Trabajo después de los 60: Una puerta cerrada en Bolivia

Eduardo, de 62 años, lleva tres años buscando un trabajo estable que le brinde la seguridad social que necesita. “He trabajado en consultorías, contratos temporales y empleos eventuales, pero nada fijo, nada que me garantice un seguro de salud o una jubilación digna”. Como él, miles de bolivianos mayores de 60 años se enfrentan a un mercado laboral que les cierra las puertas.

En Latinoamérica el 34,5% de los mayores de 65 años no tiene ninguna forma de ingreso laboral; pero en Bolivia, esta situación es diferente, pues la participación laboral de los adultos mayores es del 56,5%, la más alta de la región, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

No obstante, casi la totalidad de estos tienen empleos informales, pues mientras en Latinoamérica y el Caribe la tasa de empleo informal entre los adultos mayores ocupados asciende a 78%, en Bolivia, es del 85%. “Si bien la participación de adultos mayores en el mercado laboral es alta, gran parte lo hacen en el sector informal o bajo contratos temporales sin estabilidad ni beneficios sociales, lo que demuestra que la demanda de empleo por parte de este grupo es alta, pero la oferta de oportunidades es reducida”, explica Claudio Garmendia, experto en economía.

La informalidad laboral para personas de la tercera edad ocasiona que estos no cuenten con acceso a beneficios como la jubilación, seguro de salud, indemnización por despido ni estabilidad laboral; sin olvidar que el ingreso total de los adultos mayores ocupados permanece por debajo del salario mínimo (Bs 2.500), llegando incluso a ser inferior a este.

Sin embargo, desde la pandemia se ha incrementado una notoria discriminación laboral por edad avanzada en Latinoamérica. Un estudio publicado por la organización Grow Género y Trabajo  sostiene que, en la mayoría de los países latinoamericanos, la discriminación en el ámbito laboral ronda entre el 84 y el 88 por ciento.

“El conocimiento y experiencia no son valoradas por tener más de 50 años. A pesar de las leyes emitidas por el gobierno sobre la discriminación, no se cumple”, narra Roxana, quien con 68 años experimenta las consecuencias del deterioro de cobertura de protección social para la vejez en el país.

Al respecto, la Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece en su Artículo 281 sexies del Código Penal que quienes realicen actos de discriminación pueden ser sancionados con penas de 1 a 5 años de prisión; pero esta norma no llega a ser un impedimento para los empresarios que definen las edades admisibles. 

¿Qué hacer al respecto?

“En Alemania y Japón, existen programas de formación continua para que los adultos mayores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos. En Canadá, se han desarrollado esquemas de empleo flexible para personas mayores, permitiéndoles trabajar a tiempo parcial sin perder acceso a beneficios de jubilación. Bolivia podría aprender de estos modelos y desarrollar políticas que fomenten la reinserción laboral”, sugiere Garmendia.

Y aunque Bolivia cuenta con un marco legal que busca proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, la falta de oportunidades laborales por una discriminación que se ignora, se convierte cada día en un desafío que impacta negativamente en la calidad de vida las personas mayores de 60 años. Por eso es momento de preguntarse ¿qué está haciendo el Estado, las empresas y la sociedad? 

“Evidentemente, amo mi país, tenemos excelentes profesionales, sin embargo actualmente falta la compasión amorosa hacia el prójimo y empatía con las personas de 60 años adelante”, reflexiona Roxana, mientras alista sus maletas para buscar mejores oportunidades fuera del país •

Cuando la edad pesa más que la capacidad

“Exigen horario de trabajo 24/7 y no respetan el trabajo de ocho horas diarias. Además, el salario que ofrecen es el mínimo nacional o algo más en el tiempo de prueba”, manifiesta Roxana, quien afronta las creencias limitantes que excluyen a los adultos mayores del ámbito laboral, entre las que se encuentran:

El ‘edadismo’: Se refiere a la discriminación hacia las personas por su edad, sustentada en estereotipos que suponen que todos los individuos de cierta edad comparten comportamientos, pensamientos y necesidades similares. 

