Mafias del altiplano

El primer eslabón está en Colombia. Narcotraficantes colombianos ingresan a Bolivia y proporcionan semillas de marihuana a pequeños propietarios del Valle Alto de Cochabamba, el sur de Oruro y norte de Potosí. Eventualmente también retornan para llevarse la hierba, pero los propietarios, que en el altiplano boliviano son más conocidos como “comunarios”, descubrieron que podían multiplicar sus ganancias mediante la venta directa de la droga en Chile.

Esa es la cadena del tráfico de marihuana que ha quedado en evidencia tras los luctuosos sucesos de Llallagua donde murieron tres policías y un estudiante en los operativos para desbloquear los caminos hacia esa ciudad intermedia. Durante los enfrentamientos se reportó que los bloqueadores fueron reforzados por qaqachacas del lugar denominado “México Chico” que portaban armas con mira telescópica.

Los francotiradores no son una novedad. En octubre del año pasado, cuando los bloqueos de caminos ejecutados por los afines al expresidente Evo Morales duraron 11 días, cinco patrullas del Comando Departamental de la Policía de Oruro recibieron impactos de bala, sin que se haya reportado heridos. Imágenes satelitales permitieron fotografiar a dos personas, entre los bloqueadores, que portaban armas largas de fuego.

Fue la primera vez que las repetidas versiones de hombres armados en el norte potosino tomaron forma porque, hasta entonces, hasta las autoridades referían su existencia, pero no se había obtenido imágenes de ellos por una razón: la policía teme ingresar a esa región, que es considerada “zona roja”.

INJUSTICIA COMUNITARIA

En mayo de 2010, el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, admitió que el suboficial Nelson Alcocer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni, que servían en la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, desaparecieron cuando estaban realizando labor de patrullaje en el límite interdepartamental con Potosí.

Poco después, la autoridad confirmó que los cuatro policías habían sido linchados por gente de los ayllus, sin especificar cuáles, porque todavía no existía precisión sobre estos, ni el territorio sobre el que estaban establecidos. Solo alcanzó a informar que los comunarios acusaron a los efectivos de Diprove de haberlos extorsionado para permitirles el comercio de autos usados, así que aplicaron la justicia comunitaria.

Vásquez, que fue comandante general de la Policía Boliviana antes de llegar al Viceministerio, dijo entonces que no se podía recuperar los cadáveres porque “es difícil ingresar a la zona (y) están bloqueados los accesos". Quien dio mayores datos fue el entonces comandante departamental de la Policía de Potosí, Orlando Ávila, quien aseguró que "hay francotiradores a lo largo de la carretera".

Los comunarios admitieron el linchamiento y acusaron a los fallecidos de haber matado a siete de ellos, pero no dieron pruebas de sus afirmaciones. Durante la negociación para la entrega de los cadáveres de los policías, exigieron como condición que el gobierno declare a la zona como de libre tránsito de autos indocumentados. Esa fue la confirmación de que la actividad ilícita de venta de automóviles “chutos” había llegado el nivel del crimen organizado. El lugar de comercialización era Challapata.

Una explicación para que el teatro de operaciones sean el sur orureño y norte potosino es, precisamente, su ubicación. La zona no solo es montañosa, con lugares de difícil acceso, sino que está cerca de la frontera con Chile, el país en el que los bolivianos compran autos indocumentados, muchos de ellos robados. Al otro lado de la frontera, las transacciones ilegales se hacen en el norte y, en esa zona, de topografía más plana, es muy difícil sembrar plantaciones de marihuana. Otra de las razones para que ese lugar se haya convertido en tierra sin ley se reveló con el caso de los cuatro policías linchados: la justicia comunitaria, esa que el gobierno de Evo Morales introdujo a la economía jurídica boliviana sin reglamentarla previamente, permitiendo que muchos crímenes se cometan a nombre de ella. Así, ese territorio del altiplano boliviano se convirtió en el santuario en el que los que cometen delitos podían refugiarse con la confianza de no ser alcanzados por la justicia ordinaria.  

Finalmente, los cadáveres fueron devueltos, en Uncía, y, poco después, Vásquez renunció a su cargo.

LOS BLOQUEOS DE EVO

Tanto en octubre de 2024 como en este junio, los bloqueos de los afines a Evo Morales tuvieron respaldo en el norte potosino, donde se reportó el uso de armas de fuego de largo alcance.

