La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) destacó la decisión de la Procuraduría General del Estado de intervenir en el proceso de un supuesto maquillaje de estados financieros que habría provocado un presunto daño económico a la empresa, pero pidió que este caso sea manejado en los términos estrictamente jurídicos, evitando la mediatización, pues esto deteriora su imagen institucional y de marca.
Esta semana, la Procuraduría informó de su decisión de intervenir en el proceso penal sobre un supuesto maquillaje de los informes de auditoría en la gestión 2015-2016 y de presunta corrupción, denunciados por la exasambleísta Hilda Saavedra y que a un año y tres meses no tienen resultados.
El presidente del Directorio de Fancesa, Armin Cortez, dijo que es correcto que la Procuraduría intervenga en este y otros procesos judiciales en defensa de los intereses del Estado, pero sugirió que se lo haga sobre la base de una coordinación institucional para conseguir resultados en las instancias judiciales y no necesariamente en los medios de comunicación.
En su criterio, esto último puede generar “nefastas consecuencias” a la cementera chuquisaqueña y a sus subsidiarias.
“Estos elementos, más allá de coadyuvar a la empresa, perjudican. Por eso recalco que los actores políticos, incluso institucionales que quieran pronunciarse sobre Fancesa, con carácter previo se interioricen de estos elementos y no generen este tipo de situaciones; no niego la participación e importancia de la Procuraduría, pero debería haber un proceso de acercamiento institucional para generar estos procesos, incluso de forma conjunta y no unilateral”, enfatizó Cortez.
No negó la existencia de denuncias de parte de algunos actores políticos y tampoco las presentadas por Issa Concretec en Santa Cruz contra anteriores gerentes y directores, pero recalcó que esos casos deberían ventilarse en un ámbito estrictamente jurídico.
TENEDORES DE BONOS
Cortez indicó que tras la decisión hecha pública por la Procuraduría, los tenedores de bonos, a quienes Fancesa debe un monto considerable de dinero, solicitaron un informe y una explicación sobre este tema; para la quinta emisión de bonos hicieron conocer que se deben analizar, con carácter previo, estos elementos.
Concretec estaba tramitando la posibilidad de titularizar su deuda en el proyecto de 50 millones de dólares que tiene con el Gobierno Municipal de Santa Cruz, pero, por esta decisión de la Procuraduría, el banco con el que se estaba negociando la titularización de un porcentaje de $us 9 millones de deuda manifestó que mientras no se resuelvan estos elementos, se separa del trámite y la opción de generar un crédito, explicó Cortez.
La nota completa está disponible en la edición impresa.
