El juez público 4° de Familia, Wilfredo Núñez, observó el amparo constitucional presentado por la Gobernación, con el que pretende suspender la entrega de regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz, y dio un plazo de tres días para hacer la subsanación correspondiente.

Núñez asumió la demanda tras la negativa del Tribunal de Garantías de transferir la causa a una de sus salas, solicitud que realizó la Gobernación en aplicación al artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 32 del Código de Procedimiento Constitucional, que dan la posibilidad de presentar un amparo ante jueces o tribunal de garantías.

“Una vez presentado el amparo constitucional, se hizo el sorteo respectivo que recayó en un juez, hemos pedido que conozca este tema una de las salas del tribunal departamental, pero se excusaron de hacerlo, desconocemos los motivos. Nos hubiera gustado que los vocales tomen una decisión”, dijo poco antes de la notificación el presidente de CODEINCA, Freddy Montero.

La Gobernación fue notificada a las 18:20 de ayer y en su respuesta, el juez le solicita que puntualice los medios legales que se hubiesen utilizado para oponerse al estudio.

“En este caso nosotros como Gobernación realizamos un sinfín de notas reclamando y haciendo conocer la imposibilidad de que se trabaje con datos o información referencial como lo hizo YPFB”, explicó el secretario Jurídico del Gobierno Departamental, Armin Cortez.

Agregó que esa fundamentación fue manifestada en el recurso, que al parecer, según Cortez, el juez piensa que fueron actos judiciales por lo que pide se aclare la naturaleza jurídica de estos elementos con carácter previo.

Cortez señaló respecto a la Resolución Ministerial 222/2012, referida al estudio técnico de los campos Incahuasi y Aquío para determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre departamentos y que es el motivo de la demanda, no había posibilidad de presentación de recurso alguno, sólo de realizar observaciones. “Entonces eso es lo que se le debe aclarar al juez”, remarcó.

En una segunda observación, el juez pide a la Gobernación que explique por qué se hace referencia al derecho vulnerado de los artículos 368 y 341 de la Constitución Política del Estado.

“Este elemento es complejo, por cuanto al no existir un derecho específico que afecte a la Gobernación, lo que hicimos fue buscar la tutela de un derecho difuso como es el de percibir regalías por parte de toda la población chuquisaqueña, entonces en eso al parecer el juez tiene dudas y pide se aclare”, afirmó Cortez.

Sin embargo, el jurista cree que estas observaciones son entendibles por cuanto lo que se está demandando no tiene precedente alguno. “Al ser algo completamente nuevo, es normal que el juzgador tenga dudas, más tratándose de un juez del área de familia, que ve otro tipo de acciones y lo que pretendemos es complejo y requiere mucha apertura del juzgador”, agregó.

El Secretario Jurídico concluyó que de todas maneras la Gobernación subsanará a la brevedad posible estas observaciones a los efectos de que el recurso sea admitido.

La Gobernación presentó el pasado 9 de febrero un amparo constitucional en contra de YPFB, pidiendo que suspenda la entrega de regalías por haber validado una "incorrecta aplicación" de datos técnicos, legales e históricos en el estudio de la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ, que otorga a Santa Cruz el 100% de la propiedad del megacampo gasífero Incahuasi –y por consiguiente, los beneficios económicos–, vulnerando los derechos de la región.

En agosto de 2016, YPFB recibió y aprobó el informe final de la GLJ. En septiembre, empezó la producción comercial del campo Incahuasi.

La Gobernación también prevé accionar un recurso de inconstitucionalidad contra resoluciones de 1914 sobre los límites con Santa Cruz para hacer prevalecer las normas de 1898 y 1912 que quebrantaría el principio de supremacía establecido por el artículo 410 de la CPE.