Desde la CPE hasta 5 reglamentos, las vulneraciones en el caso Remdesivir
La investigación ordenaba en octubre del año pasado que la médica residente devuelva en 10 días las ampollas del antiviral. Eso no pasó
La Constitución Política del Estado (CPE), una ley y al menos cinco reglamentos fueron vulnerados en el caso Remdesivir, por el que resultó afectado el hospital Santa Bárbara. Allí, en junio del año pasado, 24 ampollas del antiviral prescritas dolosamente desaparecieron como por arte de magia.
El caso se refiere a la “prescripción, dispensación, recojo y NO USO” del fármaco, según informes de investigaciones en ese nosocomio de la capital y las conclusiones de una Auditoría Médica Integral Interna.
Todo apunta a una médica residente de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, procesada e inculpada tras recogerse testimonios del personal del Santa Bárbara y, más recientemente, suspendida de la Residencia.
Además, la profesional enfrenta al menos dos denuncias –una en fase de apelación– en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por la presunta comisión de delitos. Ella, en todo momento, alegó su inocencia en este caso.
De acuerdo con documentos a los que accedió CORREO DEL SUR, la médica habría retirado las ampollas haciendo uso del sello del Jefe de Terapia Intensiva Polivalente, entre el 1 y el 4 de junio de 2021, cuando el galeno no estaba de turno.
Alguien, se presume que ella misma, falsificó la firma del jefe de terapia para lograr su cometido. Farmacéuticas del Santa Bárbara aseguran que le entregaron el remdesivir a la residente, pero esta jura, según su testificación en la Auditoría Médica, que dejó las dosis en Internación de la UTI. Allí no llegaron, aseguran las enfermeras.
Finalmente, las ampollas nunca fueron aplicadas a tres pacientes a los que supuestamente iban dirigidas y, para rematar, estos enfermos por covid-19 estaban intubados (fase crítica) y no requerían el tratamiento con remdesivir.
Este diario destapó el caso hace dos semanas, sobre la base de indicios que se fueron confirmando con el paso de los días, en voz de autoridades del hospital y del Servicio Departamental de Salud (Sedes).
Inicialmente se sabía de una denuncia por falsedad y uso de instrumento falsificado. Luego se supo de una segunda por hurto, rechazada y en fase de apelación.
CONCLUSIONES
La enmienda al informe complementario de Auditoría Médica Integral Interna, remitida al doctor Sandro Gareca –hoy director del hospital– en octubre del año pasado, establece recomendaciones específicas para que la responsable de las irregularidades, la médica residente, devuelva el medicamento. Otorga plazos fatales que a la fecha no se cumplieron.
Gareca era entonces presidente del Comité Docente Asistencial del Santa Bárbara.
“SE ESTABLECE: -Remitir el caso al Departamento de Enseñanza e Investigación (DEI) para la emisión de sanción (es) de acuerdo a reglamento de residencia médica y se inicien las acciones legales correspondientes”, dice la primera conclusión del documento.
La siguiente ordena la “-Devolución de las 23 (son 24, en realidad) unidades del medicamento Remdesivir de 100 mg a la unidad hospitalaria parte de la residente K. M.”. Instruye “- Hacer conocer el referido informe a la Unidad de Terapia Intensiva para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, la involucrada proceda a la devolución del medicamento al servicio de farmacia de la unidad hospitalaria, antecedentes que serán remitidos a las instancias competentes (Sedes/Ministerio de Salud y Deportes) para el inicio de acciones legales que corresponda”.
Finalmente, agrega: “-Dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de auditoría médica integral interna en un tiempo no mayor a diez días hábiles”.
El informe remitido al doctor Gareca lleva la firma de la doctora Sonia Polo, entonces jefa del departamento de Gestión de Calidad del hospital Santa Bárbara.
Entre enero y mayo de 2010, Polo, nacida en Sucre, fue Ministra de Salud. Corría la segunda gestión de gobierno del expresidente Evo Morales.
VULNERACIONES
De acuerdo con el documento al que accedió este periódico, en este caso se vulneró el artículo 18 de la CPE (“I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”).
También la Ley del Ejercicio Profesional Médico, el Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica, el Reglamento General de Hospitales, el Reglamento Interno de Responsabilidad de la Función Pública y el Reglamento Interno Institucional del hospital Santa Bárbara.
La Fiscalía Departamental investiga la presunta comisión de delitos.