El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, anunció anoche, en Sucre, que abogarán “por el interés público interamericano”, al referirse a la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal. En octubre pasado la Comisión, cuyos miembros se reúnen en la Capital, determinó que hubo violación de derechos en este caso y lo remitió a la Corte IDH.
Flores, cuando era dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional, desapareció el 17 de julio de 1980 tras el asalto armado perpetrado por fuerzas militares y paramilitares a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB). Su familia, representada por su hermana, Olga Flores Bedregal, planteó la denuncia ante la CIDH en 2009.
Lanza se pronunció respecto a este caso durante el “Conversatorio Regional: Derecho de Acceso a la Información: Avances y perspectivas”, organizado por una treintena de instituciones, entre ellas la Konrad Adenauer y la Fundación Construir. El evento se realizó en el Hotel Parador Santa María La Real.
“No quiero adelantarme porque la decisión está en manos de la Corte, pero sí la Comisión ya determinó que hubo una violación (de derechos) en este caso… Abogaremos por el interés público interamericano, que es nuestra función como Comisión…”, dijo el relator Lanza al recordar que “los fallos de la Corte son vinculantes”. La Comisión sometió el caso a jurisdicción de la Corte IDH el 18 de octubre de 2018.
“Para la CIDH, el caso ofrece a la Corte la oportunidad de desarrollar y consolidar su jurisprudencia sobre el deber de los Estados de adecuar su marco jurídico para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos”, recomendó la Comisión en su momento.
CORREO DEL SUR le preguntó al presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe –quien estaba presente en el conversatorio– la importancia de que la Corte vaya a pronunciarse sobre este caso. En primer lugar, recordó que aquel 17 de julio murieron en el asalto armado a la COB tanto Flores como Gualberto Vega Yapura, y que cayó herido de muerte Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Con esta noticia, (Lanza) nos dice que la CIDH aprueba que el Estado boliviano tenga que ocuparse de este caso”, interpretó.
Por su parte, la abogada Silvia Salame rememoró que Olga Flores pidió al Estado durante muchos años que se le entregue el cadáver de su hermano, desaparecido al igual que el de Quiroga Santa Cruz durante el gobierno de Luis García Meza.
“Como ella no ha encontrado justicia en Bolivia, sobre todo, para que se abran los archivos militares, porque el archivo militar tiene que saber dónde está Quiroga Santa Cruz, tiene que saber dónde está él (Flores) y muchas otras personas que murieron ese día y en todo ese proceso. Como no ha abierto el Ejército, entonces ha recurrido a la CIDH”, explicó Salame.
