MANCOMUNADO
La sugerencia del Gobierno central es que el nuevo relleno sanitario sea compartido con otros municipios como Yamparáez, que posee lugares amplios y planos aseguró el secretario de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación, Jamil Flores al mencionar que esto facilitaría la gestión de recursos económicos.
La Alcaldía de Sucre incumplió los plazos que se puso para el cierre técnico del botadero de Lechuguillas, según observó la Gobernación de Chuquisaca. La Municipalidad respondió que la clausura es paulatina y que ahora apunta a un proyecto integral de residuos sólidos.
La cercanía con asentamientos del Distrito 7 constituye el principal problema que tiene el botadero, cuya clasificación es de “controlado y a cielo abierto” y, por lo pronto, cumple con la normativa ambiental.
A demanda de juntas vecinales y comunidades cercanas, en 2016 la Gobernación solicitó a la Alcaldía que planifique el cierre del botadero. En atención a este pedido, la Comuna remitió un plan en el que planteaba cerrar el basurero en dos años e identificar un espacio para la construcción de un relleno sanitario.
“Estamos esperando la documentación oficial para que cumplan el plazo que ellos mismos se han puesto”, manifestó el secretario de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación, Jamil Flores.
Agregó que el actual botadero se encuentra próximo a vecinos que reclaman su traslado. También se quejan por el polvo y los olores que genera ese lugar, a lo que se suma la susceptibilidad social por la contaminación del río Chico.
UN PROYECTO INTEGRAL
El director Municipal de Medioambiente, Iván Albis, informó que el cierre del botadero de Lechuguillas será paulatino y que por ahora ya se avanzó en el Proyecto Integral de Manejo de Residuos Sólidos, puesto a consideración del Ministerio de Medio Ambiente y Agua el pasado 5 de abril.
El proyecto incluye un estudio de identificación de tres probables sectores para emplazar un relleno sanitario y el cierre de los botaderos Lechuguillas y La Esperanza. La ejecución tendría un costo de $us 40 millones.
El ambientalista Cliver Pérez, tras una revisión a la Ley de Gestión Integral de Residuos 755, considera al actual botadero como “improvisado” porque se encuentra cerca de quebradas y ríos, cuando la norma indica que debe estar alejado por lo menos 1.000 metros y en el caso de la población a más de 100 metros.