Preferencia por la contratación de jóvenes: Las empresas suelen inclinarse por contratar a trabajadores jóvenes bajo la suposición de que poseen más energía, conocimientos actualizados y mayor dominio de la tecnología. “Prefieren contratar a personas más jóvenes que no tengan familia (esposo, hijos) para que se dediquen a tiempo completo a la empresa”, expresa Mónica, una mujer de 65 años que dedicó su vida como secretaria; pero que hoy es rechazada en los trabajos a los que se postula.

Expectativas salariales mayores: Existe una vaga creencia de que los adultos mayores tienen expectativas salariales más elevadas, lo cual deriva a la exclusión de candidatos mayores, incluso cuando están dispuestos a negociar condiciones salariales competitivas. 

Costos asociados: Las empresas pueden mostrar desconfianza a contratar a adultos mayores debido al temor de incurrir en mayores gastos médicos y en beneficios laborales asociados a condiciones de salud relacionadas con la edad; percepción basada en generalizaciones y no considera la salud individual de cada candidato. 

Brecha tecnológica: La falta de habilidades digitales puede ser una barrera significativa para la reinserción laboral en un mercado que demanda competencias tecnológicas. “La destreza en el manejo de la tecnología es el patrón de rechazo que impide nos contraten, aunque algunos tengamos el conocimiento necesario”, subraya Mónica.

Falta de políticas públicas: Aunque Bolivia cuenta con la Ley N° 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores, que establece derechos y garantías para este sector, la implementación de programas específicos de empleo es limitada. 

El precio de la exclusión

“Después de tantos años de trabajo, sentir la incertidumbre de no saber si podré pagar mis gastos médicos o si tendré que depender de mis hijos me genera mucha ansiedad”, menciona Eduardo, tras sentir el impacto de ser rechazado laboralmente, pues el precio de la exclusión repercute en varias áreas de su vida, como en la de muchos adultos mayores:

Impacto económico

La ausencia de empleo en las personas adultas mayores conduce a una disminución de ingresos, afectando directamente su calidad de vida. Aunque Bolivia cuenta con la Renta Dignidad, una pensión no contributiva destinada a mayores de 60 años, este ingreso suele ser insuficiente (Bs 350) para cubrir todas sus necesidades básicas. 

Pese a que la Ley N° 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores, establece en su Artículo 3 el principio de No Discriminación, buscando prevenir y erradicar toda forma de distinción o exclusión que afecta a este grupo, la falta de oportunidades laborales limita la capacidad de las personas mayores para generar ingresos adicionales, lo que puede conducir a situaciones de pobreza y exclusión económica.

Impacto social y emocional

El desempleo en la vejez no solo afecta la economía personal, sino también el bienestar social y emocional. La falta de participación en actividades laborales puede generar sentimientos de inutilidad, pérdida de propósito y aislamiento social. Dada la constante transformación generacional, los adultos mayores enfrentan barreras para integrarse plenamente en la sociedad, lo que afecta negativamente su salud mental y emocional. 

“La edad no debería ser un obstáculo, sino un valor agregado en el mercado laboral. Lo único que pido es una oportunidad. No quiero que me regalen nada, solo quiero demostrar que aún tengo mucho que aportar”, exhorta Eduardo, mientras observa con nostalgia la última foto con sus compañeros de lo que alguna vez fue su trabajo.

Impacto familiar

La carencia de ingresos propios obliga a las personas adultas mayores a ser dependientes económicamente de sus familiares, lo que puede generar tensiones y cargas adicionales en los hogares.

Pese a que la Ley N° 369 de las Personas Adultas Mayores reconoce en su Artículo 3 el principio de Corresponsabilidad, indicando que la familia, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad conjunta de garantizar el bienestar de las personas adultas mayores; la falta de políticas efectivas que promuevan la autonomía económica de este grupo etario perpetúa su dependencia familiar, afectando tanto a las personas mayores como a sus seres queridos.