Procesan a juandediano y Orden dejaría instituto

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, presentó una querella penal en contra del ex gerente del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, hermano Abraham Choquecallata, y el chofer de esa institución José Zambrana, por ir a recoger al aeropuerto Alcantarí a otro juandediano, ex director del centro de salud, lo que calificó como supuesto uso indebido de bienes y servicios públicos. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios asumirá defensa legal y analiza la posibilidad de rescindir el Convenio de Cooperación Interinstitucional.

La querella penal presentada por Urquizu ante la División de la Fiscalía Especializada de Persecución de Delitos tiene origen el 30 de junio de 2017, cuando una vagoneta de propiedad del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco se dirigía al aeropuerto Alcantarí a recoger al ex director de esa institución, hermano Luis Sánchez, y sufrió un accidente de tránsito debido a la invasión de carril de otro vehículo; no llegó a la terminal aérea.

Según la denuncia de Urquizu, la vagoneta iba a recoger a una persona “ajena al Instituto”, que no prestaba servicio humanitario, social o de ayuda al Instituto Psiquiátrico por orden del director del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, hermano Abraham Choquecallata.

“Encontramos en la denuncia alto desapego a la verdad material y coyuntura que vivía el centro en ese momento, ya que al tener aún, a esa fecha, como Orden Hospitalaria San Juan de Dios ‘la Administración delegada’ del Instituto Psiquiátrico, el Hno. Luis Sánchez no puede ser calificado como persona ajena a la obra social afincada en el Instituto”, señala la carta enviada al Gobernador por el Superior Provincial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Erik Castillo.

El 13 de julio, la Fiscalía Departamental emitió una citación para que el hermano Abraham Choquecallata se presente el 19 de julio en la oficina de la División Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción junto con su abogado para que preste declaración informativa sobre la denuncia presentada por la Gobernación en su contra por el supuesto delito de uso indebido de bienes y servicios públicos.

En la denuncia, la Gobernación habría solicitado a la Fiscalía la imputación, acusación y condena de privación de libertad de uno a cuatro años del ex Director del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, quien actualmente cumple funciones en Cochabamba.

“Señor Gobernador, consideramos el inicio de la acción penal en contra del Hno. Choquecallata y el chofer del Instituto una acción amedrentadora, extrema, discriminadora, abusiva y de alta persecución a quienes sólo fueron delegados por la Orden Hospitalaria a servir al prójimo y trabajar denodadamente por la salud mental en nuestra región”, prosigue la carta enviada a Urquizu.

En la misiva el Superior Provincial le recuerda a Urquizu que entre el 5 de febrero y 9 de agosto de 2017 la Orden Hospitalaria San Juan de Dios tenía la administración delegada del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, y que desde entonces hasta ahora cumplen el rol de coordinadores.

“Comprenderá que nuestra posición es de apoyo total a nuestro hermano en la defensa ante las instancias que correspondan y que amerita reunirnos entre partes para la resolución del Convenio de Cooperación Interinstitucional D. A. G. J Nº 54/2017 suscrito entre partes que hacía posible la permanencia de la obra de San Juan de Dios en el departamento de Chuquisaca”, concluye la carta de Castillo anunciando su arribo y solicitando fije hora y lugar para el encuentro.

El superior Provincial de Argentina, Bolivia y Chile, Erik Castillo, con residencia en Buenos Aires, llegó ayer y se reunió con autoridades de la Iglesia Católica en Sucre, entre ellos el arzobispo Jesús Juárez.

“Nosotros como hermanos de San Juan de Dios vamos a respaldar 100% a nuestro hermano, estamos seguros de que el hermano actuó bien, y todo el caso está en manos de los abogados, queremos que haya transparencia para que esto se termine luego”, señaló Castillo.

El Arzobispo de Sucre dijo no tener mayores conocimientos de los hechos y que la parte jurídica se encargará de asumir defensa del hermano juandediano.

“Pero sí que estamos ansiosos de que se defienda la verdad, que se respete a las personas y sobre todo la verdad es la que tiene que hablar”, señaló Juárez.

Después de más de 117 años de servicio en el hospital Santa Bárbara, hace un año, las religiosas de la congregación Siervas de María se retiraron totalmente de ese nosocomio agobiadas por una deuda de 122 mil dólares debido a una multa de la Aduana Nacional por un contenedor con donativos, ante lo cual las autoridades no reaccionaron. Tras ello, se denunció la intención de alejar a los juandedianos del Psiquiátrico; finalmente, se firmó un convenio que les encargó la coordinación ya que por ley la administración debía ser cedida a la Gobernación.

En ambos casos, trabajadores que prefirieron mantener el anonimato denunciaron que servidores públicos de mediano rango hostigaron a las religiosas y religiosos desde que tomaron bajo su mando las administraciones.