Durante la audiencia de seguimiento de las medidas cautelares aplicada a Guatemala, en Sucre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer a esa república a atender de inmediato la crisis humanitaria que viven los pobladores desalojados de Laguna Larga.

El abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Edgar Pérez, uno de los peticionarios, mostró fotografías que evidenciaron la falta de acceso a la salud, educación, alimentación y servicios básicos que sufren desde 2017 los desplazados en la circunscripción de El Desengaño, región fronteriza con México.

Por ello, solicitó que se les permita un retorno provisional a Laguna Larga, donde generaban su propio desarrollo económico sin necesidad del Estado, cosechando sus propios alimentos y plantando árboles frutales.

Tras escuchar la exposición de la realidad de las familias y la contraparte del Estado, el comisionado Luis Ernesto Vargas expresó que es “la tragedia más grande que ha visto”. Recordó la visita que hizo la Comisión al campamento construido por los desalojados, donde viven a más de 40 grados de temperatura.

Coincidió con su opinión la relatora de Guatemala y México y también presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, quien exigió al Estado una atención inmediata a los afectados. Por su parte, la comisionada Margarette May Macaulay pidió que se reemplacen las vituallas asiáticas, que el Gobierno entrega periódicamente, por alimentos producidos en la misma región. “Esto es terrible, no puedo imaginar que la gente pueda vivir así”, declaró.

Autoridades de Guatemala informaron durante la audiencia que, mediante decreto presidencial, se instruyó la compra de una finca en Petén para que se concrete la reubicación de 111 familias en condiciones dignas; sin embargo, apuntó a los dirigentes de la comunidad de impedir una solución al problema. Pérez puso en duda este anuncio, mencionando que hubo muchas promesas incumplidas por parte del Estado. 

DESPLAZAMIENTO FORZADO

El 2 de junio de 2017, 1.500 efectivos de la Policía y el Ejército de Guatemala desalojaron a más de 450 personas, entre ellas 205 niños, acusadas de apoderarse de 74 hectáreas del área protegida de Petén. Ante esta situación, los indígenas se instalaron en un campamento improvisado de la franja fronteriza con México.

Tras enterarse de este desplazamiento forzado, la CIDH visitó el lugar y el 8 de septiembre del mismo año decretó medidas cautelares, en las cuales pidió al Estado guatemalteco que adopte las acciones necesarias para proteger el derecho a la vida, integridad física y salud de las personas desalojadas y desplazadas.