Uno de los puntos neurálgicos fue Llallagua que, junto a Siglo XX, forma un conglomerado urbano que el censo de 2024 cifró en 41.571 habitantes. Este municipio se encuentra a solo ocho kilómetros de Uncía, el lugar donde fueron entregados los cadáveres, hace 15 años.

Incomunicados, los pobladores de Llallagua aclararon que el bloqueo no era ejecutado por ellos, sino por gente de los ayllus e identificaron a uno en particular, Chullpa, cuya sede quemaron en represalia. El martes 10 de junio, un cabildo realizado en la plaza 10 de Noviembre decidió que la población y los transportistas procederían al desbloqueo, pero, cuanto este fue intentado, la reacción de los ayllus fue violenta porque llegaron a invadir la avenida Centenario de Siglo XX.

Al ver que los llallagüeños se estaban organizando, decenas de personas llegaron hasta los lugares de bloqueo el miércoles 11 de junio, para reforzarlo. En videos grabados desde Llallagua se advierte que los que llegaban eran qaqachacas, del lugar denominado “México Chico”, y se dijo que portaban armas de fuego. En una actitud de amedrentamiento, los recién llegados enviaron fotografías a grupos de WhatsApp de gente de Llallagua en los que se puede ver a personas con rifles de miras telescópicas.   

Para entonces, la Policía ya había preparado una incursión con apoyo de la población civil. El comandante departamental de la Policía de Potosí, José Luis Arancibia, encabezó el contingente que partió hacia Llallagua, pero la reacción de los bloqueadores fue desproporcionada porque respondieron con disparos de armas de fuego hiriendo a una veintena de policías, incluido el capitán Dayner Miranda. Un subteniente, Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, recibió un proyectil que le causó daños en el corazón y pulmón, provocando un profuso sangrado y su muerte por shock hipovolémico.

La Policía sufrió otras dos bajas, pero no por disparos, sino por el despliegue de violencia inaudita por parte de qaqachacas y chullpas. El certificado de defunción del sargento de bomberos Jesús Alberto Mamani Morales, conocido en Potosí por sus actuaciones en el rescate de mineros, dice “lesión de centros encefálicos superiores”, que es una manera técnica de decir que fue brutalmente golpeado en la cabeza. El del subteniente Carlos Enrique Apata Tola es más específico y, por tanto, estremecedor: revela que sufrió fracturas en la base del cráneo y huesos faciales y “traumatismo craneofacial abierto por elemento contuso”. En otras palabras, le aplastaron la cabeza y eso lo vio su madre, porque fue grabado en un video que después circuló por las redes sociales.

Los sucesos de Llallagua motivaron que las personas que mantenían bloqueos en otros caminos, como en Tarabuco, le pidieran a Evo Morales que considerara la posibilidad de levantarlos. El delegado presidencial en Chuquisaca, Rafael Jaldín, dijo a Correo del Sur que se comunicó con los tarabuqueños que le contaron que el expresidente respondió: “¿De tres muertitos se están asustando? Esto recién está empezando”.

La ferocidad de los bloqueadores de Llallagua no solo se cebó en los policías sino también en civiles. Vladimir Aguilar Choque, un estudiante de 17 años que cursaba el quinto de secundaria del colegio Siglo XX América tuvo la mala suerte de pasar por el lugar en el que los bloqueadores quemaban el bus que transportó a los policías. Lo vieron y acusaron de espía antes de golpearlo salvajemente, usando, incluso, palos con clavos. El adolescente murió desangrado en el Hospital Madre Obrera Plus. “El conflicto social que busca el interés y la ambición del expresidente Evo Morales truncó una vida que se abría al mundo a través del estudio”, lamentó el potosino ministro de educación, Omar Veliz.

La gravedad de estos hechos motivó una reunión urgente en el Ministerio de Gobierno con los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas. A puerta cerrada, se confrontó los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, la del propio ministerio y los del Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ministerio de Defensa. Lo que se dijo es que el norte potosino, en los alrededores de Llallagua y el límite con Oruro, estaba plagado de sembradíos de marihuana desde hace por lo menos diez años, pero la condición de zona roja de “México Chico”, que es de qaqachacas, es anterior. No existen grabaciones ni actas de esa reunión en la que se reveló algo más: las fuerzas de seguridad del Estado no intervinieron en la zona en años anteriores “por órdenes de arriba”.

