Ley local regulará el funcionamiento de centros infantiles

El funcionamiento de los centros infantiles públicos, privados y de convenio será regulado por una ley municipal que fue aprobada por la mayoría del Concejo de Sucre. La normativa exigirá condiciones mínimas de infraestructura y personal con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de los niños menores de cinco años.

Hasta ahora, sólo los centros infantiles municipales eran normados por un reglamento, mientras los privados y de convenio funcionaban sin ninguna regulación, al extremo que se desconoce actualmente cuántos prestan su servicio en el municipio.

“Creo que esta ley nos va a permitir no solamente avanzar de manera muy amplia en los derechos de los niños, ponernos a tono, con todos los derechos universales, con las instituciones que van promoviendo los derechos de la primera infancia en particular, y sobre todo, el impacto que va a tener esta ley es de trabajar en nuestros niños de la primera infancia de uno a cinco años en la escuela, que va de primer curso básico hacia adelante, que todos los chicos puedan estar nivelados en sus avances psicomotores y esto es fundamental para el desarrollo de un municipio y una ciudad”, señaló la concejala Kathia Zamora.

La nueva ley municipal, cuyo tratamiento estaba pendiente hace varios meses, fue aprobada ayer con el voto de siete ediles; dos votaron en blanco y dos no estuvieron presentes en la sesión del pleno.

“Esta ley municipal regula las condiciones mínimas que deben tener los centros infantiles sean estos públicos, privados o de convenio, y creo que era necesario tener una regulación actualizada de los parámetros que han establecido algunos organismos internacionales que nos permita tener mejor cuidado de los menores de cinco años de edad, y que también se haga una orientación clara en lo que se refiere a la educación y la gestión que debe haber por parte de nuestro Gobierno Municipal de Sucre”, señaló el concejal Pablo Arízaga.

Tras esta aprobación en el Concejo, el Ejecutivo Municipal deberá promulgar y reglamentar la ley en un plazo no mayor a 60 días, además de socializarla con los sectores involucrados.