Un documento firmado en 2005 por autoridades locales de entonces sirvió para que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) justifique la decisión de negar la Acción de Libertad para que la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) deje de pagar una deuda ya condonada.
Se trata del “Acta de reunión de la Mesa 2 de la Comisión de Servicios Básicos” del 12 de mayo de 2005, en el que entre otros temas, se establece una “fusión de los créditos del PSI y PSII en un solo plan pagos con la ampliación del plazo hasta 70 años.
Entre los firmantes de ese documento se encuentran autoridades de entonces como la alcaldesa Aydeé Nava; el presidente del Comité Cívico, Gastón Betanzos; la diputada Lourdes Millares; el presidente del directorio de Elapas, Pastor Sainz; el gerente general de Elapas, Hebert Terrazas; el representante de la Alcaldía Carlos Miranda; el consejero departamental Juan Michel; y el presidente de las juntas vecinales, Oscar Arciénega.
Con ello, Sucre “aceptó” seguir cancelando al Estado una deuda que ya fue condonada por la cooperación alemana en 2002.
Según la información proporcionada por Elapas, el pago por año se aproxima a los 7,5 millones de bolivianos y debe hacerlo hasta el 2074. Hasta la fecha, el monto ya cancelado ascendería a los 140 millones de bolivianos.
No obstante, tras el rechazo a la Acción Popular, el diputado Horacio Poppe anunció en Correo del Sur Radio FM 90.1 que el siguiente paso es que la máxima autoridad del municipio de Sucre impugne la reprogramación, para lo cual llamó a unirse a todas las partes involucradas.
Elapas también analiza los siguientes pasos legales con la finalidad de dejar de pagar esta deuda e invertir ese dinero en proyectos de ampliación del abastecimiento de agua en la ciudad, según adelantó su asesor jurídico, Arturo Aliaga.
