Discriminación: Casos involucran al magisterio

Un total de tres personas formalizaron denuncias y llegaron a una conciliación por casos de racismo y discriminación en Sucre. La oficina municipal que atiende los reclamos amparados por la Ley 045 atendió una veintena de consultas desde su apertura realizada a mediados de esta gestión.

La razón más frecuente por la cual las personas se sienten discriminadas es el trato preferente por su condición social o apariencia física en diferentes instancias públicas y privadas, informó la responsable del área de Género de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, Marinel Sandoval.

LOS TRES CASOS

“Dos son de unidades educativas, uno es de uno de los mercados donde una señora ha sufrido discriminación por parte del encargado del mercado”, informó Sandoval.

Dentro de un establecimiento educativo se comprobó discriminación por discapacidad, cometida por una profesora, mientras que en otra unidad educativa una educadora infringió la Ley 045 al excluir a una estudiante por su vestimenta. “No quería que la estudiante baile por su forma de vestir” informó Sandoval; en ambos casos las denuncias concluyeron en conciliación.

Un tercer caso fue conocido a raíz de la denuncia de una vendedora que fue maltratada psicológicamente en razón de su género, por parte de un funcionario. Sandoval informó que en este caso también se logró un compromiso de parte del transgresor para frenar los agravios.

¿CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO?

Según el protocolo de atención, las denuncias pueden ser presentadas de manera anónima y las trabajadoras sociales deberán realizar un informe preliminar sobre el caso.

A la par de ese trabajo, profesionales del área aplican cuestionarios psicológicos a la supuesta víctima, con el fin de comprobar la fiabilidad de su testimonio, en caso de no contar con pruebas sobre el hecho denunciado.

Además, un abogado brinda asesoría legal sobre el caso que de formalizarse requerirá que se cite a los supuestos infractores de la Ley 045 “Contra el racismo y toda forma de discriminación.

“Se le hace entender (al agresor) que esto tiene penalización, que no es como antes que cualquiera podía decir de todo y nadie decía nada, cuando era algo que pasaba desapercibido”, comentó Sandoval al detallar que se informa que hay diferentes sanciones de acuerdo con la vulneración registrada.

En caso de que el acusado no se presente, la denuncia es remitida al Ministerio Público y cuando las denuncias refieren a hechos suscitados en unidades educativas, los reclamos se derivan también a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y a la correspondiente dirección de educación.

En la audiencia de conciliación, a través de un documento, el acusado(a) se compromete a no infringir más la normativa y las víctimas reciben orientación y terapia psicológica.

“Hay personas que no se animan a denunciar, dejan datos y no regresan”, lamentó Sandoval al informar que hay varias consultas de personas de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) que no fueron formalizadas.

La oficina que retomará actividades el 2 de enero está ubicada en el primer nivel de la calle Cobija Nº 69.