La decisión asumida en la reunión fue recuperar el control de Llallagua con el apoyo de unidades del Ejército. La operación se realizó limpiamente, con apoyo de la población civil. El jueves por la noche, tropas de policías y militares, respaldados con tanquetas, ingresaron a la ciudad intermedia y fueron recibidos como héroes. Además del comandante general de la Policía Boliviana, Juan Augusto Russo Sandoval, el más entusiasmado era el viceministro de seguridad ciudadana, Jhonny Aguilera Montecinos, que en el pasado reciente no solo estuvo en el cargo de Russo, sino que también fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de La Paz y Santa Cruz. También estaba el ministro de gobierno, Roberto Ríos, pero observó una conducta discreta. 

Poco después, mientras policías de Oruro y Potosí restablecían el orden en una Llallagua todavía humeante, el ministro Ríos presentó renuncia a su cargo.

“México Chico”

Desde que Evo Morales asumió la presidencia, varios terrenos de los ayllus del norte potosino comenzaron a ser utilizados para el sembradío y cosecha de marihuana, denunció en septiembre de 2024 el asambleísta suplente de Alianza Social Herminio Fernández.

En nota publicada entonces por El Potosí, Fernández dijo que existen “carpas (que surgieron) como hongos” y sus responsables ni siquiera se tomaban el cuidado de ocultarlas, puesto que estaban seguros de que no se actuaría contra ellos.

Aprovechando la cantidad de efectivos que se congregaron en Llallagua, y el apoyo de la población, las fuerzas de seguridad encontraron y quemaron 63 carpas solares en Lagunillas, cerca de Llallagua, en las que se evidenció la existencia de plantaciones de marihuana. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, indicó que, en el norte potosino, los colombianos lideran la producción de marihuana y el tráfico de sustancias controladas hacia territorio chileno. En Lagunillas se quemó 14,5 toneladas de marihuana avaluadas en 2,1 millones de dólares.

“Nos hemos encontrado con grupos organizados, quienes han empleado violencia extrema, dinamita, pedradas y, por último, armas de fuego empleadas por francotiradores (…). Las finalidades de estos asesinatos, son indudablemente políticas, económicas y, en el caso puntual de Llallagua, vinculadas al narcotráfico”, confirmó Aguilera.

El viceministro aseguró que estas acciones no buscan solo frenar operativos policiales, sino desestabilizar el país. “Estos grupos están ligados al narcotráfico y tienen como objetivo sembrar caos, sabotear las elecciones del 17 y generar miedo entre la población”, agregó.

En esa línea, el comandante general de la Policía Boliviana, el potosino Augusto Russo, respaldó la versión del viceministro y confirmó que el lugar denominado “’México Chico’ es ya considerado una zona roja. Se tiene información clara de que ahí operan fábricas ilegales de droga”.

En la jerga policial, “zona roja” es un lugar donde no existe ley y ahí es como se identifica a Cotaña, una comunidad del jatun ayllu qaqachaca que están en la jurisdicción del municipio de Challapata pero, por su ilegalidad, ahora es conocida como “México Chico”. Por allí circulan tanto los traficantes de marihuana como los autos indocumentados.

Los sembradíos de marihuana en carpas solares era un secreto a voces. Las plantaciones forman parte de un mayor esquema de ilegalidad porque esa droga es internada en Chile para su venta o intercambio con autos “chutos”.

Ese mecanismo es conocido, entre otros, por los choferes que realizan servicio de transporte entre Chile y Bolivia, porque ellos son los que ven el tránsito de estas personas entre el norte potosino y el del vecino país.

Freddy Cruz en uno de esos transportistas y aseguró que ha visto pasar “infinidad de vehículos” chutos desde Chile con rumbo a Challapata, que está en el sur de Oruro. Afirma que un colega le refirió conocer el caso de dos venezolanos que habrían muerto por ajustes de cuentas entre narcotraficantes, cerca del cruce de Macha.

Las fuentes policiales que accedieron a hablar para este reportaje se acogieron al secreto de la fuente arguyendo que ya mucha gente murió por meterse con los traficantes de marihuana y se mencionó el linchamiento de los cuatro policías de Diprove, en 2010.