La gestión de la actual directiva del Concejo Municipal concluirá en dos días y las negociaciones de la alianza opositora, entre Chuquisaca Somos Todos (CST) y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), avanzan a paso firme, por lo que todo apunta a que se mantendrá al frente del ente legislativo.
Los representantes de ambas fuerzas políticas sostuvieron reuniones durante las últimas horas con la finalidad de fortalecer sus vínculos para evitar que la directiva vuelva a manos del Movimiento al Socialismo (MAS), según conoció CORREO DEL SUR.
La actual directiva concluye su gestión este jueves y tendría la intención de realizar la elección el mismo día.
El ente legislativo está conformado por cinco concejales del MAS, cuatro del FRI y dos de CST, por lo que los votos de estos últimos (Pablo Arízaga y Juana Maldonado) son “claves” para asumir la presidencia y especialmente de Maldonado, cuyos vaivenes entre el MAS y la oposición generaron dudas en los últimos años.
De acuerdo con Arízaga, la alianza opositora elaboró en 2018 un plan de trabajo de dos años, que todavía tiene objetivos por cumplir. Además aseguró que anoche sostuvieron una reunión junto con Maldonado, quien en las tres primeras gestiones se inclinó por el MAS y el año pasado, por la oposición, lo cual volvería a suceder de acuerdo con los resultados de las últimas negociaciones.
Sin embargo, desde el MAS también confirmaron que conversaron con Maldonado, quien en contacto con CORREO DEL SUR negó haberse reunido ni con el oficialismo ni con la oposición.
“Hoy día no me he reunido con nadie, eso es mentira, en ningún momento con nadie estoy, no estoy pensando en nada todavía”, señaló.
IMPUTACIÓN
Ayer se conoció que el Ministerio Público imputó formalmente a la concejala Maldonado y pidió medidas sustitutivas a la detención preventiva, por la presunta comisión del delito de concusión y beneficio en razón del cargo, pese a que la autoridad edil y su abogado defensor, Christian Arancibia, negaron haber recibido el documento.
En la solicitud que ingresó ayer al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía pide la detención domiciliaria sin autorización para asistir a su trabajo, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y prohibición de salir del país, entre otras medidas, a raíz de la presunta venta de pegas.
