Maestros y padres de familia ratifican su rechazo a modelo del Gobierno para la educación virtual

El magisterio Urbano y Rural de Chuquisaca y la Junta Educativa de Padres y Madres de Familia del Municipio de Sucre, emitieron este martes un pronunciamiento con relación a la implementación de las clases virtuales que pretenden dar continuidad a la gestión escolar en 2020. 

El documento califica de “arbitraria y unilateral” la determinación emanada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, al asegurar que la misma no se acomoda a la realidad de los estudiantes ni a la de los padres de familia, por lo que solicitan a la autoridad trabajar sobre una propuesta (curricula de contingencia) que los maestros tienen preparada.

“Nosotros tenemos una propuesta para que el año escolar pueda continuar luego de la pandemia, y mañana (por este miércoles) la vamos a presentar ante la población. Lo que pedimos es trabajar sobre la base de ese proyecto y que las clase virtuales sean un complemento”, afirmó el representante de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, Rodrigo Echalar.

Añadió que sus colegas supuestamente son presionados por las autoridades de educación para aplicar las clases virtuales y que muchas unidades educativas ya vienen trabajando con esta nueva modalidad de manera "clandestina". “Inclusive ya se han tomado evaluaciones, sobre todo en colegios particulares”, afirmó. 

Sobre la misma línea, el primer punto del documento emitido por el denominado Comité de Defensa de la Educación de Chuquisaca señala que “rechazamos el actuar arbitrario del Ministerio de Educación que ha emitido un decreto de forma unilateral a espaldas de los actores fundamentales de la educación y pisotea los principios de la educación única, científica, fiscal y gratuita”.

En el pronunciamiento, los encargados de impartir educación descargan su disconformidad, detallando los aspectos negativos de esta propuesta.

Afirman que el Decreto liquida el principio de la educación única, dirigida y financiada por el Estado y apunta a la municipalización de la educación; que el Estado evade su obligación de elaborar una propuesta curricular a nivel nacional para todas las unidades educativas del país y transfiere esta tarea a las unidades educativas, condenando a la educación al caos, ya que cada unidad educativa podrá asumir la modalidad o modalidades que mejor le parezcan.

También consideran que se potencia la tendencia a la privatización de la educación, ya que el decreto exige que cada unidad educativa debe contar con su propia plataforma educativa, lo que obligaría a los maestros y padres de familia a correr con el costo de la misma, además de que los padres de familia deben cargar con el gasto por internet y la adquisición de computadoras y celulares inteligentes.

Con este panorama, maestros y padres de familia ratifican su estado de emergencia y no descartan asumir medidas de presión en caso de que el Gobierno no busque consensuar esta nueva modalidad de enseñanza.

En Bolivia, las clases fueron suspendidas desde el 12 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

“Ratificamos nuestra exigencia al gobierno de que deje de hacer engordar a las empresas telefónicas transnacionales y dote de internet gratuito a todas las familias bolivianas y de computadoras para los estudiantes.

Rechazamos la política neoliberal de congelar el presupuesto educativo que está planteado en la disposición final del mencionado Decreto Supremo. El Gobierno pretende impulsar varias modalidades educativas sin invertir un centavo. Ratificamos nuestros pedidos de mayor presupuesto para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos, asimismo, exigimos que el presupuesto destinado a la educación a nivel departamental y municipal sea ejecutado en coordinación con los actores fundamentales de la educación de acuerdo a las necesidades de la educación creadas por la pandemia y no se destine a otros rubros. 

Rechazamos las declaraciones irresponsables y mentirosas del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que pretende confundir a la opinión pública, afirmando que habría consensuado este Decreto Supremo en un claro afán de confrontar a padres y maestros. Este nefasto personaje, que en su época fungió de Felipillo de Gonzalo Sánchez de Lozada, continúa con su intención de privatizar la educación y de actuar unilateralmente por lo que exigimos su renuncia inmediata. 

Ratificamos nuestra propuesta educativa para enfrentar la crisis educativa que consiste en la aplicación de un currículo de contingencia, seleccionando los contenidos fundamentales para que los estudiantes cuenten con los conocimientos necesarios para el siguiente grado. Este currículo debe ser aplicado cuando la pandemia haya sido superada y existan las condiciones de bioseguridad para la reanudación de las actividades escolares”, indican los sectores en estado de emergencia.