Potabilizadora depende de fallo y expropiación
El avance depende de la Alcaldía y el Concejo que, sin embargo, deben esperar al TCP
La expropiación de terrenos para la construcción de la planta potabilizadora de agua en el proyecto Sucre IV está ahora en manos de la Alcaldía y el Concejo Municipal. No obstante, ambos esperan la revisión en el TCP sobre una acción popular que, según su juicio, erróneamente, fue concedida a comunarios que pedían consulta previa.
Ayer, en el salón de debates de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, se desarrolló la audiencia pública sobre la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua con los representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), concejales, técnicos del ejecutivo municipal y el Gerente de la Empresa Local de Agua Potable Sucre (ELAPAS).
En la cita se analizó el fallo emitido por la Jueza de Garantías que dio tutela a la acción popular a comunarios de Pata Lajastambo, lo que significaría que la Alcaldía no podría expropiar las 4,1 hectáreas en la zona de Q’uchu Tambo sin antes hacer una consulta a los pobladores de esas zonas para el uso del suelo.
En la audiencia, el técnico del INRA ratificó que los terrenos de Pata Lajastambo están en una zona urbana, por lo que sus pobladores no pueden pedir una consulta popular para el uso de suelo ya que no se afecta ningún territorio originario, así como señala la ley.
Lo ratificó el Consultor Externo de la Empresa alemana Gitec quien remarcó que en una consulta previa, los comunarios de Q’uchu Tambo, donde sí se asienta el proyecto, certificaron su aprobación para el emplazamiento de la nueva planta de tratamiento de agua.
La senadora del MAS Nélida Sifuentes, escuchando los argumentos técnicos, lamentó que la Jueza de Garantías haya fallado en contra de Sucre lo que podría frustrar el proyecto de agua. Instó a seguir con el proceso de expropiación de 4,1 hectáreas, para ello, el Ejecutivo municipal debe enviar el proyecto de ley al Concejo hasta este lunes 16 de julio y luego los ediles deberán aprobar la nueva norma esa misma semana y viabilizar el proyecto para que se inicie el proceso de licitación internacional.
Los concejales Rosario López, Omar Montalvo, Aydeé Nava, Santiago Ticona y Santiago Vargas anunciaron que viabilizarán la aprobación de la expropiación, pero remarcaron que antes se debe contar con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el fallo de la Jueza de Garantías, ya que el incumplimiento derivaría en un proceso penal.
La Alcaldía también espera la revisión en el TCP tras presentar los informes respectivos en el juzgado por la acción popular.
Sifuentes denunció que los propietarios de los terrenos intentan beneficiarse con el cobro de $us 50 por metro cuando la Autoridad de Bosques y Tierras fijó el costo en $us 6.
