Chuquisaca: Una obra millonaria de la era Urquizu no funciona hasta ahora

Una obra que le costó más de 20 millones de bolivianos a la Gobernación de Chuquisaca se encuentra sin uso desde que fue concluida en 2016, a causa de su deterioro y presunta construcción irregular en la comunidad de Potolo de Sucre, por lo que la Asamblea Legislativa Departamental prepara una denuncia penal y civil contra los responsables.

Se trata de un caso de “corrupción que involucra a altas exautoridades, que no puede quedar en el olvido ni en la impunidad”, denunció ayer el asambleísta opositor Luis Ayllón (CST). 

Según el legislador, la entonces administración del exgobernador Esteban Urquizu adjudicó la construcción de la obra en 2013 –un sistema de riego para la comunidad de Potolo–, la misma que debió estar concluida en 2015. Sin embargo, recién fue entregado en 2016, cuando tuvo lugar la recepción provisional.

La infraestructura, sin embargo, “nunca llegó a funcionar”. “Ya han pasado seis años y esta obra está destruida, porque nunca llegó a funcionar. Se llenó de sedimentos y de escombros, que han dañado y afectado a la infraestructura. Por tanto, 20 millones, prácticamente, quedaron en la nada”, denunció Ayllón.

El asambleísta responsabilizó al exgobernador Urquizu y al actual viceministro de Aguas, Carmelo Valda, entre otros exfuncionarios. En ese marco, dijo que impulsará una demanda no solo penal, sino una “acción de repetición” para que tanto Urquizu como los que resulten responsables “devuelvan el dinero” que costó la obra, que calificó como un “elefante blanco”.

Consultado, Valda rechazó las acusaciones de Ayllón y aclaró que él ocupó la oficina a cargo en 2017, cuando la obra ya estaba ejecutada, por lo que deslindó responsabilidad alguna. “Yo no he tenido ninguna participación en el proceso de elaboración del estudio y ejecución del proyecto”, indicó, al señalar que, cuando conoció el estado de la obra, elaboró los informes y las auditorías respectivas, lo que derivó en que el caso pasara a manos de la Fiscalía y la Contraloría. Agregó que serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades.

Urquizu no se pronunció ayer sobre este caso.