El uso de pavimento rígido en la construcción de carreteras del país podría ser la solución a la caída de ventas de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), en medio de los anuncios de la puesta en marcha de otras empresas de este rubro. Así lo plantea el Instituto Boliviano de Cemento y el Hormigón (IBCH), alarmado por las importaciones de asfalto y su poca durabilidad.

En 2017, las ventas de la factoría chuquisaqueña se redujeron en un 17% en Santa Cruz, su principal mercado. Las caídas no terminaron ahí, pues en mayo, por los conflictos en torno al campo gasífero de Incahuasi, volvió a perder en la región oriental. Por el paro cívico, la pérdida fue de Bs 60 millones, según calcularon.

En el último periodo fabril, que concluyó el pasado 31 de marzo, las utilidades de FANCESA alcanzaron Bs 114 millones, una cifra menor a los Bs 253 millones de la anterior gestión fabril.

Desde el IBCH sugieren que esta situación podría ser revertida con una política pública que se incline más por el pavimento rígido que por el asfalto al construir carreteras.

El asfalto, además de contar con índices bajos de durabilidad, le cuesta al Estado más  de 50 millones de dólares en importaciones, pues no existe una fábrica de este material en el país.

“En tres años, con esos 50 millones por año, 150 millones, se podía haber comprado, por ejemplo, toda la producción de FANCESA. Más de un millón de toneladas de cemento es lo que alcanza en tres años”, ejemplificó el gerente del IBCH, Marcelo Alfaro, durante su visita a Sucre.

Además de favorecer a FANCESA, que el Estado construya carreteras con pavimento rígido impulsará el crecimiento de todas las empresas que se dedican a este rubro. En el país, son 13 pavimentadoras deslizantes, de las cuales sólo cinco se encuentran con obras, precisó Alfaro.

La propuesta cobra relevancia en medio de los anuncios de un crecimiento de la producción de cemento en el país. En 2017, se produjeron más de 3,6 millones de toneladas y hasta septiembre de este año, se llegó a 4,5 millones. De acuerdo con los cálculos de FANCESA, al final de la gestión se dispararía a 5,5 millones y en los siguientes años, llegaría incluso a 9 millones.

Esto se calcula tomando en cuenta la ampliación de Itacamba en Santa Cruz y de la Sociedad Boliviana de Cemento en La Paz, además del próximo inicio de producción de empresas estatales en Oruro y Potosí.