Piden “investigación seria” en cobro por fallo en TCP

Las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son generalmente responsabilidad del magistrado relator y de cada despacho o sala, indicó ayer el extribuno Marco Antonio Baldivieso, quien recomendó una “investigación seria” en el caso del funcionario sorprendido infraganti cuando pretendía cobrar 1.000 dólares por un fallo. La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Padilla, exhortó a sus colegas a denunciar estos hechos de corrupción.

Estas reacciones surgieron un día después de que el TCP echara al funcionario imputado por negociar con una sentencia y que el presidente de esa institución, Paul Franco, anunciara que se constituirá en querellante dentro del proceso penal. También instruyó a la Unidad de Transparencia abrir una investigación interna.

“Esto no se soluciona con echarle o botarle al funcionario, hay que investigar. No creo que este funcionario esté realizando acciones por su cuenta; puede ser, pero un funcionario de ese nivel no tiene potestad para cambiar u ofrecer resultados de una sentencia”, dijo Baldivieso.

Por su parte, Padilla convocó a sus colegas a denunciar los actos de corrupción en todas las instancias. Ella sospecha que el funcionario acusado aprovechó que tuvo acceso a una sentencia resuelta para “engatusar a sus víctimas”, pero duda de que esté implicado algún magistrado por el monto de la negociación.

INFORMES SOBRE FALLOS

Franco, en entrevista con radio La Plata, reveló que el ahora exfuncionario trabajaba en una instancia en la que se elaboran informes de sentencias y que, según la imputación, pretendía cobrar por hacer un informe positivo y con este buscaba gestionar que el fallo saliera a favor de quienes trataba de obtener el dinero.

Sobre esta sentencia, Franco dijo que estaba con plazo suspendido y que la resolución final tiene que estar firmada por los nueve magistrados porque se trata de una demanda dentro de un proceso por tierras.