Recluyeron a más de 10 niños a hogares en 2018

Al menos 15 niños y niñas pasaron a vivir en hogares de Sucre durante 2018 por diversos problemas con sus padres como situación de cárcel o maltratos, entre otros. La mayoría pertenecen a familias migrantes y de las zonas periurbanas de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por la secretaria municipal de desarrollo humano y social, Nelly Toro, unos 15 niños, especialmente menores de cuatro años, fueron recluidos en hogares a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Un gran porcentaje de estos menores corresponde a las zonas periurbanas como Lajastambo, en el Distrito 3; los barrios Japón y Alemania Unida, en el Distrito 5; además del Distrito 4, ejemplificó Toro. “Eso significa que son familias migrantes”.

Actualmente, se evalúa la situación de gran parte de estos niños, pues las autoridades deben verificar si el padre o la madre, dependiendo de quién esté en la cárcel o sometido a algún proceso legal, se encuentre “psicológicamente bien” para hacerse cargo del menor.

“Todavía se está viendo en el caso, por ejemplo, si la madre hubiese entrado en cárcel, ver si el padre esté psicológicamente bien o viceversa; mientras tanto se quedan en un hogar hasta que cumplan las sanciones o condiciones legales”, explicó la Secretaria municipal. 

Es el caso de la niña de tres años que en noviembre pasado fue quemada, al ser sentada en un ladrillo caliente por su padrastro como castigo por orinarse. Toro explicó que el autor del hecho se encuentra en la cárcel –fue sentenciado en diciembre a cinco años de prisión por lesiones gravísimas– y que la madre se acogió a la suspensión condicional de la pena de tres años al ser cómplice del acto. “Entonces queremos ver cuál es la evaluación psicológica positiva que pueda tener la madre para atender a la niña”, añadió.

Para atender a este sector, la autoridad edil recordó que durante el año pasado su repartición avanzó en la Ley Municipal del Código Niña, Niño y Adolescente, entre otras normativas que benefician a las poblaciones más vulnerables, para las cuales resta trabajar en la elaboración de reglamentos, protocolos de atención y manuales de funciones, una tarea pendiente para esta gestión.