A una semana de cumplirse la fecha para el traslado de la Gerencia Nacional de Redes y Ductos de Gas a Sucre, una comisión llegó ayer a la ciudad para buscar un inmueble para dicha institución, sin embargo, el silencio de YPFB aún siembra dudas en la región.

El diputado por el MAS Basilio Velásquez confirmó que ayer llegó una comisión del Ministerio de Hidrocarburos con el fin de ubicar uno o varios inmuebles en calidad de alquiler para la instalación en Sucre de la Gerencia Nacional de Redes y Ductos de Gas, tal y como establece la Ley de Hidrocarburos.

El 26 de enero, el juez Público de Familia Nº 7, Juan Quiroga, constituido en Juez de Garantías, determinó que en el lapso de 180 días, la Gerencia de Redes de Gas y Ductos debe instalarse en la Capital en sujeción a lo que indica el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, tras una acción de cumplimiento interpuesta por el diputado Horacio Poppe.

Velásquez sotuvo que en su calidad de diputado representante del Chaco chuquisaqueño mantiene constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Prolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y adelantó que hace la gestión necesaria para que se cumpla el fallo judicial en el plazo establecido.

El diputado chaqueño, no obstante, no pudo informar a CORREO DEL SUR sobre el trabajo de la comitiva del Ministerio en la ciudad ni sobre la reunión que anunció.

Este diario visitó las instalaciones de la regional de Redes de Gas en Sucre, donde se informó que esperan que esta semana llegue personal de YPFB, aunque no precisaron las razones.

SIGUE LA DUDA

“Nos place saber que haya llegado una comisión para ver inmuebles en Sucre para el funcionamiento de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, y qué bueno que un diputado del oficialismo tenga comunicación con YPFB ya que a nosotros no nos respondieron ni cartas, ni informes sobre este tema”, reaccionó Poppe.

Sin embargo, pese a los anuncios de traslado, el parlamentario junto a su equipo técnico prepara la documentación necesaria para que el 30 de julio –en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial– se solicite al Juez de Garantías una certificación del cumplimiento del fallo, caso contrario se activará la solicitud del uso de la fuerza pública contra el Ministro de Hidrocarburos y el Presidente de YPFB para que hagan cumplir lo que corresponde por ley y se activará un proceso penal por incumplimiento de deberes.