Gobierno decreta diferimiento de deuda de Elapas por seis años
La Cámara Baja no trató la ley de condonación de la millonaria deuda en la sesión de ayer
El Legislativo volvió a dejar sin tratamiento la ley de condonación de la deuda de Elapas, mientras el Gobierno sorprendió con un decreto que difiere por seis años el pago del préstamo. Ambas situaciones irritaron los ánimos de la Fedjuve, que ve una burla y alista medidas, mientras Codeinca denunció que se pretende hacer campaña con un asunto tan delicado y prepara un cabildo para fijar postura definitiva.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, llegó ayer a la capital para anunciar en conferencia de prensa la aprobación del Decreto Supremo 4479 que permitirá el diferimiento del pago de la deuda de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) por el lapso de hasta seis años, tiempo en el que se espera que se concluya los demás proyectos de agua Sucre III y Sucre IV ejecutados por el Estado para las zonas altas de Sucre.
La norma también abarca a la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) de Potosí.
De acuerdo a la breve explicación de la autoridad, el decreto tiene el objeto de “diferir de manera excepcional y única el pago de las cuotas que tiene Elapas con el Gobierno nacional”, algo para lo que la empresa local deberá cumplir ciertas condiciones.
Por ejemplo, citó la suscripción de un convenio para la ejecución de un “programa de desempeño institucional financiero”, que buscará la sostenibilidad de Elapas y permitirá a la empresa destinar los recursos “libres” a la inversión en proyectos de redes, saneamiento y agua potable.
Asimismo, el Gobierno y Elapas deberán firmar “adendas al convenio subsidiario” en junio y diciembre de cada año, cuando la empresa local debe cancelar las cuotas de la deuda que tiene con el Estado.
Señaló además que luego de estos seis años, Elapas continuará pagando su deuda con el Gobierno nacional, porque la reinversión de los recursos y la conclusión de los proyectos anunciados, “van a permitir a la empresa seguir honrando este endeudamiento”.
Tras su discurso, Montenegro abandonó el Salón Rojo de la Gobernación, dejando sin respuesta preguntas complementarias de los periodistas que cubrieron su conferencia de prensa. Pasó cuando funcionarios del Gobierno departamental cerraron abruptamente el acto.
“Es una burla”
La respuesta de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Chuquisaca no se dejó esperar y su ejecutivo, Darío Espinoza, calificó el decreto como “una burla” del Gobierno de turno para con Chuquisaca, pero especialmente con Sucre.
“Es una burla que está haciendo el presidente al sacar ese pronunciamiento que desde hace un rato estoy viendo en las redes sociales. No, no estamos de acuerdo y por eso ya tomamos la decisión de reunirnos el día sábado para consensuar las próximas medidas con los vecinos de los barrios”, afirmó.
En esta jornada, la dirigencia de la Fedjuve se reunirá y definirá los últimos detalles de la reunión de mañana, sábado, en la que se determinarán medidas futuras en el tema Elapas.
“Tinte político”
Sobre la misma línea, Roger Amador, presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) fue contundente al hacer conocer su desacuerdo con este nuevo decreto y el diferimiento de la deuda, porque solo es “prolongar la agonía” de la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
“Eso lo han dicho claramente los ministros, que luego de seis años, según ellos, vamos a estar bien como Elapas y vamos a poder pagar nuestra deuda, la cual es una gran mentira. Lo que nosotros pedimos y lo que Sucre quiere es no pagar la deuda, pagarla pero para nosotros”, afirmó.
También advirtió que el decreto tiene “tinte político” y pretende favorecer al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan Carlos León, en las segunda vuelta por la Gobernación, por lo que anunció que el ente cívico está trabajando en la realización de un cabildo para la próxima semana, instancia en la que se puede decidir muchas cosas, ya que “todo lo que se define en un cabildo tiene rango de ley”, remarcó.
“No podemos permitir que los ministros, para recabar votos, vengan a molestar la inteligencia de los sucrenses y chuquisaqueños”, sentenció Amador.
La nota completa está disponible en nuestra edición empresa.