Seis alcaldes descuidaron convenio sobre las grapas
Actualmente, toda la recaudación por el engrapado de vehículos pasa a la cuenta de la Policía

Desde el 2005, una media docena de alcaldes de Sucre incumplieron la ordenanza municipal 009/05, que les instruía consensuar un nuevo convenio con la Policía Departamental para que el municipio se beneficie de los recursos económicos generados por el engrapado de vehículos estacionados en sitios prohibidos, por lo que durante ese tiempo, la institución del orden se favoreció con el 100% de la recaudación.
La última vez que la Alcaldía de Sucre y la Policía Departamental firmaron un convenio para sancionar a los conductores que estacionan en lugares no permitidos y dividirse la recaudación fue en julio de 2004, en la gestión de la exalcaldesa y actual concejala, Aydeé Nava.
El convenio se suscribió en cumplimiento de la resolución 222/04 del Concejo Municipal, que establecía una sanción de Bs 50 a los infractores, de los cuales el 50% beneficiaba al municipio de Sucre y el 50% a la Policía Departamental; sin embargo, el acuerdo feneció el 31 de diciembre del mismo año.
En febrero de 2005, el Concejo Municipal sancionó una ordenanza restringiendo el estacionamiento vehicular en unas 40 cuadras del centro de la ciudad e instruyó al Ejecutivo consensuar con la Policía Departamental un nuevo convenio para el engrapado de vehículos en esos lugares.
Desde aquella vez, seis alcaldes no cumplieron la ordenanza: Aydeé Nava, Hugo Loayza, Jaime Barrón, Verónica Berríos, Moisés Torres e Iván Arciénega.
“No tengo la certeza si he vuelto a firmar o no otro convenio, no recuerdo, el Ejecutivo tiene que buscar en archivo”, señaló la exalcaldesa Aydeé Nava.
La institución del orden continuó cobrando la multa durante los últimos 15 años y toda la recaudación fue a parar a una cuenta fiscal de la Policía Nacional.
“Como autoridad en ese momento exigimos que dicho convenio se suscribiera con la Dirección Departamental de Tránsito y con la Policía, pero no prosperó en absoluto porque era un tema que a la Policía le convenía que no esté resuelto y es por eso que ellos asumían enteramente una competencia que según las normas a nivel nacional no les corresponde, esta es una competencia eminentemente municipal”, señaló el exalcalde Moisés Torres.
Los concejales de la actual gestión pretenden que se revierta este descuido, por ello, a iniciativa del concejal Omar Montalvo, promovieron peticiones de informe para averiguar qué sucedió y cómo se puede subsanar. Unos creen que el Ejecutivo debe firmar el convenio y otros plantean la elaboración de una ley municipal de manera que el municipio se beneficie con mayor porcentaje de la recaudación
“También debe revisarse la ordenanza y el por qué el Ejecutivo, poniéndose por encima del Concejo ha dispuesto la restricción en otras calles y tramos que no estaban autorizados, hay una ordenanza que regula la prohibición de parqueo en determinados puntos de la ciudad, sin embargo el Ejecutivo se dio a la tarea de ampliarlos”, señaló Montalvo.
La normativa
La ordenanza municipal 009/05 aprobada el 9 de febrero de 2005, instruye al Ejecutivo consensuar un nuevo convenio con la Policía Departamental para el engrapado de vehículos estacionados en lugares no permitidos.