Convenio para la doble vía no prospera en tres meses
El próximo martes, el convenio para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez cumplirá tres meses en el despacho del gobernador Esteban Urquizu, debido a la falta de una certificación de la capacidad de endeudamiento referencial, entretanto la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sigue
IRREGULAR. El pago por las grapas ingresa a una cuenta de la Policía sin que haya un convenio. Foto: César Vale El próximo martes, el convenio para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez cumplirá tres meses en el despacho del gobernador Esteban Urquizu, debido a la falta de una certificación de la capacidad de endeudamiento referencial, entretanto la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sigue a la espera de este documento para lanzar la licitación del proyecto. El asambleísta Manuel Alfaro se comprometió a agilizar el trámite de manera que esté resuelto hasta fin de mes.
El pasado 13 de mayo, Urquizu recibió el convenio, en cuatro copias y con la firma del presidente ejecutivo interino de la ABC, Vladimir Sánchez, para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez; sin embargo, todavía no lo firmó, ya que debe adjuntar la certificación de endeudamiento, luego remitirlo a la Asamblea Legislativa Departamental para su aprobación y finalmente devolverlo a la ABC.
“El trámite de certificación de la capacidad de endeudamiento referencial es un poco moroso, reconozco que hay una demora, pero en el seguimiento personal que hice el pasado viernes hay el compromiso de que se nos envíe en el transcurso de esta semana, máximo la próxima semana, pero hasta fines de agosto tendríamos que estar iniciando el trámite para la licitación”, señaló Alfaro.
El financiamiento para la doble vía fue aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en septiembre de 2017 pero el Estado tuvo que solicitar dos ampliaciones de plazo para la firma del contrato debido a la falta de contraparte local.
El costo del proyecto es de $us 74,2 millones, de los cuales el Tesoro General del Estado debe aportar $us 10,5 millones y la Gobernación, $us 8,6 millones.
