunal de minería y otros de justicia y, al leer eso, es inevitable pensar que ya se estaba proyectando una nueva nación o, por lo menos, un territorio autónomo.

El propio Sucre hizo públicas sus intenciones sobre el Alto Perú en la memoria que presentó a la Asamblea Deliberante, un equivalente a un informe a la nación: “juzgué que cinco provincias con más de un millón de habitantes, componiendo la mayor parte de la populación de aquel virreinato, eran bien dignas de formar una Asamblea propia que proveyese a su conservación”.

Pero la existencia de un proyecto educativo es innegable, porque la carta es una prueba de ello y ese hecho es notabilísimo: Bolivia todavía no había nacido, pero el Mariscal de Ayacucho ya estaba pensando en su educación. A la llegada de Bolívar, y cuando la tormenta causada por la independencia de Bolivia estuvo amainada, el decreto del 11 de diciembre de 1825 sentaría las bases del primer sistema de instrucción pública •

Decisiones de Estado

Se supone que el decreto del 9 de febrero de 1825 fue emitido para que los representantes de las provincias del Alto Perú deliberen sobre su destino, pero a tiempo de convocarlos, ese documento estaba tomando decisiones de Estado como, por ejemplo, pasar a llamar “departamentos” a las unidades políticas que, hasta ese momento eran conocidas como provincias o intendencias.

Asimismo, el decreto creó de facto el departamento de Cochabamba, en su artículo 10, al señalar que este debía tener dos diputados por cada uno de sus siete cantones. Hasta antes de esta determinación, Cochabamba formaba parte de la provincia de Moxos o Chiquitos, la actual Santa Cruz, aunque su capital estaba en la ciudad del valle.

 

---

* Juan José Toro es cronista de ECOS y fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

** Archivo, Biblioteca y Museo Galindo.