Fancesa: “Estamos en franca recuperación”, asegura Ríos

El presidente del directorio de Fancesa, José Luis Ríos, aseguró ayer que Fancesa se encuentra “en franca recuperación”, luego de que se filtrara una carta de la empresa, en la que dos de sus ejecutivos afirman que la situación de la cementera es “delicada” y que esta, incluso, reporta “iliquidez”. El síndico de la Gobernación, Adolfo Martínez, sin embargo, calificó como “complicada” la situación financiera de firma chuquisaqueña. 

¿Cuál es la situación financiera de la empresa? “Está en franca recuperación”, respondió Ríos, y agregó que, según sus proyecciones, la cementera tendrá en orden sus cuentas entre agosto y octubre. “Estimo que, entre agosto y octubre, vamos a tener ya nuestras cuentas al día y (vamos) tener solucionado nuestro flujo económico”, pronosticó.

Agregó que la carta que se filtró no refleja la realidad de la empresa. “Me voy a reunir con el gerente administrativo, para que me explique los motivos de esa nota”, explicó.

¿Hay o no iliquidez Fancesa? “Tenemos liquidez para nuestros gastos de funcionamiento”, respondió el presidente de la empresa, y agregó que, con relación al pago de los dividendos a las copropietarias, estas acordaron que se cancelarán, según un cronograma de pagos ya establecido.

Martínez, sin embargo, calificó la situación de la empresa como “complicada”. 

“Es complicada. Y (el problema) no es de ahora. Desde 2015 que la situación de Fancesa, económica y laboral, es bien complicada”, dijo el síndico jurídico de la Gobernación.

Agregó que, actualmente, vienen operando solo uno de los tres hornos de Fancesa y únicamente al 50 por ciento de su capacidad. “Estamos esperando el informe de auditoría para ver por qué han dejado de hacer funcionar esos dos hornos”, señaló, y reveló que la empresa aún debe 1,2 millones por el montaje de la nueva línea de producción.

Por otro lado, dijo que hay empleados que perciben hasta 60.000 bolivianos y personal supernumerario. “Pagamos 5 millones de bolivianos a la Caja”, dijo para graficar la carga salarial.

¿Hay iliquidez? “No tanto, pero no tenemos para pagar dividendos, que no es de ahora. Hace tres años que no se pagan dividendos a las tres copropietarias. Habrá que preguntar por qué no se paga”, respondió Martínez.

“Lamentablemente, donde ha estado el MAS, siempre ha habido algo oscuro, algo sucio, que estamos descubriendo”, lamentó.

Ríos, no obstante, con relación a los hornos, dijo que la nueva línea de producción viene produciendo 2.100 toneladas de clínker, lo que demanda actualmente el mercado. “Nuestra demanda, en el mercado, no supera este límite. Por lo tanto, no se justifica producir en mayor cantidad (...). Podemos producir 4.000 toneladas por día, pero ¿dónde vendemos? Ese es el reto”, explicó. 

VOTO DE CENSURA

El pleno de Asamblea Legislativa Departamental, controlada por el MAS, aprobó ayer por unanimidad un voto de censura contra los directores y síndicos de la Gobernación por no someterse a una interpelación. Eso significa, según el reglamento del ente deliberante departamental, que el gobernador Damián Condori deberá removerlos del directorio de Fancesa.

Los directores y síndicos se presentaron ayer ante el pleno para responder al pliego interpelatorio, pero, antes de ello, señalaron que no correspondía someterse a una interpelación, al no ser funcionarios públicos, considerando que Fancesa es una empresa privada. 

“Ese argumento no es cierto, dijo el asambleísta Luis Ayllón, que añadió que “ellos nunca objetaron” la interpelación, cuando respondieron a las peticiones de informe escrito. “Se han negado a dar el informe dentro del paraguas de la interpelación, y el pleno ha determinado dar el voto de censura (...), Ello conlleva destitución del cargo”, agregó.

“La interpelación no llegaría a nosotros, porque no estamos en calidad de servidores públicos (...). Nosotros hemos querido transparentar, pero ellos no han querido, se han cerrado en el concepto de querer interpelarnos”, replicó, por su lado, Martínez.

CENSURA

El pleno de la Asamblea aprobó ayer un voto de censura contra los directores y síndicos de la Gobernación por no someterse a una interpelación, lo que significa que deberán ser removidos, según su reglamento.